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Las fuentes, tres integrantes del comité que asesora al jefe de Gabinete en el tema drogas, rebosan optimismo. Y no sólo por el reciente fallo Arriola de la Corte Suprema que declara inconstitucional penar la tenencia para uso personal. Este martes habrá un encuentro entre los asesores y los diputados que integran las comisiones que deberán analizar los proyectos de reforma de la política de drogas. Irán con los textos bajo el brazo y varias propuestas para reorganizar el esquema gubernamental existente en la materia. “Vamos a entregar un cronograma de los puntos saliente en políticas públicas y los diseños normativos, en adelante dependerá de ellos cambiar esta legislación inhumana”, comenta uno de los expertos. El eje de la propuesta está en la atención sanitaria, que incluye el relanzamiento del Cenareso como autoridad de aplicación.
Como adelantó Página/12, habrá una reforma penal que tendrá la letra chica del fallo de la Corte, es decir, que no importará tanto la cantidad de drogas que se le encuentre a un usuario, sino la finalidad: si se comprueba que hay venta, habrá castigo, si es tenencia para fines personales no. El texto definitivo de la parte penal será acordado por el comité el próximo 11 de septiembre. La parte sanitaria, considerada como urgente por los especialistas, se divide en dos proyectos: uno se titula “Plan integral de atención, prevención, asistencia e inclusión en el campo de las adicciones”; el otro se centrará en una reforma a la asistencia e internación.
“La exposición de motivos del plan integral se fundamenta, legalmente, en los distintos instrumentos de derechos humanos reconocidos internacionalmente. En principio, se deberá garantizar la accesibilidad y gratuidad. Es el mensaje del Poder Judicial, el fallo Arriola exhortó a adecuar la legislación en este sentido”, comenta una de las fuentes. En cuanto a la asistencia e internación, el fundamento también emana de una pieza jurídica de la Corte, el fallo “R.M.J. sobre Insania” del 2008.
En ese fallo se habla sobre una persona con problemas de drogas que es rechazada por los centros médicos y rebota por varias instituciones, sin que quieran atenderlo. La defensora fue apelando por la urgencia del caso: la persona tenía además algunos problemas mentales. Lo que se violaba era el acceso a la salud. En el texto figura un largo catálogo de marcos normativos, nacionales e internacionales sobre atención y asistencia de las adicciones legales e ilegales. Uno de los integrantes los lee y comenta en voz alta:
- El paciente tiene derecho a ser informado de su diagnóstico, cosa que muchas veces no pasa, y a elegir el tratamiento menos riesgoso.
- Tiene derecho a un examen médico autorizado por las autoridades sanitarias. Se reconoce el derecho a la persona a rechazar un tratamiento que vulnere sus derechos, esto es central.
- También tiene derecho a recibir los medicamentos adecuados tendientes a la cura o mejoría; los retardos en la internación deben cesar si no son justificados.
- Tiene derecho a la continuidad del tratamiento, a la farmacología adecuada para evitar la medicación que ahora es suministrada como un castigo, el famoso “chaleco químico”.
- Tiene derecho a un registro detallado y preciso sobre el tratamiento. Y a la confidencialidad, incluso después del alta.
Parte de estos fundamentos se volcarán en lo que respecta a la reforma de las internaciones con un punto de vista bioético distinto. “El tratamiento en ningún caso puede ser denigrante”, aclara la fuente. “La internación no puede ser la primera estrategia”.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y no la cuestionada Sedronar, la secretaría de drogas. El organismo de esa cartera que será tutor y asesor en la materia será el Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso). “Hay que relanzarlo, haciendo una adecuación y ampliación de sus facultades”, afirma una asesora.
El proyecto restante es sobre lavado de dinero y bienes decomisados. Los objetivos serán perseguir la criminalidad económica, el narcotráfico, las redes de comercialización, la corrupción, los grandes fraudes y la trata de personas. Para ello se contempla la creación de una dirección de bienes incautados, con un régimen que obligara a los jueces a investigar la ruta de los bienes. La dirección será manejada por el Ministerio de Justicia, el Banco Nación y la Corte Suprema.
“Vamos a enfatizar además la necesidad de tratar en profundidad el problema del alcoholismo y apurar el proyecto de regulación de expendio de medicamentos de venta de libre, que tiene media sanción y está parado en el Senado”, desliza una de las fuentes. Otro especialista recuerda que la oposición reclama un plan de drogas. “Bueno, se lo vamos a dar”, adelanta la fuente. “El plan va a ser desde 2010 al 2015, para que no se evapore si hay cambio de gestión. Además vamos a proponer una comisión nacional en materia de políticas públicas de drogas, integrada por diputados y senadores. El tema incluye todas las sustancias, tabaco, alcohol y medicamentos también”.
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