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Todo juicio oral tiene su dinámica propia, pero en el proceso que se inicia este martes por las 194 muertes de la tragedia de Cromañón las máximas expectativas estarán en saber si habrá penas de prisión efectiva para los principales imputados: Omar Chabán, el administrador del local y los líderes del grupo Callejeros, la banda que tocó aquella noche. Parece muy difícil que esos protagonistas escapen a una condena, pero la clave estará en el encuadre final que hagan los jueces: si hubo dolo eventual, es decir, cierta intencionalidad por omisión, como consideró la Cámara del Crimen, o si la catástrofe estuvo más cerca del accidente, aunque con el factor decisivo de la imprudencia y la negligencia de los acusados. Al mismo tiempo, también será difícil que escapen a una condena por coimas tanto Chabán como los líderes de Callejeros y los policías federales que pagaban y cobraban –según la acusación– para dejar entrar a más espectadores que los permitidos. Por último, estarán en el banquillo de los acusados los funcionarios públicos, encabezados por la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizbin. En principio, el delito por el que se los juzga es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, es decir, la omisión del deber de cuidado.
El juicio empieza pasado mañana y los interrogantes son numerosos:
¿En qué clima se va a llevar adelante el proceso?
Para evitar problemas, Chabán y los demás imputados entrarán a Tribunales por la calle Uruguay. Por esa misma puerta lo harán también sus abogados defensores. En cambio los querellantes, o sea los representantes de las víctimas, los familiares y el público –día por día hay un listado– ingresarán por la calle Lavalle. Todos los protagonistas consultados por este diario consideran que los jueces Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero han sido hasta el momento equitativos y manejaron las cosas correctamente. Alvero y Maiza juraron el viernes como jueces del Tribunal, ya que antes eran subrogantes, mientras que el fiscal del juicio será Jorge López Lecube. El Tribunal les ha hecho saber a las partes que ante el menor incidente suspenderán el juicio de inmediato.
¿Es cierto que el viernes se produjo el primer escándalo del juicio?
Efectivamente. El viernes los jueces recibieron a los tres padres que han protagonizado los episodios más duros: Nora Bonomini, Luis Fernández y Ricardo Righi, procesados recientemente por amenazas. En la audiencia los tres padres insistieron en ser aceptados como querellantes, algo que les fue denegado incluso por la Corte Suprema. El diálogo fue subiendo de tono y, según el acta que ordenaron hacer los jueces, Bonomini terminó amenazando al secretario del Tribunal. Los magistrados resolvieron que Fernández y Righi podrán entrar al juicio, pero no así Bonomini.
¿Cuál es el pronóstico para Omar Chabán?
Al administrador de Cromañón le imputan el delito de estrago doloso seguido de muerte, que significa provocar un incendio, en este caso por omisión. Hubo llamas en días anteriores y la Cámara del Crimen ha dicho que a Chabán no le importó. Por eso le achacan la responsabilidad en el incendio, como si hubiera sido intencional, y por consiguiente las muertes. Entre los elementos que jugarán en contra del administrador de Cromañón es que una inmensa puerta estaba cerrada con candado y que, si alguien la hubiera podido abrir, la mayoría de las víctimas se habrían salvado. El otro factor es el exceso de gente, varias veces la cantidad permitida por la habilitación. La pena prevista para el estrago doloso es de 20 años y a eso se le suman hasta seis años por una supuesta coima a los policías federales de la comisaría séptima. La mayoría de los juristas y protagonistas consultados por este diario coinciden en que difícilmente Chabán sea condenado por estrago doloso. La figura será seguramente culposa, o sea más cercana al accidente, entre otras cosas porque el propio Chabán tenía a sus allegados más cercanos dentro del local, con lo cual demostraría que no se imaginaba que algo malo podía ocurrir. El máximo para el estrago o el homicidio culposo serían cinco años de prisión, a lo que se agregará la pena por la coima. Muchos creen que a Chabán le darán unos ocho años de prisión, con lo cual deberá volver a la cárcel al final del juicio. Por supuesto, sus abogados dicen que el resultado no será ese y retomarán el argumento de que el incendio fue intencional y provocado por una de las dos barras de seguidores de Callejeros. Del otro lado, hay querellantes, representantes de las víctimas, que apuestan a una pena de 15 años.
¿Es cierto que hay una interna dentro del grupo Callejeros?
Hubo idas y vueltas en todo el proceso. En esencia, el debate se dio alrededor de dos posiciones. La primera: el grupo es uno solo y las consecuencias deben ser para todos igual. La segunda: en la banda había dos protagonistas principales, el manager, Diego Argañaraz, y el líder, Patricio Fontanet. No tiene sentido cargarles culpas a los demás músicos, que no firmaban contratos y ni siquiera estaban al tanto de las negociaciones o acuerdos que se hacían con los empresarios, en este caso con Omar Chabán. La controversia terminó ahora con los siete músicos con un único abogado, Martín Gutiérrez, mientras que el manager, Argañaraz, tendrá su propio defensor, en esencia porque a él le caerán en forma más puntual las acusaciones por coima. Más allá de lo que quiere transmitir el grupo, el rumor más extendido es que los jueces, en su fallo, sí tomarán en cuenta las diferencias y les adjudicarán más responsabilidad a unos que a otros.
¿Pueden ir a la cárcel los integrantes de Callejeros?
Es una de las grandes incógnitas del juicio. La lógica es que, efectivamente, algunos de ellos sean condenados con penas a cumplir, aunque por estrago culposo. Las pruebas contra los músicos se centran en que ellos incentivaban el uso de bengalas, sabían que eso era peligroso en Cromañón, hicieron poco o nada después del incendio del día anterior y, además, la acusación los vincula también con la coima pagada a los policías. El criterio es que Callejeros coorganizaba el recital con Chabán y éste les presentaba las liquidaciones en las que figuraban, por ejemplo, los pagos a los policías, lo que los convierte en partícipes del cohecho, tal cual lo sostuvo la Justicia al ordenar que se los juzgue también por ese delito. Si se considera que el máximo del delito culposo es de cinco años –porque significa incendiar sin intención, aunque por imprudencia y negligencia– y se agrega la acusación por coimas, no se puede descartar que al final del proceso el representante y alguno de los músicos resulten con pena de prisión efectiva. De todas maneras, parece claro que Callejeros no tuvo la misma responsabilidad que Chabán, pese a que todos están acusados por los mismos delitos: estrago doloso seguido de muerte y cohecho. Sin embargo, Chabán tenían más dominio sobre lo que ocurría en Cromañón, entre otras cosas sobre la enorme puerta que tenía candado.
¿Todos los familiares de las víctimas acusan a Callejeros?
Hay diferencias. En total son cuatro las cabezas de querella que representarán en el juicio a los familiares de las víctimas. José Iglesias, padre de una víctima, junto a Beatriz Campos, son los abogados que representan, de lejos, a la mayor cantidad. Luego están María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli; como segunda querella, Patricio Poplavsky, la tercera, y Mauricio Castro, la cuarta. De esas cuatro, Iglesias-Campos y Poplavsky son los que más acusan a Callejeros, mientras que Verdú-Parrilli y Castro no lo hacen. Es más, esta última querella tiene más bien una actitud de defensa de los músicos.
¿Qué pasará con los policías acusados de coimas?
Los principales imputados serán los titulares de la comisaría séptima, Carlos Díaz y Miguel Angel Belay, a quienes se les endilga recibir una coima a cambio de dejar ingresar más gente de la permitida por la habilitación. En concreto, 100 pesos por cada 500 espectadores. La capacidad prevista para Cromañón era de 1031 personas, pero en la noche de la tragedia había muchas más. Algunos sostienen que la cifra superó las tres mil personas y la liquidación de la Sociedad de Autores y Compositores, Sadaic, abarca a 2800 espectadores. Durante la primera parte de la instrucción realizada por los jueces Ana María Crotto y Julio Lucini se encontraron papeles que demostraban los pagos a los policías y a eso se agregó el testimonio nítido de Ana Sandoval, una trabajadora de Cromañón, que confirmó que se les daban coimas a los policías: quien hacía los pagos era Chabán y a veces estaba el manager de Callejeros, Argañaraz. Sandoval murió sorpresivamente a principios de agosto, pero su testimonio será incorporado por lectura. El diagnóstico en el que coincide la mayoría de los protagonistas y juristas consultados por este diario es que los jefes de la séptima serán condenados.
¿Qué les espera a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que estarán en el banquillo de los acusados?
Tal vez sea una de las principales batallas del proceso. Por ahora, Fabiana Fizbin, ex subsecretaria de Control Comunal; Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control, y Ana María Fernández, segunda de Torres, están acusados de un delito más bien leve: incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que se les imputa es haber incumplido el deber de cuidado. Las querellas, empezando por la que encabeza Iglesias, acusan a los funcionarios por homicidio, estrago y un montón de otros delitos. Es obvio que difícilmente consigan una condena por semejantes acusaciones, pero intentarán que sea por una figura más grave que la del incumplimiento. Lo que juega a favor de Fizbin es que no la acusan de cobrar ninguna coima ni existen –al menos hasta ahora– evidencias que vayan en ese sentido. Los tres ex funcionarios argumentarán que la clave estuvo en lo ocurrido esa noche: exceso de público, muy por encima de la habilitación; puerta cerrada con candado; bengalas. Aun así, los querellantes harán eje en que la falta de inspecciones eficaces fue decisiva para que ocurriera el desastre. La lógica indica que es difícil que los funcionarios terminen con condenas importantes, pero todo juicio tiene su propia vida.
Como se sabe, el juicio se va a realizar en el Palacio de Tribunales, en la sala donde fueron juzgados del comandantes en jefe de la dictadura. Habrá un salón en el mismo Palacio donde se transmitirán las imágenes y el audio para que puedan ser captadas por el periodismo y también por los familiares que no tengan el ingreso a la audiencia que se esté realizando. El cálculo es que el proceso tardará entre seis y siete meses, pero algunos especulan con que las condenas se conozcan antes de fin de año o en los primeros dos meses de 2009.
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