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La actividad de los patovicas –el personal civil de seguridad de boliches y espectáculos– estará regulada de aquí en más por una ley, que crea un registro único en el que deberán inscribirse, y un curso de capacitación que los habilitará para desempeñar su tarea. La norma fue sancionada ayer por la Cámara de Diputados, sin debate, por 149 votos afirmativos, ninguno en contra y cinco abstenciones.
“Por fin el Estado se hace cargo del control de esta actividad”, dijo a Página/12 Oscar Castelucci, padre de Martín, el joven que fue asesinado a fines de 2006 en el boliche La Casona, de Lanús. Ese hecho fue uno de los detonantes que motivaron al gobierno nacional a promover un proyecto para regular la actividad del personal de seguridad de los locales bailables, de espectáculos y entretenimientos, como se denomina a los patovicas. El otro hecho fue el crimen del joven Beimar Mamani, de nacionalidad boliviana, muertos tras los golpes sufridos por un custodio de un boliche de Once.
El proyecto fue redactado en el Ministerio del Interior, con la participación del sindicato que nuclea a los Trabajadores de Control y Admisión y Permanencia, tal el nombre de su organización. También participó Castelucci, quien tras el fallecimiento de su hijo constituyó una fundación que se abocó a la lucha contra la violencia y la discriminación que sufren los jóvenes.
El proyecto, presentado en noviembre de 2006, fue aprobado rápidamente por Diputados, en febrero de 2007, pero luego durmió durante meses en el Senado. Allí sufrió transformaciones drásticas que, según Castelucci, “desnaturalizaron el espíritu de la ley”. “Fue después de que los senadores convocaron a los empresarios de los boliches para escuchar su opinión”, conjeturó el padre de Martín. El proyecto que aprobó el Senado en noviembre de 2007 había perdido toda la regulación de la relación de los trabajadores con las empresas y sólo ponía atención en las cuestiones de seguridad. Ahora, Diputados volvió a ratificar su postura inicial, con una votación apabullante.
La nueva ley crea un registro único en el que deben anotarse todos los que desarrollan esta actividad. El personal deberá estar identificado con una credencial donde figuran su nombre, apellido y foto, más el número de habilitación profesional que le otorgará el Ministerio del Interior. Para ser aceptados en el registro deben realizar un curso de capacitación cuya duración es de tres años, con materias como derechos humanos, comunicación no violenta, derecho penal y constitucional, seguridad en siniestros y primeros auxilios.
La ley establece que no podrán ser guardias de los locales bailables las personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad, los que se encuentren trabajando en fuerzas armadas, penitenciarias, de seguridad e inteligencia, o los que hayan sido sancionados castigados con penas superiores a 3 años de prisión.
Según las tareas que desarrollen, los trabajadores se encuadrarán en tres categorías: controlador; controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Por tratarse de una ley federal, para que tenga vigencia en las provincias será necesaria la adhesión de cada uno de sus gobiernos.
“La sanción de esta ley es un paso importante para reducir los riesgos de la nocturnidad para los jóvenes, Pero somos conscientes de que es sólo un paso: ahora hay que trabajar en su reglamentación y después, para que se adhieran las provincias, especialmente la de Buenos Aires”, destacó Castelucci. Si se aplica la ley –concluyó–, se acabarán los patovicas y se iniciará el tiempo de una profesión digna y respetable.”
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