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El nuevo gobierno ha reiterado que ejercerá su tarea respetando la “pluralidad de opiniones”. Esto ya lo ha establecido la Constitución Nacional: toda comunicación será “sin censura previa” (art. 14). La pregunta que se plantea es si la pluralidad de opiniones tiene límites o condicionamientos. ¿Es posible decir o publicar cualquier cosa sin que eso deba ser censurado, o al menos, limitado?
La fina línea entre libertad y control entra en el terreno de las opiniones de quienes asumen la autoridad para trazar los límites. Sabiamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha desechado, por el principio de la libertad de la comunicación, toda injerencia en los contenidos. Tres parecen ser los argumentos para establecer límites a la plena libertad.
El primero tiene que ver con una división entre medios públicos y privados. La libertad de los privados parece no tener condicionamientos y sus contenidos, sean veraces o no, cuentan con ese privilegio. De los públicos se reclama una postura llamada democrática cuyos contenidos no deben ofrecer críticas que puedan afectar a algún sector. Para sostener esta postura se apela al ejemplo de la BBC, olvidando que se trata de una organización mayormente autárquica, y que muchas veces sus contenidos son controversiales.
El segundo argumento tiene que ver con los que algunos llamaron “el estilo” como un limitante de los contenidos de la televisión pública. No pareciera llamar la atención el estilo chabacano y el insulto desmedido de reiterados programas en la televisión privada, que denigran personas no importa su condición. Argumentar que ciertos programas deberían atenuar su estilo o formato agresivo, cuando al mismo tiempo se los descalifica para seguir funcionando, tiene perfume a censura política.
Un tercer argumento tiene que ver con los recursos de los medios. El reiterado argumento que en la televisión pública “se gasta el dinero de nuestros impuestos” ya ha sido muchas veces rebatido por las enormes sumas que perciben los medios privados a los que no se le requiere apaciguar sus agresiones o mejorar su estilo. No debe olvidarse que, según las leyes internacionales, las ondas radioeléctricas pertenecen al Estado y quienes usan hoy medios son solo licenciatarios temporarios.
Hoy, cuando la estructura de los medios es manejada por el interés económico de unos pocos, la censura se convierte en un bien privado que no requiere o procura la aprobación social.
¿Quién tiene hoy el poder de dar la palabra? Aquellos que manejan los medios de mayor alcance han aprendido que el dominio social pasa por la seducción. El control de la imaginación resulta más eficaz que apelar a la censura. Para ello optan en sus medios por silenciar cualquier tema o hecho que afecte sus intereses. Como pensaba Michel Foucault: el poder moderno se esparce en la sociedad y la somete porque mayormente la consiente.
La despolitización de las sociedades modernas más que una renuncia a la participación refleja un proceso de persuasión para aceptar los parámetros de interés producidos por los centros de poder. Estos intereses se centran mayormente en el desarrollo de una particular línea económica y política. De esta manera, es un tanto arriesgado atribuir la renuncia a la verdad como una decisión voluntaria y no el reflejo de un estado de cosas donde lo que se produce es el ocultamiento de la verdad.
* Comunicador social. Ex secretario general de WACC (Asoc. Mundial para las Comunicaciones Cristianas).
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