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En los ’90 el consumo masivo de Internet se asoció al envío/recepción de mails y a la realización de búsquedas, luego se establecieron sistemas para compartir y descargar contenidos. Los medios masivos de comunicación tradicionales también percibieron las ventajas de la red mediante estrategias empresariales con rendimientos económicos aun inciertos e incertidumbre en el modelo de negocio. Además surgieron nuevos intermediarios (Google, YouTube, Amazon) y diversos modos de consumo de los productos culturales (compra de libros online, programas de TV en streaming). En igual dirección, la alta penetración a nivel global y las múltiples funciones de los teléfonos móviles inteligentes redefinen las formas de relacionarnos y la concepción temporoespacial.
El término neutralidad de la red implica que las redes deben estar abiertas en todas las dimensiones a la libre circulación. Es decir, el proveedor del servicio de telefonía (básica o móvil) y/o de banda ancha debe brindarlo independientemente del contenido que circule o se transmita por esa red, esto es, no puede bloquear, acelerar o ralentizar velocidades de descarga ni impedir el acceso. Las empresas operadoras no tienen injerencia en lo que los usuarios realizan ni tampoco pueden establecer tratos especiales de uno sobre otros. Tradicionalmente la regulación de los sistemas de telecomunicaciones promovió la antidiscriminación, la interoperabilidad de redes y el acceso a los contenidos.
En materia legislativa, Chile y Holanda son los únicos países que regularon dicho aspecto, mientras en otros la discusión continúa (EE.UU., Suecia, Francia y España).
En Argentina, a fines del ’90, se estableció por decreto que el acceso a la red sea de interés nacional para fortalecer la democracia y el ejercicio de la libertad de expresión. En 2005, la Ley Nº 26.032 enmarcó la búsqueda, recepción y difusión de información por Internet dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Desde entonces, se presentaron proyectos que marcaron las tensiones sobre los derechos personalísimos, la posibilidad de emitir/recibir información y el control del acceso.
Las operadoras de servicio proponen fijar tarifas diferenciales a los proveedores de contenidos, precio que se trasladaría al usuario, bajo el argumento de inversión e innovación. De no mediar una regulación que garantice la neutralidad de la red, los proveedores de conexión podrían evitar o ralentizar el acceso sobre supuestos discrecionales.
Con Internet se entrecruzan y a veces colisiona el interés público, ligado a garantizar la libertad de expresión y el acceso, con los intereses corporativos que intentan restringirlo mediante el cobro. En tal disyuntiva emergen formas de participación, por ejemplo los reclamos estudiantiles en Chile, las revueltas sociales en Reino Unido (agosto/11), el movimiento de indignados en España (junio/11), las marchas contra los recortes en Grecia (mayo/11) y las protestas sociales en Egipto contra el dictador Mubarak, quien abandonó el gobierno (enero/11). En estos casos, los ciudadanos recurrieron a las redes sociales (Facebook, Twitter) o a los dispositivos móviles inteligentes para organizarse. Se observa que la conjunción de las tecnologías con las prácticas sociales excede a los previstos por la técnica, lo que incentiva modos distintos de religión, en el sentido de unir aquello que está disperso y promueve intervenir en el espacio público como lugar de encuentro pero también de lucha, resistencia y conflicto.
La administración de la red es otro eje en conflicto, como antaño ocurrió con la imprenta. Por tanto, a la hora de regular, será preciso atender tales cuestiones sin vulnerar los derechos de los ciudadanos/usuarios/consumidores.
En Argentina se registran intentos (dos proyectos de ley en comisiones de Diputados y Senadores) para incorporar el tema de la neutralidad de la red en el Congreso. No obstante, el desafío será incluir en el debate a múltiples actores (públicos y privados) para la construcción de un consenso plural que mantenga la forma abierta y libre de la red. Por ello resulta crucial el diseño de políticas de comunicación para regular Internet, que garanticen el acceso y la participación democrática al conjunto de la sociedad.
* Licenciada en Comunicación (UNQConicet).
** Magister en Industrias Culturales (UNQ).
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