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La convergencia tecnológica nos afecta a todos/as. Esta afirmación parece una verdad de perogrullo, pues sus efectos han sido debatidos desde los planos académicos, políticos, económicos y sociales. Solo un ejemplo: las bajas de audiencia de la televisión abierta e incluso por cable, consecuencia del desembarco de actores como Netflix (televisión bajo demanda) o bien, del visionado de contenidos por plataformas digitales, entre otros, obligan a replantear los modelos de negocio de la industria audiovisual.
El proceso que une a las industrias de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet nos permite realizar consumos culturales (lecturas, audiovisual, prensa gráfica) a través de un mismo dispositivo: computadora –portátil o fija–, tablets, smarthphones, entre tantos otros. Por supuesto que estas acciones no son determinantes pero sí definen los consumos de nuevas generaciones.
Desde esta premisa, la imposición de una reglamentación que regule al mismo tiempo todas estas actividades crea una ilusión normativa, fundada y justificada en el determinismo tecnológico. Así, la ilusión emancipadora que antaño suponían las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) no ha sido tal si analizamos la concentración del mercado. Google monopoliza la información personal y es un actor de gran incidencia en el mercado audiovisual a través de YouTube. Las empresas telefónicas son otros de los actores que inciden, dada su capacidad tecnológica, en la producción de contenido audiovisual. Por esta razón, debemos considerar la convergencia como un proceso multisectorial que articula una diversidad de actores y economías, con funcionamientos divergentes. A su vez, “dado que el escenario de la convergencia se combina con la estructura concentrada de la propiedad de las redes, productos, dispositivos, programas, aplicaciones, servicios y contenidos, resulta necesaria la composición de un marco que reconozca los trayectos históricamente divergentes” (Becerra, 2016, revista Fibra, http://papel.revistafibra.info/numeroseditados/corsetlaconvergencia/).
Bajo esta consideración, es preciso pensar que la necesidad de un instrumento legal que garantice la participación de todos los actores es indispensable, pues quienes operan en el nuevo ecosistema mediático son operadores de gran peso económico, cuya trascendencia es mundial. Por ello, una normativa que tienda a regular la convergencia debe sí o sí brindar un marco legal donde la actividad de grupos que operan fuera de las fronteras nacionales deban cumplir una normativa nacional. Y esto parece no ser posible. Tal como afirmó Damián Loreti en una mesa de discusión en la Universidad Nacional de Quilmes, “no existe una ley en el mundo que regule la convergencia” (puede consultarse en www.youtube.com/watch?v=tASw0XcdMOQ&feature=em-uploademail. Además de Damián Loreti, participaron del encuentro Luis Lázaro, Luis Lozano, Graciana Peñafort y Daniel Badenes).
Si la observación de esta situación se complementa con los mecanismos impuestos por el gobierno nacional para forzar la normativa “convergente”, entre los cuales se encuentra la derogación mediante Decretos de Necesidad y Urgencia de los artículos centrales de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital) que apuntan a la desconcentración y descentralización del mercado de medios y establece una autoridad de aplicación independiente del gobierno de turno, la amenaza de los derechos a la comunicación y a la libertad de expresión son totales.
En este contexto, el análisis permite entrever las verdaderas intenciones del gobierno que preside Mauricio Macri: la concentración del mercado de telecomunicaciones, medios de comunicación e informáticos sin precedentes, excluyendo de la acción a cooperativas y medios sin fines de lucro sin capacidad económica para invertir; excluidos de antemano por la propiedad de las redes y la infraestructura. Si a ello le sumamos que son los medios tradicionales los que continúan marcando la agenda pública (basta ver el escándalo de Panamá Papers” y la cobertura de los principales medios) y su estructura económica, que se expande a los negocios que protege la anunciada convergencia, el riesgo de concentración de la palabra es casi total. Ello es peligroso, pues ya se ha comprobado analíticamente las consecuencias de la concentración mediática en Argentina en particular y América Latina en general. Y una normativa que regule la actividad sin garantizar la participación de todos los actores brinda un marco legal para una concentración mediática sin precedentes e irreversible.
* Licenciada en Comunicación Social y docente UNQ, [email protected]/ @paolaefernandez
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