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JORGE CAPITANICH
Al hablar del proyecto de Ley de Hidrocarburos, ya aprobado por Diputados, el senador Jorge Capitanich no tiene dudas sobre los beneficios de la iniciativa. En diálogo con este diario destacó que el régimen de incentivos a las empresas petroleras no es un subsidio. Resaltó que esto permite aumentar los activos del Estado ya que promueve la inversión en cuencas que hoy no tienen explotación.
–¿Qué destaca del proyecto?
–El régimen de promoción tiene como ámbito de aplicación las provincias argentinas y la plataforma continental. Básicamente sobre las áreas otorgadas. Allí se destacan tres aspectos. Primero la asociación estratégica con Enarsa en las cuencas sin producción, así como un régimen de promoción equivalente a la amortizacíon acelerada para el impuesto a las ganancias y la devolución del impuesto al valor agregado. También figura como incentivo el cómputo de la base imponible mínima presunta. El único costo fiscal determinado es la importación de insumos vinculados al proceso de exploración y explotación.
–¿Qué resultados se espera que produzcan estos incentivos?
–Como país tenemos la necesidad de aumentar el volumen de reservas. Estas aumentan en tanto y en cuanto aumenta la exploración. Sin exploración no hay explotación. En términos estratégicos el peor costo fiscal es no tener petróleo o no incrementar las reservas.
–A partir de la privatización de YPF no hubo mayor exploración. ¿Por qué ahora sería distinto?
–Los incentivos a un proceso de exploración y explotación son importantes a la hora de maximizar el ingreso de divisas para el país. Eso es lo que hoy nos permite tener congelado el precio del combustible en nuestro país. Se tiene un volumen de exportación y también de retenciones. Esto genera precio fiscal y valor de referencia interno. Nosotros tenemos el precio del combustible en un promedio del 40 por ciento menos que en los restantes países del Mercosur. El régimen de incentivos implica la posibilidad de aumentar el volumen de reservas, aumentar el volumen de recaudación fiscal en el largo plazo y aumentar el volumen de disponibilidad de combustibles. Nosotros aumentamos las exportaciones de 25.600 millones de dólares en el 2002 a una proyección de 45 mil millones de dólares en este año y probablemente 53 mil millones de dólares en el 2007. De esta manera hemos incrementado el volumen de producto exportable y tenemos mejoramiento del precio del commodity en términos generales.
–En el debate de Diputados se señaló que se eliminaba el concurso público al incluir la figura de las uniones transitorias de empresas que se asociarían a Enarsa.
–La ley establece un cupo fiscal y también establece un mecanismo geográfico. La asignación de áreas es una incumbencia de las provincias en asociación con Enarsa. La competitividad en la oferta está garantizada. Los concursos públicos están contemplados en el artículo 3 de la ley y los llevarán adelante las provincias. Me parece importante destacar que no hay incrementos de activos si no se descubre petróleo. No puede haber explotación sin exploración. Y no puede haber exploración sin incentivos. Estratégicamente Enarsa tiende a capitalizarse a través de inversores de riesgo. Los socios estratégicos de Enarsa son Petrobras, PDVSA. Los incentivos potencian la capitalización del país. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Nacionalizar empresas? Para eso hay que tener una capacidad de generación de capital y adquisición de acciones en el mercado de capitales. Esa es una opción imposible, sería de un costo financiero enorme y creo que existen otras prioridades en el país hoy.
–¿Reivindica la privatización de YPF?
–Fue errónea desde el punto de vista estratégico. El insumo energético es vital para los procesos de desarrollo. Me parece que Enarsa es la recuperación estratégica para la consagración de un activo que hoy no tiene valor, pero que en este sistema de asociación e incentivos puede llegar a tenerlo.
–Hoy no hay más control sobre los niveles de explotación que la propia declaración jurada de las empresas. ¿Qué regulación habrá luego de la sanción de la ley?
–El artículo 22 de la ley plantea la creación de los datos de información. Los estados nacionales y provinciales que adhieran a la ley serán propietarios de los datos. Este es un tema importante.
ERNESTO SANZ
Para el senador radical Ernesto Sanz, la ley de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno está dirigido a las 19 empresas petroleras que actualmente tienen a su cargo las áreas concesionadas. En diálogo con Página/12, el titular de la bancada radical en la Cámara alta descree que los incentivos fiscales que se promueven en la ley generen mayor exploración. Es categórico: “El modelo seguirá siendo de pura extracción” del crudo.
–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de ley de Hidrocarburos?
–Creo que esta ley no va a cumplir con el declarado objetivo de promocionar la exploración y explotación de nuevas áreas petroleras. El proyecto está dirigido a las 19 empresas que hoy tienen a su cargo áreas concesionadas. Le recuerdo que de esas 19 empresas, 17 son extranjeras.
–¿Por qué sostiene que no habrá cambios en el sector?
–La estrategia de las empresas siempre ha sido la misma. Extraer y explotar la mayor cantidad posible de recursos. Desde 1989 a la fecha no hubo una eficaz tarea del Estado que las obligue a invertir en exploración. En segundo término le recuerdo que se acerca el vencimiento del plazo de las concesiones. Aunque eso ocurrirá en el 2017, estamos en la segunda mitad de los contratos. Las empresas sólo miran la extracción porque no garantizan su permanencia en el tiempo. El modelo ha sido y será de pura extracción.
–¿Reivindica la privatización de YPF?
–Evidentemente ha sido un error del que los responsables se tienen que hacer cargo políticamente. No lo pueden subsanar con el nacimiento y el protagonismo que se le quiere dar a Enarsa. Ni siquiera en esta ley se está fijando la participación mayoritaria de Enarsa en los proyectos de asociación que se formulen. La ausencia de YPF no se subsana.
–¿Es viable la nacionalización de las empresas que realizan la explotación petrolera?
–El gran debate en la Argentina no es el dominio sino quién se apropia de la renta petrolera. Me preocupa que el Estado no sea capaz de apropiarse de los dos tercios de la renta petrolera, como por ejemplo sí consigue México a pesar de tener gobiernos conservadores. En la actualidad, el Estado argentino llega a apropiarse de un tercio de la renta. Creemos que hay que definir el mapa petrolero de la Argentina. Debatir, por ejemplo, si las áreas de alto riesgo concesionadas tendrían que tener un régimen de promoción fiscal. Esto no tendríamos que necesitarlo si en los años ’90 el Estado hubiera cumplido con su tarea de fiscalización y contralor. Hoy, donde hay un alto riesgo, la promoción tiene que ser fuerte. Tendríamos que definir un régimen como el que tiene la minería, aunque claro que habría que marcar una clara diferencia con el cuidado ambiental. Donde la explotación no conlleva tanto riesgo y hay concesiones, tiene que haber una fuerte actividad del Estado en el contralor y regulación.
–¿Qué mecanismo de regulación establece el proyecto?
–Las concesiones que se otorgaron en los ’90 no se pueden modificar. El Estado tiene que hacer cumplir a las empresas concesionarias. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en lugar de perseguir a los panaderos con el precio mínimo del pan, tendría que poner la lupa sobre las empresas petroleras. Siempre será más rentable para el Estado hacer cumplir a las empresas.
–En Diputados, la oposición sostuvo que la presencia de Enarsa en las UTE que explotarán la plataforma submarina sería simbólica y que, por lo tanto, esto representa una entrega del recurso. ¿Coincide con esa opinión?
–Cuando se creó Enarsa, quedó establecido que la plataforma submarina le pertenece. La propiedad del 51 por ciento tiene que ser del Estado. Al margen de las diferentes herramientas fiscales que se empleen, lo cierto es que de nada sirve que se construya una política de exploración si las empresas mantienen la libre disponibilidad del crudo. Una política de formación de reservas de crudo significa que el Estado tiene que conservar esa disponibilidad. No creo que la ley sea una panacea. No ataca el problema de fondo: la concesión de los ’90. Los beneficiarios serán los mismos que tienen actualmente las concesiones y si el Estado no los obliga a explorar, seguirán haciéndolo en zonas de bajo riesgo, como hace Repsol en la actualidad.
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