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El gobierno francés asumió como propia la estrategia de Suez ante la anulación del contrato de Aguas Argentinas. El Ministerio de Relaciones Exteriores reclamó que las “instancias de arbitraje internacional desempeñen plenamente su función”. La compañía se juega a conseguir una indemnización millonaria, de 1700 millones de dólares, a través del Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. Ese reclamo es por la devaluación y pesificación de las tarifas del 2002, pero le podría sumar otro por la caída de la concesión. El fuerte apoyo político a Suez vuelve a tensar la relación con la Argentina. Néstor Kirchner respondió ayer que “durante 15 años se llevaron cientos de millones de ganancias y los argentinos tenemos que rogar para que nos den una gota de agua”.
La reacción desde Francia por la rescisión del contrato no se hizo esperar. Es todo un dato que haya sido el gobierno de ese país el que respondió primero. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jean-Baptiste Mattéi, dijo que “desde luego deseamos que la seguridad jurídica de las inversiones francesas en el extranjero sea garantizada, y que las instancias de arbitraje internacional puedan desempeñar plenamente su función”. En la década del 90, la Argentina aceptó al Ciadi como tribunal arbitral para dirimir conflictos con las privatizadas. Allí acudió Suez luego de la devaluación y allí iría nuevamente para exigir una reparación económica por su expulsión de la explotación del servicio.
La razón principal por la cual Suez no pudo vender Aguas Argentinas a otra compañía fue porque se opuso tenazmente a bajar su demanda ante el Ciadi. La empresa estima que por esa vía tiene mayores posibilidades de hacerse de una fuerte cantidad de dinero, mucho más de lo que hubiera obtenido con la transferencia a otro operador. El gobierno francés también exhortó al argentino a adoptar “las medidas adecuadas” para que Suez “pueda terminar sus actividades en condiciones satisfactorias”.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los dos decretos que terminaron con la explotación de Aguas Argentinas y crearon Aguas y Saneamiento Argentino (AYSA). Allí deja sentado que la culpa por la anulación del contrato fue del concesionario. “El poder concedente estima que el incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias a los usuarios que se ve obligado a rescindir el contrato de concesión por culpa del concesionario”, asegura. Esta postura rechaza cualquier reclamo ante el Ciadi o la Justicia local.
Julio De Vido advirtió que “el Estado nacional va a contrademandar a la empresa por la denuncia que presente en la Justicia”. El ministro también reiteró que AYSA no aplicará aumento de tarifas y defendió la reestatización. La encargada de comunicación de Suez, Eleine Engieger, remarcó que “el proceso ante el Ciadi sigue su curso, no veo por qué eso debería cambiar. Pretendemos recuperar nuestra inversión”.
En cuanto a la creación de AYSA, el decreto de necesidad y urgencia 304 –que fue enviado al Congreso para pedir su ratificación– establece que la firma tendrá “un capital inicial” de 150 millones de pesos. Su directorio estará compuesto por cinco integrantes fijos y cuatro suplentes. El único designado hasta el momento es su presidente, Carlos Ben. Este abogado platense, ex menemista, es socio político de José Luis Lingeri, el secretario general del gremio Obras Sanitarias y número dos de la CGT.
Ben, curiosamente, era hasta ahora director adjunto de Aguas Argentinas por Suez. Es decir, representaba a la empresa denostada por el Gobierno. El funcionario se negó a hablar ayer de la responsabilidad de sus antiguos patrones por la contaminación que determinó la anulación del contrato y dijo que la empresa “hizo algunas cosas bien y otras mal”.
Lingeri, por su parte, defendió la designación de Ben. Dijo que “es la persona idónea” para el puesto y aclaró que en Aguas Argentinas “no manejaba la empresa ni tomaba decisiones”. Sin embargo, era uno de los tres vicepresidentes y tuvo una larga y ascendente trayectoria con Suez. También fue un defensor de la privatización, como Lingeri. Sobre este punto, Ben dijo que “en ese momento fue un remedio, al cual se apeló parasalir de una situación” de parálisis, porque “no había posibilidad de financiamiento ni de obras”.
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