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“Empezaron a vender ‘falopa’ desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”, dijo días atrás el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en alusión a los edificios de la traza de la ex AU 3, la autopista que nunca se construyó, a la altura de Villa Urquiza y Villa Ortúzar. A raíz de esas declaraciones, los vecinos que viven en ese sector presentaron una denuncia por discriminación ante el Inadi. “Macri nos acusa y agrede permanentemente. En realidad, lo único que le interesa es desalojar a los habitantes para poder hacer su negocio inmobiliario”, dijo Alberto Lacuesta, uno de los más de 50 vecinos que presentaron la denuncia “por injurias discriminatorias contrarias a las leyes, a la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Macri hizo esas declaraciones a un programa radial después de que la jueza Elena Liberatori suspendiera nuevamente los desalojos “administrativos y compulsivos” que la gestión PRO pretende llevar a cabo sobre las viviendas de un sector de la traza.
Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno, la titular del Inadi, María José Lubertino, fue contundente: “Son declaraciones estigmatizantes. Generalizó a las personas de un barrio por el solo hecho de vivir ahí. Es como el muro que hizo el intendente Gustavo Posse en San Isidro”.
En declaraciones a una radio, el jefe de Gobierno se refirió a los vecinos de la ex AU 3 como “narcos” y “delincuentes”. “El puntero, el amigo, empezó a traer gente de todos lados (a esas viviendas)”, dijo. También utilizó un lenguaje despectivo al referirse a las viviendas que construyeron los habitantes de la ex traza como “chozas”.
El conflicto afecta a las viviendas que fueron expropiadas durante la dictadura para construir una autopista, que nunca se hizo. Las viviendas de-socupadas fueron habitadas por familias que las ocupan hasta la actualidad. Ahora, el gobierno porteño pretende desalojarlos para destinar el lugar a un emprendimiento inmobiliario privado.
“El jefe de Gobierno siempre se refirió a no-sotros en forma peyorativa, para él somos vendedores de drogas y promotores de la delincuencia en el barrio”, dijo Lacuesta. “Pero sólo habla así de los vecinos que habitamos el sector 5. Porque ése es el lugar donde quiere hacer el negocio inmobiliario.” El tramo codiciado está entre las calles Donado y Holmberg, desde Avenida de los Incas hasta Congreso. “No nos queda otro camino que denunciarlo. Hay una ley que no respetan, no envían los funcionarios adecuados para discutir las propuestas que presentamos y nos amenazan con desalojos. Y, cuando todo eso no es suficiente, nos difaman públicamente”, se quejó Lacuesta.
Según Natalia Belmont – abogada patrocinante de los vecinos–, “Macri diferenció a los habitantes de la traza de los otros vecinos del barrio: ellos son ocupantes y los otros, dignos inquilinos o propietarios”. Lacuesta desmiente esa suposición: “Mi primer contrato de alquiler data del año 1983. Desde entonces pago todos los meses un canon a la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad”, aseguró.
Para Lubertino, existe una situación más grave aún que la estigmatización. “No sólo se discrimina verbalmente sino también y, sobre todo, con su desentendimiento, como funcionario público, en lo que respecta a la política de vivienda”, reflexionó. Lo esencial, entonces, “es que los desalojos de Macri y su grupo de choque, la UCEP, son ilegales. A nadie se lo puede desalojar sin una orden judicial y, menos aún, sin proveerles antes una vivienda digna”.
Informe: Mariana Seghezzo.
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