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“La obligación de inspeccionar todas las industrias de la cuenca Matanza-Riachuelo no se ha cumplido” por parte de la Autoridad de Cuenca (Acumar) que preside Romina Picolotti; tampoco se habrían cumplido “la obligación de informar sobre la calidad del aire de la cuenca” ni la de informar sobre la calidad del agua ni la de establecer un Sistema de Información Ambiental público: ésas son las conclusiones suscriptas por Eduardo Mondino –defensor del Pueblo de la Nación–, como coordinador del Cuerpo Colegiado en el que participan el CELS, Greenpeace, el FARN y otras organizaciones civiles. El informe, que había sido encargado por la Corte Suprema de Justicia, solicita “la aplicación de multa” –sanción prevista por la Corte– a la titular de la Acumar. Decidirá al respecto el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a quien la Corte Suprema le encargó el seguimiento del tema.
Según informó el 5 de septiembre la Autoridad de Cuenca –que representa a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, y es presidida por la secretaria de Ambiente de la Nación–, ya fueron inspeccionados “el ciento por ciento de los 4100 establecimientos pautados como universo de control”. Pero, de acuerdo con la Defensoría, ese informe de la Acumar “no es más que un listado que no acompaña prueba de lo actuado”. “Es prácticamente una encuesta que anota lo que informan las empresas sin verificarlo en el terreno”, sostuvo Mondino. Además, “la cifra de 4100 industrias es arbitraria: el Censo Económico Nacional habla de diez mil para los partidos de la Cuenca, y una información oficial de la Autoridad del Agua bonaerense menciona 10.100 sólo en la provincia; además, habría que definir una estrategia para detectar las empresas no registradas, que son muchas”, afirmó el titular de la Defensoría.
Las inspecciones efectivamente realizadas serían, “según la información aportada por la propia Acumar, 844: la ciudad de Buenos Aires inspeccionó 491 industrias y la provincia inspeccionó 353 –manifestó Mondino–; la mayoría de estas empresas fueron intimadas a cambiar o están en camino a ser sancionadas en un futuro. Y en el expediente no consta que la Secretaría de Ambiente haya aplicado ninguna sanción”.
Ante “el manifiesto incumplimiento” de las inspecciones, la Defensoría solicita al juez el cumplimiento de la sanción que había previsto la Corte Suprema, “es decir, una multa diaria en la cabeza del presidente de la Acumar, con entidad suficiente para dotarla de valor disuasivo”.
El documento de la Defensoría también cuestiona la evaluación de la Acumar sobre la calidad del agua, ya que “los informes no resultan claros, carecen de toda evaluación sobre el estado del agua y se limitan a proveer planillas con el resultado de análisis de laboratorio, sin constancias”. En cuanto a la medición de la contaminación atmosférica, “no hay siquiera un cronograma de cuándo se va a cumplir este mandato de la Corte –sostuvo Mondino–. Las autoridades de Acumar se excusan en el tiempo que requieren las licitaciones para comprar equipos, pero podrían haber hecho convenios con otros organismos nacionales, que ya disponen de equipos adecuados”.
Tampoco habría cumplido la Acumar en constituir un Sistema de Información Ambiental accesible para el público en general en Internet, ya que “lo único que ha hecho es contratar y poner en funcionamiento una página web y no un sistema de información”. Más aún, según el documento de la Defensoría, la Acumar falla como organismo de centralización, ya que “si bien surge una intensificación de las acciones de las autoridades, cada jurisdicción continúa realizando sus acciones en forma separada y por momentos descoordinadamente”; así, según Mondino, “la ciudad y la provincia tienen distintos sistemas para las inspecciones”.
El documento “resulta de las conclusiones del Cuerpo Colegiado integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Greenpeace Argentina, la Asociación de Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos”.
El 8 de julio, la Corte Suprema de la Nación había fijado plazos para que la Acumar efectuara sucesivas actividades para el saneamiento de la cuenca; el tribunal había establecido que Romina Picolotti, titular del organismo, se haría patrimonialmente responsable por multas en caso de incumplimiento. La Corte encargó a la Defensoría del Pueblo de la Nación constituir un cuerpo colegiado de control, con las ONG que participaban en la causa, y encomendó al juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el control de la ejecución de las tareas. El documento firmado por Mondino fue presentado ante este juez, quien no tiene plazos prefijados para decidir.
Juan Pablo Biondi, vocero de la Acumar, dijo ayer que el organismo no responderá directamente al documento de la Defensoría, ya que “el juez todavía no resolvió al respecto; ya hemos hecho nuestra presentación ante el juez Armella, y esperamos su resolución”.
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