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La red de subtes porteños podrá extenderse, con la construcción de cuatro nuevas líneas, pero no se llevarán a cabo las modificaciones en los recorridos que el macrismo pensaba implementar y que habían recibido el cuestionamiento de vecinos. Esto será posible tras el acuerdo al que arribaron el viernes los presidentes de los distintos bloques: hay consenso para aprobar el jueves la ley que autoriza al Ejecutivo a hacer la inversión para las nuevas construcciones y a gestionar un crédito internacional para su financiamiento.
La ciudad ya tiene una ley de subte, la 670, que prevé la construcción de las nuevas líneas F, G e I y la prolongación de la H. Pero esa norma sólo prevé que la administración puede realizar la obra con su propio presupuesto, sin endeudamiento. Como la intención de Mauricio Macri es construir 10 kilómetros por año de red, envió a la Legislatura el proyecto que lo habilita a negociar un crédito para su financiación. El problema fue que el proyecto preveía modificaciones a la traza original, sin el respaldo de ningún informe técnico. Esto generó el reclamo de la oposición y, sobre todo, de vecinos afectados, en los barrios de Caballito y Parque de los Patricios.
La controversia trabó el tratamiento del proyecto, pero los presidentes de bloque lograron, negociación mediante, arribar a un acuerdo para lograr el tratamiento del proyecto, el próximo jueves. La negociación, encabezada por el diputado Martín Hourest (Igualdad Social), consistió en sacar del proyecto las modificaciones a la traza y tratar solamente los artículos vinculados con el financiamiento y la futura operación de las líneas:
- Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires, a licitar la construcción de las líneas. La obra, se estima, costaría unos 2500 millones de dólares. La ciudad aspira a obtener 1500 millones de un crédito del BID que está gestionando la Nación.
- Se autoriza al Ejecutivo a llamar a licitación pública para la operación de las nuevas líneas “mediante los mecanismos de concesión, gerenciamiento o administración”. Esta última figura dejaría abierta la puerta para que la ciudad, a través de Sbase, gestione las nuevas líneas.
- Se deja en claro que el Estado podrá financiar la tarifa, pero no la operación del servicio, como proponía el proyecto de Macri. Lo que se quiso evitar es que el Estado termine pagando el déficit operacional de las empresas prestadoras del servicio, como ocurre ahora, mientras la empresa hace negocios y tiene ingresos por otro lado con la explotación de publicidad, kioscos y otros negocios.
De esta manera, la ley se aprobaría sin necesidad de modificar las trazas de las nuevas líneas. La propuesta de Sbase, que había generado polémica alteraba el recorrido de la Línea H, que ya no llegaba a Retiro, como se preveía en principio, sino que terminaba en Santa Fe y Pueyrredón. De esa manera, se perdía la unión de Retiro con Once, sin trasbordo. El otro cambio se daba en la Línea I, que originariamente iba desde Parque Chacabuco a la estación Caballito del Sarmiento, y en el nuevo proyecto se trasladaba a Avenida La Plata-Río de Janeiro. Ninguna de las dos modificaciones habían sido fundamentadas.
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