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El péndulo de nunca acabar volvió a moverse para el lado de la mano dura en la provincia de Buenos Aires. La Legislatura, impulsada por el gobierno de Daniel Scioli, sancionó una ley que limita las excarcelaciones y restringe severamente la capacidad de la Justicia para decidir sobre ellas. El CELS denunció que, lejos de solucionar las “legítimas demandas sociales de seguridad”, la reforma propone una salida que “reproduce las lógicas estatales represivas y que conduce a una sociedad cada vez más violenta”. El organismo de derechos humanos consideró además que se trata de una norma “inconstitucional”.
La iniciativa, que fue elaborada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, restringe las excarcelaciones para los procesados sin condena, es decir, con prisión preventiva. O en otros términos, presos que gozan –o deberían gozar– de la presunción de inocencia. Desde ahora, los jueces sólo estarán facultados para otorgar liberaciones a detenidos mayores de 70 años, enfermos terminales y mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, siempre y cuando “el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse”. La norma prevé que para el resto de los casos la morigeración a la prisión preventiva sólo podrá ser concedida en forma excepcional y previa vista al fiscal de la causa para que emita un dictamen.
La ley, que modifica unos 50 artículos del Código de Procedimiento Penal (CPP), incluye además cambios en la estructura de los tribunales orales con el objetivo de agilizar las causas en trámite en el fuero penal y acortar los plazos de juicio. Por ello, los tribunales orales en lo criminal, de tres miembros, se transformarán en juzgados unipersonales para intervenir en los delitos que contemplan penas menores a los 15 años de prisión o reclusión y siempre y cuando el imputado preste su conformidad. “Actualmente hay tres jueces que atienden una causa, lo que se propone es que sean tres jueces atendiendo tres causas”, graficó el ministro Casal al fundamentar la medida. Los tribunales seguirán estando conformados por tres jueces para los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
También establece que, si el imputado está privado de la libertad, la Investigación Penal Preparatoria que llevan adelante los fiscales no podrá exceder los dos años, salvo casos excepcionales en los que se podrá prorrogar por otros dos.
Dispone también la creación en cada departamento judicial de una Secretaría de Gestión Administrativa que tendrá, entre otras funciones, la de llevar un registro de los detenidos que cuentan con más de dos años con prisión preventiva y aún no tienen sentencia de primera instancia. La norma modifica también las facultades que tienen los particulares damnificados en los procesos penales, al dotarlos de mayor autonomía si el fiscal decide no abrir acusación contra el imputado.
Las modificaciones en el Código fueron aprobadas en el Senado con los votos de los bloques del Frente para la Victoria y de la Concertación Plural y rechazadas por las bancadas de los diputados de Recrear, UCR, Coalición Cívica y Libres del Sur.
La medida recibió un fuerte impulso oficial cuando hace unos meses se detectó que varios procesados cometían delitos al burlar el sistema de tobilleras electrónicas con el que habían sido beneficiados para gozar de la detención domiciliaria. El gobernador Scioli consideró que la reforma era necesaria para “terminar” con las arbitrariedades en materia de excarcelaciones. “Los que tienen que estar temerosos detrás de las rejas son los delincuentes y no los vecinos”, sostuvo el gobernador. Casal, por su parte, sostuvo que “en muchos casos fueron otorgadas excarcelaciones con demasiada discrecionalidad, si bien dentro del margen de la ley, esta ley achica este margen”.
El CELS, en cambio, advirtió que la norma no solucionará esos reclamos por mayor seguridad. En un comunicado emitido tras la aprobación en el Senado bonaerense, el organismo sostuvo que la ley “invierte la regla de la libertad personal durante el proceso penal”. “Con esta decisión, las autoridades provinciales nuevamente responden a las legítimas demandas sociales de seguridad mediante la acumulación de presos sin condena en cárceles superpobladas de personas que viven en condiciones inhumanas”, señaló.
“Tal como sucedió en la gestión Ruckauf/Rico/Casanovas, esta demagogia punitiva ya ha mostrado su ineficacia y conducido a una situación de crisis de enorme envergadura. Las respuestas que proponen el endurecimiento del sistema penal y la cárcel como principal solución plantean una salida que reproduce las lógicas estatales represivas y que conduce a sociedades cada vez más violentas”, advirtió el CELS.
Y destacó que “la sanción de esta ley representa un grave retroceso en la construcción de una agenda de derechos humanos consistente, a largo plazo, que genere políticas de seguridad y justicia que no se sostengan en la violación de derechos”. “Después de todos estos años, no alcanza con las políticas de memoria y persecución de los crímenes del terrorismo de Estado, si no se trabaja sobre las ‘ESMA’ del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales que limitan el poder punitivo estatal”, señaló el organismo.
Para afrontar las cíclicas críticas a los gobiernos por la situación de la seguridad, Scioli vino apelando en su mandato al supuesto de que los ladrones “entran por una puerta y salen por la otra”, es decir, que la policía hace bien su trabajo al detener a presuntos sospechosos, pero luego los jueces liberan a esas personas indiscriminadamente. Los datos sostienen lo contrario: en lo que va del año, alertó el CELS, aumentó en 600 el número de personas detenidas en comisarías.
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