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El comisario mayor retirado Carlos Arturo Kevorkian fue designado el 23 de abril como coordinador general de la Policía Metropolitana sin que se reparara en un dato esencial: está imputado en un sumario disciplinario de la Policía Federal por serias irregularidades en un operativo a su cargo y que ocasionó la muerte de Fernando Blanco, de 17 años, hincha de Defensores de Belgrano. El 25 de junio de 2005, la víctima sufrió graves heridas mientras lo detenían a la salida de un partido de fútbol. Dos días después falleció. Casi cuatro años más tarde, al nuevo funcionario lo espera un destino jerárquico superior al de una comisaría. Tiene que poner en funcionamiento la nueva fuerza de la ciudad. Acaba de ser nombrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño por la Resolución 330, que se difundió en el Boletín Oficial.
El fiscal Ricardo Renom, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 4 –quien interviene como parte acusadora en el sumario contra Kevorkian, el comisario Fernando Gabela, el otro responsable del operativo, y varios policías más–, informó a Página/12 que se trata de “una actuación disciplinaria interna de la Policía Federal en la que, por una medida cautelar dispuesta por la Justicia, la fiscalía ha podido formular cargos por irregularidades cometidas en el operativo del 25 de junio de 2005”.
Juan Carlos Pinto, uno de los abogados de la familia Blanco, recordó otro dato revelador: en el juicio penal que se sigue contra Mario Lagoria, el único policía que quedó con procesamiento firme en la causa, se constató mediante una filmación periodística que Kevorkian, vestido de civil, amenazó a los hinchas de Defensores que salían del partido contra Chacarita. “Te hago cagar a palos, ¿cuál es el problema?”, dijo el letrado que el policía le espetó a un simpatizante del club a la salida del estadio de Huracán, donde se produjo el operativo tras el encuentro que definía un descenso.
El problema en que no reparó el jefe policial fue que, por los fuertes golpes recibidos, Fernando sufrió fracturas de cráneo, contusión cerebral y hemorragia meníngea. Había sido uno de los tantos hinchas apaleados por la Guardia de Infantería y efectivos de civil que calzaban manoplas mientras les realizaban un pasillo chino (esa especie de desfiladero humano en el que se circula en un solo sentido y sin posibilidad de salir, para pegarles con lo que se tenga a mano).
La Resolución 330 del ministro porteño Guillermo Montenegro señala en su encabezado que “se designa responsable de la coordinación general para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana”. Y además, precisa en su único artículo el nombre del elegido para el cargo y las tareas que le encomiendan: “Asígnase al Comisario Mayor (RE) de la Policía Federal Argentina Carlos Arturo Kevorkian, DNI 10.431.296, la función de coordinación general de las actividades preparatorias e indispensables para la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana, hasta tanto se designe el/la Jefe/a de la Policía y el/la Rector/a del Instituto Superior de Seguridad Pública, oportunidad en que caducará la vigencia de la presente resolución”.
Azorado por la designación del comisario, Angel Blanco, padre de Fernando, recordó que aquel 25 de junio del 2005 “todo fue un desastre y se trató de una emboscada. El público de Defensores era visitante, su equipo había perdido el partido por el descenso y en lugar de salir primero del estadio permaneció cuarenta minutos retenido. Pienso que quienes designaron al responsable de un operativo semejante para coordinar a la Policía porteña tendrían que haber evaluado estos antecedentes y que hay una causa por homicidio. Tal vez lo nombraron porque es un buen represor. Pero parece que nadie se da por enterado”.
La causa 32.902/5 a la que alude Blanco acaba de ser devuelta por la Cámara de Casación al Juzgado de Instrucción N° 26 a cargo de Mariano Scotto. Una fuente de su despacho dijo a Página/12 que “el expediente regresó la semana pasada con la decisión del Tribunal de Casación de no hacer lugar al recurso interpuesto por el fiscal contra el sobreseimiento de dos policías dictado por la Cámara de Apelaciones”. La explicación la completó recordando que “a los dos uniformados se les había dictado en primera instancia el procesamiento por vejámenes. Pero ahora, el único que quedó con procesamiento firme es Lagoria, el chofer del celular que conducía a Blanco después de haber sido detenido”.
El expediente está caratulado “Lagoria Mario/sobre homicidio culposo y evasión”. Esta última tipificación alude a que Blanco fue introducido en uno de los dos celulares (interno 9186, marca Iveco, patente AII 954) que llevaba apresado a un número indeterminado de detenidos que nunca llegaron a la comisaría 28ª. Sus padres, Angel y Clara, cuestionan los resultados que arrojó la instrucción: que Fernando murió por la presunta caída de ese vehículo, como sostiene la Federal. Para ellos falleció por los golpes que recibió antes y por la mala atención posterior. La causa la tuvo primero el juez subrogante Horacio Azzolín y luego pasó a manos de su colega Scotto, que lo sucedió en el Juzgado 26.
Para el matrimonio Blanco, lo más creíble es que a su hijo le pegaron con algún objeto contundente en la cabeza y luego lo arrastraron de los pelos hasta el transporte de detenidos, como se observa en imágenes tomadas por el programa de América 2, Cámara Testigo (ver aparte). La investigación de la causa estuvo desde un primer momento a cargo de la propia Policía, los testigos que declararon –en su mayoría– fueron aportados por esa fuerza de seguridad y la instrucción no refleja con precisión los pormenores de la golpiza fuera del estadio. Clara contó cuatro meses después de perder a su hijo que uno de los testigos propuesto por su familia es un joven que salió de la cancha tomándole la mano y que sufrió problemas psicológicos por la represión policial. “Quedó muy mal de ver cómo le pegaban a Fernando”, señaló en una nota de Página/12 el 26 octubre de 2005.
Tres días después del crimen, el entonces presidente Néstor Kirchner aludió al caso en un acto por los caídos de la Policía Federal. “Que ningún procedimiento errado o equivocado o alguna mala actitud de sus hombres empañen el tremendo esfuerzo que nuestra Policía Federal está haciendo para dar la seguridad que los argentinos merecemos.”
En aquel momento, desde la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Subsef) que conducía el ex árbitro Javier Castrilli se precipitaron a decir que Blanco había resistido la detención, que forzó la puerta del celular y se arrojó a la calle. Su superior, el por entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, había recibido a los padres de Fernando, asegurándoles que iría hasta las últimas consecuencias con la investigación de su muerte. Pero tiempo después de que el funcionario decidiera la separación preventiva de dos policías involucrados en el caso, Pinto, el abogado de la familia, adujo tener problemas con que el Juzgado 26 aceptara a los testigos aportados a la causa y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se topó con dificultades para intervenir de oficio en el sumario disciplinario instruido por la Policía Federal.
“Nos presentamos en el sumario porque nos habilita el artículo 49 del Ministerio Público. Pero en la comisaría nos rechazaron como parte invocando que el sumario lo había iniciado la Policía Federal, un hecho que después repitió el Ministerio del Interior. Entonces, como Fiscalía interpusimos una acción contenciosoadministrativa y la Justicia en primera instancia nos habilitó con una medida cautelar a formular cargos en el sumario. El Ministerio del Interior apeló el fallo y ahora resta conocer la decisión de la Cámara”, señaló el fiscal Renom.
El comisario mayor Kevorkian, designado por el gobierno porteño gracias al decreto 342/09 y la Resolución 330 de su Ministerio de Justicia y Seguridad, nunca declaró en la causa 32.902/5 por el homicidio de Blanco, aun cuando había estado al frente del operativo policial que terminó con su muerte. Desligado de la acción penal que inició la familia del joven muerto, sólo le resta salir indemne del sumario interno en que está imputado en su propia fuerza. Un detalle que pasó inadvertido para el jefe de Gobierno Macri y el ministro Montenegro en el armado de la incipiente Policía Metropolitana.
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