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La década del ‘90 supuso la destrucción del trabajo, la privatización de la seguridad social y la marginación de miles de jóvenes. El correlato jurídico fueron las reformas penales y la restricción de atribuciones a los jueces. En la provincia de Buenos Aires, durante la gestión Ruckauf, aumentó la tasa de personas privadas de libertad, situación que generó superpoblación carcelaria. Sin embargo, el delito se incrementó.
A partir de 2003 se reinstaló un nuevo paradigma basado en la producción y la reconstrucción del trabajo y la recuperación de la seguridad social. Sin embargo, el Estado y la sociedad tienen aún una deuda con decenas de miles de jóvenes. Con aquellos que, abandonados por el sistema educativo y sin perspectivas futuras, deambulan por las calles en un presente incierto.
La seguridad se garantiza con una sociedad inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Las soluciones a “la inseguridad”, instalada mediáticamente y cuyo fin no es otro que apuntalar el temor de algunos sectores de la sociedad, lejos de resolverla la profundizan.
Se propone redoblar la seguridad en las calles, custodiar los barrios más pobres con gendarmes y bajar la edad de imputabilidad. Se propone, en definitiva, atacar a la franja más vulnerable. Culpabilizar a quienes son víctimas de la inequidad social: niños y adolescentes pobres.
Los mismos sectores que proponen estas medidas se oponen a las transformaciones estructurales en materia de equidad y seguridad social. Pongamos por caso el debate sobre la renta agraria y el reciente anuncio del ejecutivo del sistema integrado previsional.
Pretender bajar la edad de imputabilidad y aplicar a los adolescentes el régimen penal para adultos, además de inconstitucional, implica desconocer los compromisos internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos. En 1994 Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Pero además es desconocer la Ley 26.061, que hace eje en las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos con ese sector. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley 13.298, que reconoce a los niños como sujeto de derecho y que plantea la creación del fuero penal juvenil, para lo cual es imprescindible invertir en recursos materiales y humanos.
Es una deuda de la democracia generar una ley penal juvenil acorde con la legislación nacional e internacional y en concordancia con una sociedad inclusiva. En lugar de hablar del derecho a la seguridad hay que hablar de la seguridad de los derechos, y en la medida que se garantice el trabajo, la educación y la inclusión habrá una sociedad más justa y más segura.
* Ex secretario de Derechos Humanos bonaerense.
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