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La Corte Suprema de Paraguay cerró un ciclo que amenazaba con dejar impune el incendio que, por acción humana, derivó en trampa mortal para cerca de 400 personas y provocó heridas graves a otras 700, al dictar el miércoles las condenas a los responsables. Doce años por haber dado la orden de cerrar las puertas, diez por haber supervisado que se cumpliera, cinco por haber clausurado el lugar: ésas fueron las penas que, respectivamente, recibieron Juan Pío Paiva, propietario del centro comercial Ycuá Bolaños, su hijo y socio Víctor Daniel, y el jefe de seguridad del lugar, Daniel Areco. La sentencia llegó al anochecer, a poco de cumplido el quinto aniversario del día en que los Paiva evitaron que más de mil clientes del shopping salieran del lugar, en llamas por una explosión en la cocina, para que no se fueran sin pagar. Sobrevivientes y familiares de víctimas celebraron en las calles el fallo, inapelable, que revirtió un anterior fallo de segunda instancia por el cual los acusados habían sido sobreseídos. La Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños calificó el fallo como “justicia a medias”, porque los acusados merecían los 25 años de la condena máxima.
El alivio ante la disipación de la impunidad que se cernía sobre el caso llegó, inclusive, a ser expresado por la propia ministra de la Niñez y la Adolescencia, Liz Torres, quien declaró que “los años de prisión que les dieron no son suficientes, pero con este fallo al menos se reconoce que hubo culpables”.
La preocupación por la suerte judicial de lo que en Paraguay se conoce como caso Ycuá Bolaños había alcanzado, en meses anteriores, al propio presidente Fernando Lugo. No sólo declaró, mediante decreto nacional, al 1º de agosto –el día en que ocurrió la tragedia– como Día de la Solidaridad y la Memoria, sino que, además, a fines de julio había hecho pública una carta al titular de la Corte, en la que pedía que no se extinguiera la posibilidad de acción penal sin haber hecho nada, porque su función era empeñarse en esclarecer lo sucedido “determinando las responsabilidades que en estricta justicia correspondan”, y no dar “un motivo de decepción hacia el sistema de justicia y la democracia representativa, participativa y pluralista”.
Luego de dictada la sentencia, sin embargo, los condenados permanecían en libertad. “Paiva (padre) está en un lugar seguro, a disposición de la Justicia” y “no se le ha pasado por la mente una fuga”, mientras que su hijo se encuentra en Buenos Aires, donde se está sometiendo a un tratamiento médico, y tenía previsto regresar a Asunción el sábado, informó el abogado de los responsables de las muertes y las heridas, Luis Escobar Faella. Tras las celebraciones callejeras, sobrevivientes y familiares de víctimas acudieron al Palacio de Justicia para reclamar la detención inmediata de los reos. Otro grupo, en cambio, se concentró frente a la residencia de los Paiva, en donde depositaron 400 crucifijos y 400 candelas encendidas. Acompañaron el recorrido con un único cántico: “Asesino, asesino”.
Los Paiva y Areco “inmediatamente deben volver a la cárcel de donde nunca debieron haber salido”, declaró la ministra Torres, quien al asumir esa perspectiva pareció ubicarse cerca de las posiciones de los sobrevivientes y familiares de víctimas. La insatisfacción signó de manera más contundente otras respuestas a la sentencia, como la del dirigente de la Coordinadora de Víctimas Roberto Almirón, quien reaccionó con indignación ante lo que consideró “una migaja de justicia”. “Nuestros seres queridos valen mucho más que esto”, agregó.
En respuesta, el abogado de los Paiva eligió situar a sus clientes en un contexto de victimización, y denunció que Lugo había realizado “presiones directas” sobre el presidente de la Corte, por lo que prometió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
La decisión de la Corte Suprema paraguaya revocó la sentencia de un tribunal de segunda instancia que había liberado de culpa y cargo a los mismos hombres responsables, al tiempo que, con su sentencia, ratificó la que había dictado otro tribunal en primera instancia. Además de los Paiva y Areco, hubo un cuarto condenado: el administrador del centro comercial Humberto Casaccia, sentenciado a dos años y seis meses de cárcel. Los acusados ya cumplieron, en realidad, tres años de la sentencia de primera instancia, pero en diciembre del año pasado fueron liberados, luego de que un fallo de segunda instancia declarara la “falta de pruebas”.
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