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Con la idea de que la desaparición del sobreviviente Julio López no siente un precedente y desaliente a futuros testigos en juicios de derechos humanos, el gobernador bonaerense Felipe Solá anunció la creación de un “programa de vigilancia y atención de testigos en grado de exposición”. La iniciativa beneficiará a los que declaren en causas en las que estén imputados policías o militares que hayan estado involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El programa complementará un plan que ya existe a nivel nacional, para lo que el ministro de Seguridad, León Arslanian, firmó un convenio con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Arslanian sostuvo que el programa tiene como objetivo que “la gente no se atemorice y no entre en terror”, ya que “puede haber testigos que se resistan” luego de la desaparición de López.
La gestión de Solá impulsó el programa “en total coincidencia con el gobierno nacional en la plena vigencia de los derechos humanos y en la persecución penal de quienes los violaron”. Según los fundamentos del programa, el objetivo será “limitar la exposición de testigos que en razón de la importancia de sus declaraciones puedan encontrarse en situación de peligro”, producto de su declaración contra represores de los grupos de tarea de la última dictadura. Tendrá como destinatarios a los “testigos de causas federales” y para ingresar al programa deberá existir el consentimiento del testigo y del fiscal o tribunal que instruye la causa.
El programa proporcionará “a cada testigo un dispositivo de seguimiento informático que suministre en forma continua su georreferencia (con 10 metros de margen) con alerta de pánico y un teléfono celular que le permita la comunicación de 24 horas con un Centro de Monitoreo”. También asesorará a los testigos sobre las condiciones de seguridad que deben adoptar en los casos en que puedan correr peligro. Según dispuso Solá, la Policía de Seguridad de Custodia de Personas será la encargada de implementar el programa y atender las emergencias. El programa, que apunta al posible accionar de la mano de obra desocupada, será financiado por los gobiernos nacional y provincial.
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