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Casi el 20 por ciento de los sobrevivientes y damnificados en Cromañón sigue bajo tratamiento médico. El 46 por ciento hizo tratamientos pero más de la tercera parte lo interrumpió, en la mayoría de los casos porque “no conseguía permiso en su trabajo”. Así lo muestra un relevamiento que efectuó la Universidad de Tres de Febrero por encargo del gobierno porteño. Casi el 32 por ciento de todos los afectados sigue en tratamiento psicológico “como consecuencia de los hechos”, y casi el 62 por ciento “no realiza pero realizó” psicoterapia. En el marco de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad, empezó a funcionar un “comité de expertos” para apoyar a los profesionales intervinientes. Hoy se cumplen cuatro años de la catástrofe.
La investigación tomó como base el padrón de beneficiarios por el subsidio (de 1200 pesos para los familiares de víctimas fatales y de 600 pesos para los sobrevivientes) que reciben los afectados por el incendio del local bailable República Cromañón, del cual hoy se cumplen cuatro años. Un total de 1573 personas, que conforman el 82 por ciento de ese padrón, accedió a responder a los investigadores. “Los datos obtenidos pueden servir para focalizar abordajes asistenciales y sociales según las características específicas de los distintos sectores que componen esta población”, explicó Nicolás Cha, director de proyectos del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada de la Universidad de Tres de Febrero.
Del total, 307 personas “realizan actualmente” tratamiento médico ambulatorio “como consecuencia de los hechos del 30 de diciembre de 2004”; constituyen el 19,5 por ciento del total. Un 46,2 por ciento “no realiza pero realizó” tratamiento médico; el 24,1 por ciento “no realiza ni realizó tratamientos”; el 2,1 por ciento “no realizó consultas médicas” y para el 7,8 por ciento la pregunta “no corresponde” por no ser víctimas sino “deudos”.
La duración media de los tratamientos médicos es de 12 meses, con un máximo de 42 meses; la cuarta parte de las víctimas requirió 36 meses de tratamiento. La frecuencia del tratamiento médico requerido fue “todos los días” para el 6,4 por ciento de las víctimas; “varias veces a la semana” para el 24,1 por ciento; “una vez por semana” para el 23,8 por ciento; para el resto, la frecuencia requerida fue menor.
Sin embargo, el 34,8 por ciento de los que hicieron tratamiento médico lo interrumpió. De éstos, el 12,8 por ciento declara que no siguió porque “corría peligro su trabajo o no conseguía permiso”; el 8,3 por ciento “por falta de tiempo por cuestiones laborales”; otro 8,3 por ciento “porque se cansó de ir a hospitales”; el 4,7 por ciento “por falta de tiempo”, otro 4,7 por ciento “por falta de ganas” y el 4,4 por ciento “por falta de dinero”. Sólo el 11,7 por ciento dejó “porque se sentía mejor”.
El 31,9 por ciento de los damnificados “realiza actualmente” tratamiento psicológico “como consecuencia de los hechos”. El 61,9 por ciento “no realiza pero realizó”. La duración media de estas terapias fue de 23 meses. En el 60,7 por ciento de los casos la frecuencia fue “una vez por semana”; el 26,8 por ciento fue al psicólogo “varias veces a la semana” y el 1,6 por ciento “todos los días”. El 38,5 por ciento fue a “psicólogo particular”, el 11,2 por ciento fue al servicio de emergencias del Hospital Alvear y el resto, a otras instituciones.
En cuanto a tratamiento psiquiátrico, el 12,6 por ciento todavía lo “realiza actualmente”; el 31,3 por ciento “no realiza pero realizó” y el 55,9 por ciento “no realiza ni realizó”. La duración media de los tratamientos psiquiátricos llega a 12 meses. El 16,1 de los pacientes fueron a “psiquiatra particular” y el 12,3 por ciento al Alvear.
El 22,1 por ciento de los hogares de los damnificados está “bajo la línea de pobreza” y el 6,6 por ciento “bajo la línea de indigencia”. Según una caracterización más específica, también incluida en la investigación, el 8,4 por ciento vive en “pobreza crónica”; el 7,3 por ciento padece “carencias estructurales”; el 13,7 por ciento padece “pobreza reciente”, y al 70,6 por ciento restante se lo considera “integrado socialmente”. Cha observó que “este perfil socioeconómico es parecido al perfil general de la población del área metropolitana”.
En cuanto al nivel educativo, el 8,1 por ciento de los afectados tiene “primario incompleto”, el 22,3 “primario completo”; el 22,4, “secundario incompleto”; el 20,3, “secundario completo”; el 4,2 por ciento “terciario incompleto”; el 5,3 “terciario incompleto” y el 8.9 por ciento “universitario completo”.
Helio Rebot –subsecretario de Derechos Humanos del gobierno porteño– señaló que “el relevamiento sirve para plantear un programa que pueda dar respuesta a las necesidades específicas de cada persona”. En estos días comenzó a funcionar “un comité de expertos, presidido por Moty Benyakar, director del Programa de Formación para Intervenciones en Desastres de la Asociación Mundial de Psiquiatría, al cual podrán recurrir todos los profesionales que intervienen con esta población”, destacó Rebot.
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