“No hay norma que le permita al juez trasladar la soberanía popular a su despacho”, sostuvo el abogado Juan Ramos Padilla defendiendo el derecho del Partido Socialista de reclamar la banca de senador por la minoría en la ciudad de Buenos Aires alcanzada por Alfredo Bravo en las elecciones del año 2001. La opinión de Ramos Padilla puso sobre la mesa un viejo diferendo que divide las aguas en el Senado y es precisamente la competencia del cuerpo para dirimir las disputas electorales. “No soy partidaria de que una mayoría parlamentaria decida quién es el representante popular electo”, señaló Cristina Fernández de Kirchner para dejar en claro que propiciaba apegarse al último fallo judicial que dé por terminado el tema y de paso criticar también el comportamiento del Senado durante los últimos tiempos de Carlos Menem en la Rosada cuando le dio al PJ dos senadores más a pesar de los resultados electorales. El debate postergó la reclamada asunción de María Laura Leguizamón como senadora.
En la agenda de comisión, la resolución de la representación por la ciudad de Buenos Aires figuraba en segundo término. Sin embargo y a pesar de lo avanzado de la hora, los argumentos del defensor de Bravo y la presencia de los diputados socialistas Rubén Giustiniani, Oscar González, Jorge Rivas y Ariel Basteiro, dispararon una discusión que además de las diferencias conceptuales mostró algunas de las heridas abiertas que el menemismo dejó en el cuerpo cuando logró imponer a un senador del Chaco, Rubén Pruyas y otro de Corrientes, Hugo Sager, a pesar de los resultados electorales. Claro que eran otros tiempos y aunque en la letra de la Constitución ya figuraba la figura del voto directo para los senadores nacionales, todavía las legislaturas provinciales retenían para sí la facultad de nominar a los senadores.
La semana pasada un grupo de conjueces de la Corte Suprema resolvió que la banca de senador porteño le correspondía a la boleta electoral del actual ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Esto a pesar de que en el 2001 el ganador de los comicios fue Alfredo Bravo. Cuando juró como ministro de Justicia, Beliz no desistió del pleito, que se encontraba en la Corte Suprema, y que había impulsado luego de 3 recuentos electorales que le fueron desfavorables. Cuando se conoció la resolución de los conjueces, Beliz dio un paso al costado y la banca quedó para su suplente en la lista, la ex duhaldista María Laura Leguizamón. Precisamente la existencia de una presentación de Leguizamón reclamándole al cuerpo por su título de senadora, motivó a los socialistas a presentarse en la comisión de Asuntos Constitucionales.
“Ni el Partido Socialista, ni Alfredo Bravo, a quien tuve el honor de representar, vienen a quejarse aquí de un fallo judicial. La cuestión no está firme, ya que hay un recurso extraordinario en el que pedimos la nulidad del fallo”, comentó Ramos Padilla a los legisladores. Fue precisamente entre ellos que se dividieron las opiniones. Mientras Kirchner e Ibarra se mostraron partidarias de respetar, cualquiera fuera, el último fallo que resuelva la disputa judicial, el radical chaqueño Eduardo Moro y el riojano Jorge Yoma, defendieron las atribuciones constitucionales del Senado para laudar estos diferendos. El mendocino Raúl Baglini medió entre ambas posturas y sostuvo que no se trataba de tomar el lema “esta casa se reserva el derecho de admisión”, ni tampoco el que dice “una vez retirado de la ventanilla judicial no se aceptan más reclamos”. La última palabra la tuvo Ramos Padilla, que alertó a los senadores que de tolerar una extralimitación judicial “permitirían algo así como una dictadura judicial”.
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