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La carrera de Guillermo Tiscornia es un constante intercambio de favores, desde que Carlos Menem (h.) detuvo el allanamiento a la concesionaria del importador ilegal de autos de lujo José Cacho Steimberg con una frase antológica: “¡Atrás, área presidencial!”. Steimberg intimó al padre de su socio: o lo sacaba de la cárcel o hablaba. Tiscornia, quien era secretario, redactó el fallo liberatorio en diciembre de 1993. En marzo de 1994 fue ascendido a juez.

En 1996, en represalia por las denuncias acerca de sus negocios con Alfredo Yabrán, Menem le prometió a Domingo Cavallo que él y los suyos se cansarían de recorrer los pasillos de tribunales. Tiscornia dispuso la espectacular detención del director de la Aduana, Gustavo Parino. La Cámara de Apelaciones destrozó su artificiosa aplicación de la doctrina alemana de la autoría mediata, nacionalizada en la condena contra Videla, Massera & Cía.: sólo era posible dentro de un aparato organizado de poder, pero no se aplicaba al caso de la Aduana. Los camaristas agregaron que Tiscornia “no señala ni hace una sola indicación de cuál sería el vínculo entre Parino y los miembros de la asociación a los que se atribuye la autoría directa de los hechos. En esas condiciones, la teoría del dominio funcional del hecho resulta un ejercicio intelectual abstracto”.

En el libro del periodista Sergio Ciancaglini La mafia del oro contada por Enrique Piana, el empresario afirma que un familiar de Tiscornia le pidió un millón de dólares para arreglar su situación judicial. Piana identificó al familiar ante el Consejo de la Magistratura como el abogado Agustín Tiscornia, padre del juez. Piana fue despegado por Tiscornia de la causa. Quería “cargarle el fardo a Cavallo”, concluyó Piana.

La entonces diputada Nilda Garré votó en 1998 el juicio político de Tiscornia y fue designada para acusarlo ante el Senado por 25 cargos referidos a su desempeño en tres causas: la mafia del oro, la aduana paralela y la evasión fiscal del matarife Alberto Samid. Tiscornia se amparó en la gratitud menemista. El Senado lo puso a salvo, por 38 a 16 votos, el 18 de setiembre de 2001, mientras el país y el mundo miraban otro canal. La acusación de Garré en aquel juicio político obligaba a Tiscornia a excusarse ahora en la causa por el presunto contrabando de piezas de fusil. Así lo dicen en forma taxativa tanto el Código Procesal Penal (artículo 55, incisos 8 y 9) como el Código Procesal Civil y Comercial (artículos 17 y 30). El 32 considera causal de remoción por mal desempeño el no haberse excusado en esa circunstancia.

El dictamen del abogado Santiago Montaña que aprobó la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura considera probado que el padre del juez, Agustín Tiscornia, fue quien invitó a su domicilio de la calle Talcahuano y Juncal a un directivo de la empresa española Codere y le solicitó cuatro millones de dólares para que su hijo no avanzara con la investigación por presunto contrabando en la importación de máquinas tragamonedas. Los españoles habían denunciado la extorsión al fiscal Carlos Rívolo, quien fue documentando en una investigación preliminar cada paso de la negociación, que el estudio del abogado Hugo Wortman Jofré filmó y grabó.

No es exagerado decir que el actual juez Tiscornia aprendió desde la cuna los procedimientos por los que el 17 de agosto el plenario del Consejo de la Magistratura tratará su suspensión: hace cuatro décadas la rica heredera Emilia Irma Bencich denunció al juez Agustín Tiscornia por intento de extorsión en la causa de la sucesión de su padre, el millonario constructor Miguel Bencich. El 22 de abril de 1968 un jury de enjuiciamiento destituyó a Tiscornia padre, quien se escapó al Uruguay para no ser detenido.