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En el marco de los reclamos por la baja de la edad de imputabilidad y entre marchas y contramarchas en demanda de mayor seguridad, la presidenta Cristina Fernández tuvo su pronunciamiento para zanjar cuestiones: dijo que el endurecimiento de las leyes no soluciona el problema, explicó que las fuerzas de seguridad fueron convenientemente pertrechadas, aseguró que los pilares de una sociedad son la salud, la educación y la seguridad y demandó a los jueces que se hagan cargo “de su parte”: sostuvo que “tienen los instrumentos legales para denegar libertades y excarcelaciones”.
Cristina Fernández encabezó ayer un acto en el campus de la Universidad del Salvador, en la localidad bonaerense de Pilar, donde se anunciaron distintas obras para la zona. Durante su discurso, se refirió a la situación que crispa los nervios de la sociedad en direcciones diferentes, la inseguridad, y de algún modo respondió a los reclamos, como el de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Para la Presidenta, el problema se resuelve “entre todos, todos tienen que colaborar”. Se refería a los jueces, pero, después se supo, también a los sectores de la sociedad que reclaman leyes más duras. En su discurso abordó la idea de que “la policía detiene, detiene y detiene, y la Justicia libera, libera, libera. Esto no se hace con leyes más duras, lo digo como abogada, los jueces tienen instrumentos para denegar libertades, para defender a los ciudadanos que necesitan el valor de la seguridad”.
El Gobierno ha “equipado a las fuerzas de seguridad, pero es necesario que el otro poder, la Justicia, ponga lo suyo para seguir construyendo la seguridad de los argentinos”, sostuvo Cristina, sin mencionar al tercer poder, el Legislativo, por una simple razón, que explicitó en su discurso: “No se combate la inseguridad con leyes más terribles y más duras”.
Después, abarcó el espectro social y una de las patas de la lógica del reclamo: “La integración no es fácil, sobre todo cuando los más vulnerables viven como una injusticia lo que les pasa, y los pudientes ven como una amenaza a los que no tienen trabajo. Hay que lograr la cohesión social y que los distintos sectores sociales no se vean como enemigos, sino que entiendan la necesidad de la integración”, sostuvo.
Y agregó de un lado de la balanza que “los que tienen que entender son aquellos a quienes la vida los ha favorecido. Los que no tuvieron educación, vivienda tal vez tengan menos capacidades para entender. Es obligación de los que tienen suerte poder lograr una Argentina más justa y equitativa”.
En el acto participaron, junto a Cristina Fernández, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien precisamente unos días atrás lanzó a la opinión pública la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de los 16 a los 14. También, los ministros Florencio Randazzo y Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el intente de Pilar, Humberto Zúccaro, y el rector de la Universidad del Salvador, Juan Alejandro Tobías.
Scioli mantuvo también ayer una reunión con la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo. Uno y otro ubicados prácticamente en las antípodas del discurso sobre las responsabilidades penales juveniles. Mientras que Scioli lanzó el tema de la baja, Falbo recordó hace dos días durante una entrevista radial que “en 2004 se endurecieron las leyes y no se solucionó nada”. En realidad, la reunión entre Scioli y Falbo no surgió por la coyuntura política ni como resultado de los reclamos por el endurecimiento de las leyes, sino que se había agendado como parte de las reuniones para trabajar el proyecto de reforma penal que postula el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal. Falbo calificó como “altamente positiva” la reunión y dijo que se habló sobre temas generales, aunque admitió que se abordó la nueva Ley del Fuero Penal Juvenil y las futuras reformas al Código de Procedimiento Penal.
Entre tanto, a dos días de la marcha de reclamo de endurecimiento de las leyes frente a la Municipalidad de San Isidro, se frustró una marcha convocada ayer en Plaza de Mayo, por la agrupación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi), que alcanzó a reunir unas quince personas bajo un cartel que decía: “Cristina, la inseguridad nos deja en bolas”. Por fuera de la marcha frustrada, una mujer, Elba, madre de Fernando Assales –el joven asesinado el domingo por la tarde en Moreno, cuando intentaron robarle su moto–, se presentó en la Casa de Gobierno con una nota manuscrita, pidiendo audiencia a la Presidenta.
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