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Desde Bruselas
La Unión Europea ultima un acuerdo para facilitar la expulsión de los inmigrantes sin papeles que se encuentran en Europa, unos ocho millones, según cálculos de la Comisión. Mañana, el Comité de Representantes Permanentes de los Veintisiete prevé avalar el proyecto de la Directiva de Retorno, que persigue armonizar las distintas políticas y dar más poder a los Estados para repatriar a los sin papeles.
La norma prevé fijar hasta seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, el tiempo de retención de los inmigrantes sin documentos. La UE optó por el criterio de primar la seguridad que impulsan Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi frente al garantismo aplicado en países como España, donde la retención máxima es de 40 días. La norma, no obstante, abre la puerta al gobierno español para que amplíe el tiempo de detención.
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, además, son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
El reciente endurecimiento de la situación económica con el aumento del desempleo en varios países y la llegada de líderes con políticas más duras en esta materia –como Nicolas Sarkozy, en Francia, y Silvio Berlusconi, en Italia– situaron el debate de los sin papeles en el primer plano de la agenda europea.
Berlusconi prometió “cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia”. Sarkozy quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. El dirigente francés es contrario a las regularizaciones y tildó de “hipócritas” a los empresarios que contratan a clandestinos y dicen luego que los quieren regularizar.
Europa está absorbiendo actualmente dos millones de inmigrantes cada año, más que ninguna otra parte del mundo –en proporción a su población–, incluida América del Norte, según señala Hugo Brady, investigador del Centre for European Reform. De estos dos millones que entran anualmente, entre medio millón y un millón son “irregulares”, según la Comisión Europea.
El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión persigue “establecer los criterios y procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembro para el retorno” de los indocumentados. La norma se aplicará a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión “que se encuentren ilegalmente en un Estado miembro”. Los países podrán decidir no aplicar la directiva a los inmigrantes que “hayan sido rechazados en la entrada del país o interceptados en las fronteras”.
La directiva no afecta a los demandantes de asilo, que se regulan por el Estatuto de Refugiados de la Convención de Ginebra de 1951. Aunque, como señala Brady, “los emigrantes a veces tratan de pedir asilo después de que se les deniega el visado”. El proyecto precisa que los Estados “sólo podrán mantener detenidas” a las personas sometidas a procesos de retorno cuando “exista riesgo de fuga” o traten de “eludir o entorpecer” su repatriación.
El período de detención máximo de seis meses no se podrá ampliar “excepto por un período limitado de otros doce meses”, en los casos en los que la operación de retorno se prolongue más por “la falta de cooperación del afectado” o a “retrasos en obtener la documentación necesaria por parte de los terceros países”. Ello supone que en la práctica el inmigrante puede estar detenido 18 meses.
Ese aspecto representa un cambio sustancial con la situación actual de muchos países con períodos de detención muy dispares. Cumplido el plazo, el detenido tiene que ser puesto en libertad y puede continuar sus actividades, a pesar de no tener papeles, confiando en una futura regulación.
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y fue celebrado como un logro por la presidencia eslovena de la UE.
En los últimos años varios países europeos intensificaron las repatriaciones. Entre 2004 y 2007, España repatrió a 370.000 personas, un 43 por ciento más que durante el gobierno del PP.
* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.
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