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Las denuncias contra los talleres clandestinos que emplean mano de obra esclava fueron realizados por primera vez en octubre de 2005, a través de Página/12. Al igual que en este caso, la habían realizado costureros que trabajaron en esos talleres y lograron salir, pese al sistema de dependencia que habían creado los dueños de los talleres: las personas sometidas a extensos horarios de trabajo no pueden organizarse ni realizar denuncias ya que en la mayoría de los casos están indocumentados.
El primer caso que salió a la luz fue a partir de una denuncia realizada por la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, contra el dueño de dos talleres en el barrio de Flores, un empresario de nacionalidad boliviana que empleaba a compatriotas indocumentados. La investigación se basó en testimonios que recogió la cooperativa de costureros La Alameda.
La denuncia por el delito de “reducción a la servidumbre” cayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, quien primero ordenó la detención del empresario y su esposa, luego dispuso su sobreseimiento y finalmente se declaró incompetente en la causa. Ante la apelación de los denunciantes, la Cámara Federal le ordenó a Oyarbide que retome la causa y profundice la investigación.
Seis meses después, el incendio en el taller de la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron seis personas, entre ellas cuatro niños, volvió a poner el tema de la explotación de inmigrantes en el centro de la agenda. Fue recién entonces cuando el Estado comenzó a ocuparse del tema, realizando inspecciones y clausurando los talleres que trabajaban en forma ilegal. Y la de Oyarbide se convirtió en una megacausa a la que derivan todos esos casos, y en la cual no se ha avanzado nada.
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