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La reforma previsional aprobada por el Congreso es una de las más relevantes de la actual gestión. Avanza sobre un régimen creado en 1994 para abultar beneficios de bancos-dueños de AFJP con el dinero de los trabajadores. Los cambios son muy importantes, como la opción de elegir entre los dos sistemas, el tope a las comisiones y, fundamentalmente, que los indecisos se quedan en el Estado. Esas modificaciones son sustanciales dentro de la lógica de un régimen privado de capitalización. No la cambia. No transforman un sistema que distorsionó el objetivo de la previsión. Las nuevas reglas de funcionamiento del sistema jubilatorio emprolijarán el engendro diseñado hace casi trece años, con aval y financiamiento del Banco Mundial.
Por ese motivo, cuando se plantea cuál de los dos regímenes –el de reparto o el privado– es más conveniente se repite el mismo dilema –sin respuesta– que cuando se lanzó el esquema en el ’94. Cualquiera que asegure la ventaja monetaria para el trabajador de un sistema sobre otro no está siendo honesto. En cambio, cuando se aborda la cuestión sobre cuál debería ser el objetivo de un sistema previsional la respuesta sí es contundente: si está en función de una lógica individual, financiera y especulativa, o si constituye una pacto de solidaridad intergeneracional –el trabajador aporta para hacer frente a las jubilaciones actuales– con el Estado como regulador de esa cohesión social.
Si los cambios que aprobó el Congreso van en dirección de consolidar esa segunda variante o si se trata de la cristalización del modelo de capitalización con un Estado subsidiario en los márgenes del mercado no rentable para el sector privado se verá con el tiempo. Mientras, el trabajador se enfrentará al interrogante sobre qué hacer. Y está en un problema.
¿Cómo decidir sin conocer todos los datos? Es un atrevimiento brindar una solución a un enigma de ese tipo. Sólo se pueden realizar aproximaciones elaborando supuestos que, como tales, son arbitrarios y de incierto cumplimiento. Los trabajadores tendrán que optar –reparto o capitalización individual– en un escenario donde predominan interrogantes que no tienen respuestas. De este modo, la elección se asumiría por simple corazonada, por cuestiones ideológicas o por promesas de haberes que recién al momento de la jubilación se sabrán si fueron correctas. Las AFJP aseguran que ofrecerán un haber superior al estatal. Seducen con diversas proyecciones que contienen supuestos varios. Por otro lado, quienes se inclinan hacia el reparto aseveran que esa opción tiene menos riesgos que la de capitalización. Lo cierto es que con ni en una ni otra alternativa se puede saber a priori cuál será la más conveniente monetariamente. La incertidumbre es el rasgo principal del régimen, que alteró el espíritu de previsión de un sistema jubilatorio por uno de imprevisión social.
En ese escenario, para calcular la jubilación futura son muchas más las variables que no se pueden determinar que las que se saben con exactitud. Los datos que se conocen son: sexo, edad, años ya aportados, estado civil, salario y comisiones actuales. No se saben: estado civil futuro, evolución salarial, promedio del salario de los últimos diez años, evolución de la inflación, comisiones futuras, rentabilidad de los fondos, tabla de mortalidad y tasa de ajuste de la renta vitalicia.
Es clave para quienes deciden quedarse en el sistema de reparto, y quieren estimar su haber, conocer cuál será el salario promedio de los últimos diez años antes del cese laboral. También resulta indispensable saber si en algunos de esos últimos diez años no se trabaja en alguno de ellos y, por lo tanto, no se realizan aportes. La inflación y la indexación del haber son incógnitas. El sistema privado también tiene lo suyo. Las variables que no tienen respuestas son varias y no hay manera de encontrar una forma de estimar con exactitud la jubilación futura, excepto con supuestos que intentan simular situaciones que ocurrirán dentro de muchos años. El afiliado sabe las comisiones que le cobran ahora pero no puede prever las futuras. Tampoco tiene posibilidades de estimar la evolución de sus fondos, ya que son una incógnita las (des)utilidades que conseguirán las Administradoras. Otro aspecto que no es menos importante que los anteriores se refiere a cuál será la tabla actuarial de mortalidad o sobrevida, que se elabora teniendo en cuenta la evolución demográfica, entre otros item. Esta información resulta indispensable, ya que las compañías de seguro se basan en esas tablas para entregar una renta vitalicia a cambio de los fondos que se acumularon a lo largo de la etapa activa en la cuenta de capitalización. Y, evidentemente, es un dato desconocido cuál será esa tabla al momento de la jubilación.
En definitiva, sin posibilidad de cuantificar con exactitud variables claves, la elección queda librada a la percepción que cada trabajador posea de su futuro y del país. Poca cosa si se trata de hacer esa proyección para dentro de 10, 20 o 30 años.
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