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La elección de los nuevos cargos en la Defensoría del Pueblo se hizo el 12 de febrero, pero la polémica no terminó. Graciela Muñiz, defensora adjunta reelecta, envió una carta documento al titular de una ONG que defiende los derechos de personas discapacitadas. Le pidió de esa forma que se retracte de los términos de la impugnación que había presentado contra ella en octubre, cuando se hizo la audiencia pública previa, como marca la ley, a la elección de los defensores. Y amenazó, en caso contrario, con iniciarle “acciones penales y civiles”. Tras considerar que “esa actitud atenta contra la libre expresión y el derecho de criticar la gestión de cualquier funcionario”, el titular de la Fundación Rumbos –la ONG aludida–, Eduardo Joly, reclamó a la Legislatura la remoción de la defensora recién designada. “Nuestros derechos peligran cuando una defensora adjunta se comporta contraria al mandato para el que fue electa”, argumentó. La organización logró la adhesión del Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, que solicitarán una sanción contra la funcionaria.
Muñiz ya se venía desempeñando como defensora adjunta desde 2004. Trabajaba desde entonces en el área de deportes y discapacidad de la Defensoría. Al presentarse por un nuevo mandato, postulada por el bloque Diálogo por Buenos Aires (ibarrista), se sometió, al igual que todos los candidatos, al veredicto de la Junta de Etica de la Legislatura. En audiencia pública, las fundaciones Rumbos y Red impugnaron a Muñiz como candidata, pero los cuestionamiento fueron desestimados por los legisladores. Finalmente, Muñiz resultó reelecta en febrero. Y el 25 de marzo envió la carta documento a Rumbos.
¿Por qué, cinco meses después, Muñiz reacciona contra uno de quienes la cuestionaron? “Porque me sacaron el tema discapacidad, que es mi especialidad, y me asignaron la defensa de los clientes bancarios”, respondió la defensora adjunta, que atribuyó ese cambio a los cuestionamientos de la Fundación Rumbos. Muñiz es docente especializada en educación especial.
Ahora, el área de discapacidad de la Defensoría no tiene adjuntos a cargo, pero continúa funcionando el Centro de Atención a Personas con Necesidades Especiales (Capne), a cargo de la abogada Isabel Ferreira, quien justamente había sido propuesta por Rumbos como candidata a la adjuntía.
“Estamos todos sorprendidos por lo que ha pasado. Porque el que tiene la misión de defender derechos no puede amenazar con un juicio”, se limitó a decir Alicia Pierini, la titular de la Defensoría, ante una consulta de este diario.
Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, dijo a Página/12 que la actitud de Muñiz “es un antecedente horrible en materia de libertad de expresión, sobre todo en relación con un mecanismo de participación de la sociedad civil, como son las audiencias públicas y la posibilidad de impugnar a un candidato”.
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), la crítica a la función pública está protegida, no puede derivar en un juicio por calumnias”, argumentó Pochak.
La Fundación Rumbos había presentado el 7 de octubre una impugnación contra Muñiz ante la Junta de Etica de la Legislatura, basada en ocho puntos. En uno de ellos, advertía sobre un posible “conflicto de intereses” ya que desempeñó el puesto “mientras su marido ocupaba uno de los cargos políticos más altos en el Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra”. La fundación sostenía que “no sorprende la inacción de la profesora Muñiz en el cumplimiento de sus funciones con relación al control que debía efectuar sobre el accionar del Poder Ejecutivo”. Muñiz es la esposa de Raúl Puy, quien fue vicejefe de Gabinete de la gestión Ibarra.
“Hice actuaciones y advertencias a la gestión de Ibarra, y presenté la documentación que lo respalda”, se defendió Muñiz. “Me están acusando de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es un delito, y tengo que defenderme”, se justificó la defensora.
Lo cierto es que la Junta de Etica desestimó las impugnaciones y elevó el pliego de Muñiz, junto a los de los otros candidatos. Y después de prolongadas negociaciones, la candidata entró en el acuerdo político interbloques que permitió reelegir a Pierini y designar a los cinco adjuntos: Atilio Alimena (también reelecto) Gerardo Gómez Coronado, Andrés Eliseche y José Palmiotti, además de Muñiz.
¿En qué puede terminar este conflicto? Andrea Pochak, directora ejecutiva del CELS, dijo a este diario: “No conocemos a la Fundación Rumbos, pero respaldamos su pedido. Si Muñiz no se retracta públicamente, vamos a promover su renuncia o separación, porque una defensora que amenaza con un juicio por una crítica a su gestión no puede desempeñar ese cargo”. Así como fue designada por la Legislatura, la adjunta sólo puede ser removida de su cargo o sancionada por ese cuerpo.
Fuentes de la Legislatura relataron a Página/12 que desde hace tiempo existe un conflicto entre Pierini y Muñiz, que se prolongó hasta el momento en que ambas resultaron reelectas. Los mismos voceros confiaron que ésa fue una de las causas de la demora en los nombramientos –que debieron hacerse en diciembre– junto con los cuestionamientos a Palmiotti. Y que finalmente se cerró con un acuerdo no escrito según el cual Muñiz accedería en quinto lugar, por lo cual le correspondería la adjuntía creada en último término: la defensa de los clientes bancarios, lo que finalmente ocurrió.
Muñiz ve en ese cambio de atribuciones la mano de Pierini. “Es llamativo que la persona que quedó en el área discapacidad sea la doctora Isabel Ferreira, que era la candidata de Rumbos”, dijo. Y lamentó que esa área haya quedado sin una adjuntía a cargo.
Pierini, por su parte, replicó que “esa área no está vacante, la doctora Ferreira se ocupa del tema desde que la designó Alicia Oliveira”, su antecesora. Joly, por su parte, consideró que “es preferible que no haya una adjuntía para el área de discapacidad a que esté una persona que hace las cosas mal”.
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