El país|Miércoles, 24 de julio de 2002

Por Martín Granovsky

Antonio Domingo Bussi es un asesino. Carlos Menem no. Bussi fue un dictador mientras Menem era un perseguido político. Pero ambos quedarán unidos en algo: los dos le mintieron al Estado sobre su patrimonio. A Bussi, ocultar que tenía cuentas en Suiza le costó un cargo de diputado. En cuanto a Menem, el futuro está abierto. O cerrado.
Bussi, además de gobernador, fue diputado por primera vez en 1994. Cuando llegó a la cámara presentó una declaración de bienes. Como todos. En el texto no figuraba ninguna cuenta en el exterior. Recién saldría a la luz cuando el juez español Baltasar Garzón profundizó su investigación sobre los represores argentinos. Garzón averiguó que Bussi tenía cuentas en Suiza y pidió los números. Cuando la información trascendió en la Argentina, aquí se desató un escándalo que Bussi, adaptado a los tiempos, no resolvió asesinando sino con una maravillosa actuación ante cámaras. Dijo que no había mentido a los diputados. “Solo omití las cuentas”, explicó. Y luego, entre llanto, balbuceó que no sabía cómo llenar una declaración jurada.
En la declaración de 1994 solo figuraban un departamento valuado en 250 mil pesos, un auto y dinero por 100 mil pesos. Según el diputado radical Carlos Courel, que lo investigó junto con los socialistas Bravo y Jorge Rivas, el frepasista José Vitar y el peronista Jorge Busti, “Bussi también mintió al omitir que poseía en ese entonces otros tres departamentos, dos de ellos ubicados en la calle Juncal y el restante en Coronel Díaz, una casa situada en la calle Carlos Calvo y dos cocheras”. La conclusión de Courel fue que Bussi solo había declarado el 13 por ciento de sus bienes.
En 1999 parte de los tucumanos, los más sedientos de orden, volvió a elegirlo como su representante en la Cámara de Diputados. Pero la sociedad ya estaba advertida, y Simón Lázara y Alfredo Bravo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, recomendaron a los diputados no aceptar el diploma de Bussi. Argumentaron que Bussi no era idóneo por dos motivos:
- Había violado sistemáticamente los derechos humanos, y la Constitución reformada había incorporado en 1994 las convenciones internacionales sobre garantías de los ciudadanos en una categoría superior, incluso, a cualquier ley interna.
- Al omitir la declaración de bienes, le había mentido al mismo cuerpo al que pretendía volver a incorporarse.
En mayo del 2000, la sesión de los diputados para rechazar el diploma de Bussi fue conmovedora. La moción triunfó por 183 votos contra siete, incluido en ellos el voto en contra de Ricardo Bussi, hijo del general, y dos abstenciones del peronismo jujeño. Dos menemistas estuvieron ausentes: el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, y el actual ministro del Interior, Jorge Matzkin.
Bussi recurrió a la Justicia pero no tuvo suerte ni en la federal ni en la electoral. A principios de este mes, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral dijo que la banca del dictador ya estaba ocupada por el diputado bussista Roberto Lix Klett, y que no tenía sentido seguir dando vueltas con el diploma de Bussi.
Es fácil encontrar diferencias entre la historia de Bussi y la de Menem, pero es difícil hallar alguna diferencia entre ocultar una cuenta y ocultar otra cuenta. Entre esconder públicamente parte del patrimonio y esconder públicamente parte del patrimonio. Uno, Bussi, lloró. Otro, Menem, simplemente dijo en enero último (no hace diez años) que “es falso que tenga una cuenta en Suiza”, y esta semana amenazó con hacer juicio a The New York Times.
La palabra vale poco, en buena medida porque Menem hizo mucho por devaluarla, pero siempre hay una distinción entre sospechar que alguien miente y pescar al mentiroso in fraganti porque se pone nervioso como un chico y habla de más.

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