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Anoche, un grupo de vecinos de Recoleta celebró con una choriceada en plena calle el final exitoso de su reclamo: el retiro de los parquímetros y tickeadoras para estacionamiento medido en las calles de ése y de otros barrios de la ciudad. Otros vecinos fueron por más: reclamaron la anulación de las multas confeccionadas en los lugares ahora inhabilitados y la devolución del dinero a quienes hubieran pagado la infracción. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, justificó el fin del estacionamiento medido en esos lugares al señalar que “estaban a prueba” pero avaló la legitimidad de las infracciones sancionadas.
“Si Macri hizo una pruebita y le salió mal, los vecinos no tienen por qué pagar sus errores”, dijo a Página/12 el abogado Javier Miglino, representante de la agrupación Malditos Parquímetros, que ayer por la mañana hizo el pedido formal en la mesa de entradas del gobierno porteño para que se anulen las multas. Miglino estimó que habría en trámite unas 1600 infracciones pero dejó en claro que el reclamo no incluye el monto pagado por el acarreo del vehículo que, en rigor, es más oneroso para el infractor: la multa por mal estacionamiento, con pago voluntario, es de 35 pesos, pero para liberar el vehículo que se ha llevado la grúa, el conductor debe abonar 190 pesos a la empresa concesionaria.
En noviembre último, el gobierno porteño dispuso que las empresas SEC y STO, concesionarias del servicio de estacionamiento medido, habilitaran 1900 nuevos espacios para estacionar mediante el sistema de ticket, a razón de 1,40 peso la hora, en San Telmo, Balbanera y Recoleta. En esos lugares, hasta entonces, los automovilistas podían estacionar sin pagar un peso.
La concesión a esas empresas está cuestionada ya que venció en 2001 y desde entonces sigue vigente por sucesivas prórrogas. Se trata de un negocio redondo para las empresas, que pagan un canon mensual de 1000 pesos a la ciudad y embolsan un estimado de 500.000, en concepto del cobro de fichas y acarreos. El contrato está siendo investigado por la Auditoría porteña.
La medida generó la reacción de los vecinos, primero en San Telmo y luego en Recoleta, un bastión electoral del macrismo. “El 13 de enero, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, nos dijo que los parquímetros no se sacaban”, recordó ayer Miglino. Dos semanas después, el gobierno anunció el fin de la experiencia que ayer Macri calificó como “una prueba que se llevó a cabo durante 90 días”.
Los vecinos nucleados en la agrupación No a los Parquímetros, que protagonizó cortes de protesta en la avenida Pueyrredón, celebraron ayer el triunfo con una choriceada en la esquina de la calle French, donde no faltó el vino y el champán. El grupo no parecía demasiado preocupado en pedir la anulación de las multas sancionadas. “Después de todo, el vecino que dejaba el auto sin ticket sabía que estaba cometiendo una infracción”, razonaban.
Por lo pronto, Macri anunció ayer que, finalizada la prueba, en unas semanas, “vamos a prever todo un sistema de estacionamiento nuevo en toda la ciudad”. “Habíamos puesto los parquímetros por 90 días de prueba. Terminaron el 31 de enero, y ahora sacamos nuestras conclusiones”, dijo el jefe de Gobierno. “Vamos a preparar un pliego. La prioridad es el peatón y segunda el transporte público. El automóvil no es prioridad ni acá ni en el mundo”, indicó.
Ningún otro funcionario quiso hablar de la posible anulación de las multas. En algunos despachos, en estricto off the record, reflexionban que en cualquier caso debía ser un controlador de faltas el encargado de anular el acta, si correspondiere, e incluso, ordenar la devolución del importe pagado por acarreo.
En otros despachos recordaban el fallido contracarril en Rivadavia, a la altura de Jean Jaurès, que no resistió más de tres horas a la congestión de colectivos, y se preguntaban si no era demasiado costo para el gobierno encarar medidas poco estudiadas, una suerte de “ensayo-error” que generaban protestas y obligaban, una vez más, a rever la decisión adoptada.
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