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Liliana Pueblas fue asesinada el 10 de febrero de 2000 por su pareja, el prefecto José María Benítez, quien luego se suicidó. En su momento, la Prefectura se desentendió del tema, porque “el agente no se encontraba en servicio y su accionar debió encuadrarse en un comportamiento de tipo particular de un ciudadano común”. Ayer, la Cámara Federal rechazó el argumento, porque el homicidio se produjo con el arma que le proveyó esa fuerza. Y condenó al Estado nacional a indemnizar con 370 mil pesos más intereses a los hijos de la víctima.
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