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Desde Denpasar
La desolación, el dolor y la gravedad de cientos de miles de personas que lo perdieron todo víctimas del ciclón que azotó el domingo el sur de Myanmar no lograron romper el puño de acero con que la junta militar oprime a su pueblo. Los militares que gobiernan la antigua Birmania desde 1962 aceptaron la llegada de material de Naciones Unidas, pero el personal de la ONU que debe valorar sobre el terreno la situación para ordenar la ayuda adecuada y facilitar su distribución está paralizado en Bangkok a la espera de visado. Mientras, los birmanos se mueren.
Conforme pasan las horas, va aflorando la magnitud de la catástrofe que dejó enormes extensiones de Myanmar bajo las aguas. La radio oficial birmana reconoció ayer que el número de muertos supera los 22.000 y que hay más de 41.000 desaparecidos. Según el ministro de Reasentamientos y Emergencias, Maung Maung Swe, la ola de tres metros y medio que generó el ciclón causó buena parte de las víctimas.
“Hasta el momento, el gobierno aceptó nuestra asistencia material, que está en camino. Seguimos a la espera de visados para nuestro personal especializado en emergencias”, señaló en Ginebra (Suiza), visiblemente molesta por el retraso, Elisabeth Byrs, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Muchas personas lograrán sobrevivir si se las rescata pronto. De ahí que los especialistas consideren cruciales los primeros días. La junta, sin embargo, no parece tener prisa y permanece en Naypidaw, la nueva capital, mientras el caos se adueña del país. Numerosas ONG internacionales se mostraron dispuestas a cooperar con Myanmar, pero sus expertos no fueron invitados a entrar en el país. Tampoco tuvo respuesta el ofrecimiento de apoyo realizado por el presidente estadounidense, George W. Bush. Hasta anoche, sólo habían aterrizado en el aeropuerto de Yangon, que fue reparado parcialmente, aviones con ayuda de Tailandia y China, dos países que mantienen unas estrechas relaciones con el régimen birmano. La India, otro vecino con excelentes relaciones, envió dos barcos. El único personal que las agencias de la ONU tienen ahora en Myanmar son pequeños equipos del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Mundial de la Salud.
Los expertos no comprenden cómo el gobierno no evacuó ni advirtió a la población del riesgo que corría. Los meteorólogos vieron cómo la tormenta se formaba en el golfo de Bengala y los militares, en lugar de tomar medidas, se limitaron a pedir a la población que permaneciera en sus casas.
Decenas de miles de viviendas fueron destruidas y aún no se sabe cuántas personas siguen bajo los escombros. Muchas resultaron heridas y casi un millón lo perdieron todo. Sólo en la ciudad de Bogalay, en el delta del Irrawaddy (suroeste del país), la zona más afectada, se calcula que murieron 10.000 personas. La respuesta del gobierno ante semejante catástrofe deja mucho que desear. Los pocos exiliados que lograron contactar con sus familias –ni los teléfonos móviles, ni los fijos ni Internet funcionan– se quejan de que la junta, en lugar de poner a todo el ejército a ayudar al pueblo, sigue haciendo política para perpetuarse en el poder. Pese a que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido que lidera Aung San Suu Kyi y el principal de la oposición, pidió que se suspenda el referéndum constitucional previsto para el sábado, un portavoz militar indicó que la consulta se realizará como estaba previsto en las provincias que no sufrieron el ciclón. En las afectadas –un área en la que vive casi la mitad de los 53 millones de habitantes del país– se pospuso hasta el 24 de mayo. Estados Unidos presionó duramente a la ONU para imponer sanciones a la junta birmana por no respetar los derechos humanos y no permitir la democratización del país.
Cientos de birmanos hacen cola a diario frente a las oficinas de pasaportes de Yangon con la esperanza de encontrar un trabajo en el extranjero. Su objetivo es huir de uno de los países más pobres del mundo, cuya economía está en la ruina por la gestión de los militares. Pero el régimen de Myanmar, rico en recursos naturales y segundo productor de opio tras Afganistán, no deja salir a casi nadie.
La crisis económica –la inflación anual supera el 35 por ciento– es un tema tabú para el gobierno, que fue acusado de quedarse con el dinero de los birmanos en lugar de invertirlo en el país. Uno de cada nueve ciudadanos vive con un dólar al día, pese a que Myanmar tiene abundantes reservas de gas y madera de teca. En los últimos años, aumentaron las relaciones comerciales con países de la región, como China, que compensó en parte las sanciones económicas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra la dictadura.
Los consumidores birmanos llevaban un año sufriendo la escalada del precio del arroz (un 50 por ciento en doce meses en Myanmar), mientras los productores, que destinan un 60 por ciento de la tierra a este producto, pensaban hacer su agosto vendiéndolo a precio de oro en el exterior. El ciclón arrasó con toda la cosecha.
Los intentos liberalizadores del gobierno, puestos en marcha en los noventa, no sirvieron de nada. Las infraestructuras del transporte son del siglo pasado. Uno de cada tres niños padece desnutrición y, según la Organización Mundial de la Salud, Myanmar tiene el segundo peor sistema sanitario del mundo.
* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.
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