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La Justicia federal de Quilmes detuvo a un ex cabo de la Bonaerense, uno de los cuatro prófugos en la investigación por el secuestro de Leonardo Bergara, y el tercero detenido (el cuarto fue liberado por falta de mérito) en el caso que ya lleva más de 3200 folios de expediente. Además, allanó la sospechada comisaría 1ª de ese partido, la más céntrica, ante la breve sorpresa de circunstanciales testigos y el peligroso acostumbramiento de los vecinos. El nuevo detenido, el ex cabo exonerado de la Bonaerense Néstor Daniel “el Oreja” Ocampo, viene a confirmar la hipótesis de que se trata de una banda mixta: mitad bonaerenses, mitad ex bonaerenses. Durante la mañana será indagado. Ayer no fue reconocido en rueda de presos por un albañil que trabajaba en la casa de los Bergara. Además, dos Renault 9 supuestamente utilizados por la banda no fueron identificados por dos de los albañiles ni por la esposa de Bergara. Entretanto, el juez federal Luis Armella firmó el procesamiento del teniente Víctor Vega, y el teniente Maximiliano Costa seguirá detenido por el momento.
Del Oreja Ocampo, de 45 años, poco se puede decir de su devenir con uniforme, porque llegó a cabo y quedó afuera. Preventor de raza, según fuentes policiales, lo exoneraron el 20 de febrero del ’90 mientras revistaba en la 3ª de Varela, acusado de asociación ilícita, robo reiterado, privación ilegítima de la libertad y adulteración de documento público. El Oreja era uno de los cuatro buscados en la causa que ya lleva más de 16 cuerpos (a razón de 200 folios cada uno).
Con defensa oficial (la defensora federal Sandra Pesclevi), Ocampo fue enfrentado a una rueda de reconocimiento ante uno de los testigos del secuestro, un albañil que trabajaba en la casa de los Bergara, pero que no lo reconoció como uno de los cuatro hombres vestidos de policías y enmascarados que secuestraron a la pareja Bergara el 22 de diciembre pasado, para luego liberar a la mujer.
Hoy, durante la mañana seguramente, Ocampo será indagado por el juez Armella y la fiscal federal Silvia Cavallo. La defensa tendrá sus complicaciones: con el secreto de sumario dictado, podrá aconsejar a Ocampo con monosílabos ya que por el momento nadie tiene acceso al voluminoso expediente. Lo mismo ocurrió un día antes con el defensor de Maximiliano Costa, el teniente del servicio de calle de la vapuleada comisaría 1ª, porque aparece en una escucha de un llamado de los secuestradores en que le preguntan “¿qué pasó con la comida del chancho?”, que podría significar un código para mencionar al secuestrado. Costa, asesorado por el abogado Diego Martín Alvarez –quien fue víctima de un secuestro en 2007 a manos de un primo–, de todos modos se declaró inocente.
Los pasos de la investigación sorprenden. Ayer, en la búsqueda de los prófugos y de la propia víctima, se realizaron 14 allanamientos hasta detectar al Oreja en uno de ellos.
De todas formas, de los operativos el más llamativo fue el allanamiento a la comisaría 1ª. Se sobreentiende que para realizar semejante operativo, en pleno centro, a una cuadra de la plaza principal, la fiscal Silvia Cavallo y el juez Luis Armella deberían contar con datos firmes. Como aseguraron el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y el jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, las detenciones –y ahora el allanamiento a la 1ª– tienen “carácter preventivo y no quiere decir que toda la fuerza esté bajo la espada de Damocles”. Lo que ambos funcionarios prefirieron no mencionar ni recordar es que el carácter preventivo se está aplicando sobre fuerzas dedicadas a la prevención. El caso es grave y la situación, no lo es menos: se trata de un secuestro extorsivo, un caso semejante a tantos otros casos que se utilizaron para batir el parche de la mano dura. En este caso, la diferencia es notoria.
Lejos de batir el parche de la inseguridad –como el mismo gobierno bonaerense hizo a fines del año pasado para impulsar la vigésima reforma al Código Procesal Penal–, ahora murmurar la idea de inseguridad representa una invitación a su propia inseguridad política: una fuerza destinada a la prevención contra la inseguridad debe ser protegida bajo el argumento de que todo el andamiaje de una investigación que tiene a parte de sus integrantes en el centro de sus sospechas (apenas siete u ocho, un jefe liberado con falta de mérito y media comisaría involucrada) es apenas un plan de “carácter preventivo”.
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