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Mientras a nivel político el traspaso del control del tráfico aéreo se mantiene bajo el más cerrado de los silencios, por lo bajo, los algo más de 600 controladores que pertenecen al ámbito militar reciben sanciones desde que la película Fuerza Aérea S.A., de Enrique Piñeyro, comenzó a ser proyectada hace poco menos de un mes. “Cuestiones como el nudo de la corbata mal hecho, el pelo largo o que no le gusta la cara que puso son suficiente argumento para meterles días de arresto a los que están bajo la órbita militar”, confió un controlador aéreo a Página/12. Entretanto, se debaten cómo se desarrollarán las etapas del traspaso. Del lado de los técnicos y profesionales del área, el reclamo de celeridad al Gobierno tiene un solo punto: “En lo inmediato, que se intervenga el Comando de Regiones Aéreas y que ya se designe una cabeza civil”, sostiene César Salas, titular de la Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo (ACTA).
“La Secretaría (de Transporte) está trabajando en el tema, pero tiene una pata muy caliente –describió Salas–. El traspaso no va a ser sencillo, nosotros creemos que debería llevar un año, pero en lo inmediato pedimos que el CRA, el Comando de Regiones Aéreas, sea intervenido y que el Gobierno ponga una cabeza civil. Lo que queremos es que se desmilitarice”.
La urgencia, sostienen los controladores, tiene que ver con lo que consideran “una necesidad imperiosa de seguridad en los vuelos civiles y comerciales”.
El estado de situación a la hora del traspaso incluye a unos 900 controladores, de los cuales alrededor del 30 por ciento es civil y el 70 por ciento militar. Hasta la década de los ’90, los operadores podían elegir mantenerse como civiles tras su preparación, pero a partir de los ’90 para ser controlador obligadamente había que seguir la carrera militar. “La mayor parte de nosotros no quiere ser militar, pero está obligado porque los controladores sólo pueden ser militares”, aseguró Salas. La formación de controladores se realiza en el centro de estudios CIPE, dependiente de la Fuerza Aérea. Los controladores reclaman que ese centro pase a depender de un área civil. También sostienen que la autoridad de aplicación debe ser del rango de una secretaría autónoma. “Hace falta reinvertir en equipos y en sueldos”, sostuvo Salas.
Ayer, los representantes de ACTA debatían su suerte que, en estos días, parece atravesada por sanciones, según denuncian los controladores. “Desde que se proyectó la película de Piñeyro nos están persiguiendo y apretando con sanciones disciplinarias –aseguró Salas–. A los que son controladores militares les aplican arrestos porque fueron sin corbata o porque tienen el pelo largo”. Con el fin de denunciar los aprietes, ACTA convocó a una conferencia de prensa para mañana a las 11. Hoy, los pilotos de APLA, en solidaridad con la medida, realizarán una asamblea y posterior conferencia, a las 18.30.
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