Cuando asumió la intervención del Comfer, en junio de 2003, Julio Bárbaro planteó un ambicioso programa político, que incluía la rápida sanción de una ley de radiodifusión de la democracia, la reducción de la concentración de la propiedad de los medios, la discusión pública de las licencias y la progresiva nacionalización de la propiedad de las emisoras. Para fines del año pasado, no sólo se mantenía vigente la ley de la dictadura, sino que la agenda había cambiado completamente. El único tema que quedó en la agenda es la propiedad argentina de los medios. Creemos importante plantear la discusión en torno de este punto, y volver a discutir los otros.
¿Fue mejor militar Pedro E. Aramburu por poseer pasaporte argentino que Líber Seregni, el fundador uruguayo del Frente Amplio? ¿Y Palito Ortega, el autodidacta tucumano, es un compositor de mayor calibre que la chilena Violeta Parra? ¿Son mejores los programas de televisión plenos de banalidades hipercomerciales y desapego moral que las emisiones que desde hace 35 años realiza el TV Cultura en San Pablo, Brasil? ¿Son preferibles las películas criollas de calibre paramilitar rodadas en la dictadura que un ciclo de Fellini? ¿Es preferible un aforismo nacional que un verso de Antonio Machado? ¿Cuál es el límite que lo “nacional” presenta en la creación cultural y en la gestión y el control de los medios de comunicación?
En ponencias y entrevistas periodísticas, Bárbaro se explaya con verborrea sobre las ventajas de contar con Raúl Moneta o Daniel Hadad como interlocutores, ya que “son de los nuestros, empresarios nacionales”. Lo demás, afirma Bárbaro, es secundario.
Sin embargo, cualquier mirada atenta a la política de medios contrasta con los categóricos barbarismos de Bárbaro. La nacionalidad de los propietarios de los medios, que suele ser protegida en casi todas las latitudes, aparece complementada por rigurosas normas que posibilitan la diversidad de voces, desalentando la concentración en pocas manos de esos medios, y la pluralidad de opiniones, contrarrestando la tendencia monocorde de los empresarios nacionales que suelen acceder a la gestión de las licencias. Cabe recordar además que en los primeros días del gobierno de Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó una ley (llamada de Protección de las Industrias Culturales) que permitió (aunque algunos pretendan señalar que limitó) hasta un 30 por ciento de propiedad extranjera en los medios.
La Argentina es uno de los países con más alta concentración de medios y el interventor del Comfer no parece preocupado por ello, mientras los licenciatarios (a quienes se trata como dueños y no como proveedores de un servicio que es público) tengan pasaporte nacional. Tal vez uno de los socios de Moneta, otrora ministro del Interior de Menem, pueda echar algo de luz sobre cómo se consigue ese valioso documento que para Bárbaro confiere patente de corso.
La exasperación del discurso nacionalista de Bárbaro es un axioma fallido. Bárbaro se ofusca cuando se le demuestra que las prácticas de muchos empresarios nacionales fueron y son nocivas para la mayoría de los argentinos (como la estatización de la deuda privada). La inmensa mayoría de los crímenes cometidos en nuestro país (desde la Campaña del Desierto, pasando por la Semana Trágica y siguiendo por la Triple A y la última dictadura) fueron perpetrados por argentinos contra argentinos, con la bandera como insignia y con buena parte del empresariado local celebrando matanzas.
El barbarismo nacionalista omite que en las industrias culturales los flujos transfronterizos de capitales, de productos y servicios, que son cotidianos y globales, cuentan con la contribución de los “empresarios locales”. Estos no sólo no sirven como valla de contención ante los capitales globales, sino que son su mejor punto de apoyo. Los empresarios locales de medios son socios, y desean incrementar sus sociedades, de los grupos globales de medios.
Con el anacronismo nacionalista ocurre ahora lo que ha ocurrido siempre: se pretende distraer la atención sobre las consecuencias de poner al Estado al servicio absoluto de los capitales privados. ¿Qué consecuencias? El mapa argentino de medios e industrias culturales lo muestra: concentración de la propiedad, centralización de la producción en un solo polo geográfico (la zona metropolitana de Buenos Aires), ausencia de un Estado que controle y ejecute políticas de servicio público. El recurso bárbaro del nacionalismo exime al Estado de poner debido coto a la lógica hipercomercial, discriminatoria, exitista, individualista y banal que impera en los medios donde los degradados representantes de la derecha autoritaria emiten en cadena para exigir, por ejemplo, el “despido” (sic) del rector de una universidad pública.
La protección de las industrias culturales, por su doble importancia política (porque están vinculadas con las expresiones y valores de la sociedad) y económica (porque inciden crecientemente en la generación de PBI), no puede reducirse al tema del pasaporte de los licenciatarios de medios. Los límites de la capacidad estatal para intervenir en el mercado de medios se refleja cuando el Grupo Prisa (España) negocia la compra de Radio Continental. La excusa encontrada en este caso deja en ridículo la estrategia nacionalista: los que compran tienen la misma nacionalidad que los que venden (Telefónica).
Hasta que el Estado no promueva la diversidad de contenidos, hasta que no aliente la descentralización de la producción, hasta que no controle los abusos de los licenciatarios de los medios, hasta que no incorpore a entidades de la sociedad civil como potenciales concesionarias, estaremos condenados a concebir que la cultura industrializada quede en manos del mercado, sea cual fuere el pasaporte de los empresarios que acceden a las licencias.
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