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El edificio central de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 340) dejará de atender al público a partir de mañana. Desde el gobierno porteño señalaron a PáginaI12 que éste es un paso más en el proceso de descentralización de la administración pública. Sin embargo, trabajadores, organizaciones de defensa de consumidores y diputados de diferentes espacios políticos, opositores al macrismo, denuncian un posible desmembramiento del área en detrimento de los consumidores y a favor del sector privado. En la Legislatura porteña, Ivana Centenaro (FpV), titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, y Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) presentaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo se pronuncie sobre este tema. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico no dieron mayores precisiones, mientras que desde la Jefatura de Gabinete sólo indicaron que “más allá de que se suba o se baje de rango institucional a la dirección, lo que importa es cómo se atenderá a los vecinos”.
La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor depende del Ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de Francisco Cabrera, mientras que el director del área en disputa es Ramiro Masjuan. Hace quince días, la Legislatura porteña tomó nota de la decisión del macrismo, por lo que elevó varios pedidos de informes. La semana pasada, los trabajadores de atención al público de la calle Esmeralda se enteraron de que a partir de mañana comenzarán a trabajar en diferentes Centros de Gestión y Participación.
La versión que circula entre los trabajadores es la posible renuncia de Masjuan y que a partir de octubre pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete y de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a cargo de Gladys González. “Esto que parece un avance en realidad puede ser un retroceso, porque la descentralización debe acompañar el trabajo de la Dirección General. Recientemente, los ciudadanos se vieron beneficiados con una nueva Ley Nacional de Defensa de los Consumidores. Sin embargo, con estos cambios el ministro del área dice implícitamente que no defiende a los consumidores”, graficó a PáginaI12 Sandra González, titular del Centro de Educación al Consumidor.
El área que todavía depende del Ministerio de Desarrollo Económico recibió el año pasado 9428 denuncias por abusos empresariales, mientras que este año ya se contabilizan 7800. A principio de 2008, la Dirección tuvo que emitir una resolución para dar de baja 2000 expedientes vencidos durante 2006 y 2007. “Más allá del cambio de edificio, hay que tener un lugar centralizado para analizar las diferentes denuncias. No está claro si se conservará un área que tenga la capacidad de analizar todas las denuncias. La fragmentación del reclamo lleva al fortalecimiento de los grupos empresarios”, aseveró el legislador Martín Hourest.
Hasta el momento, reina la desinformación entre los 300 trabajadores de la Dirección de Defensa del Consumidor. Los empleados afectados a la atención al público (aproximadamente 100) sólo saben que a partir de mañana comenzarán a trabajar en distintos CGP. Los únicos que permanecerán en el edificio de Esmeralda son los empleados de las áreas de personal, jurídicos y mesa de entradas. Esto será hasta diciembre, cuando finalizan sus contratos.
“Una descentralización se hace durante un año, pero acá fue de una semana a la otra”, señalaron a este diario varios trabajadores. Desde el gremio Sutecba no dicen mucho, salvo que pidieron información sobre el tema y que “sólo les interesa la continuidad laboral de sus afiliados”, sin importar el área en que trabajen. La lectura que hacen desde el kirchnerismo es que el gremio no protestará demasiado, ya que Macri estaría por devolverles la obra social.
“Hasta donde entendemos, esto se hace para estar más cerca de los vecinos y ofrecer una mejor gestión de sus problemas. Incluso, los CGP ya contaban con atención a los consumidores”, argumentó el legislador macrista Gerardo Ingaramo.
Si efectivamente ocurre un pase de dependencia y se le baja el rango a la actual Dirección de Defensa del Consumidor (como especulan los trabajadores), tendría que ser aprobado por la Legislatura, tal como dice la Constitución de la ciudad. “Pero el macrismo apunta a tratarlo como un hecho consumado. Por eso pedimos que se trate ahora en la Legislatura. Es un disparate tener un órgano de control descentralizado cuando en la ciudad las empresas gozan de la concentración económica”, concluyó Hourest.
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