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La liberación de Clara Rojas y de Consuelo González de su cautiverio en manos de las FARC es una victoria del derecho humanitario, antes que la de ningún líder sobre otro. Sobre la base del resultado alcanzado, se impone para los gobiernos latinoamericanos implicados en las gestiones la tarea de trabajar junto al gobierno colombiano y a las FARC para lograr que los principios bajo los cuales se produjo este avance sean respetados a rajatabla en el futuro por las partes en conflicto, con vistas a erradicar este tipo de prácticas odiosas del conflicto interno colombiano.
El desenlace de esta gestión (el que anticipara el asesor de Lula, Marco Aurelio García, a su regreso de la selva colombiana), se debe a la perseverancia de los actores que han construido con las FARC el mínimo vínculo de confianza recíproca necesario para tener los canales de comunicación que las partes colombianas se han encargado de dinamitar. Tanto Hugo Chávez como en particular el gobierno brasileño han creado canales para tener el contacto indispensable con un actor beligerante cuyo control territorial parcial se da en áreas vecinas a Venezuela y Brasil.
Las relaciones de Chávez (consentidas de mala gana por su colega Alvaro Uribe), aunque más visibles, son más recientes que las que el PT brasileño (del que Marco Aurelio fue durante años secretario de Relaciones Internacionales) ha mantenido durante casi dos décadas, entre otros ámbitos, en el marco del pluripartidario y plurinacional Foro de San Pablo. No se trata en ninguno de los dos casos de una adhesión a la antigua y metamorfoseada lucha de las FARC, sino de la creación y mantenimiento de canales “diplomáticos” que vinculan a una realidad que no puede ser erradicada porque es la manifestación contemporánea de un conflicto que es constitutivo de Colombia.
Al igual que en los ’80 con el Grupo de Contadora, que en los ’90 con el conflicto peruano-ecuatoriano, que hace meses nada más en la crisis boliviana, las democracias sudamericanas asumen como propio un problema que desestabiliza la región y cuya condición endémica invita a un intervencionismo que las más de las veces ha prescindido de invitaciones.
La violación flagrante de los derechos humanos de Emmanuel Rojas por las FARC y la ostensible intención de Uribe de dinamitar esta hoy exitosa operación al no hacer cesar la actividad de sus fuerzas militares durante las vísperas de fin de año, cuando la comisión de garantes internacionales se hallaba en el sur colombiano, demuestran cuán lejos se está de la paz. Pero aun frente a esos obstáculos, el esfuerzo concertado de gobiernos amigos del pueblo colombiano puede crear condiciones humanitarias que restituyan derechos y libertades. Ese poder benigno y el creciente éxito de la izquierda del Polo Democrático Alternativo en la lucha electoral colombiana deberían empezar a ser vistos con respeto y atención por los actores que en Colombia se han rendido a la lógica de la guerra y disfrutan de sus dividendos.
* Coordinador del Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.
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