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OPINION
Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 tuvo lugar una visita que trajo esperanza a amplios sectores de la sociedad y en especial a las víctimas del terrorismo de Estado. Gracias a la lucha incansable de los familiares de los detenidos, a la presión internacional y a las extenuantes negociaciones con la dictadura militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) logró ingresar en nuestro país y constatar la organización criminal que, desde el Estado, se había montado en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. A través de entrevistas, denuncias e inspecciones en centros de tortura como la ESMA –que habían sido modificados estructuralmente para evitar que se verificaran las denuncias–, la violación sistemática a los derechos humanos adquirió mayor visibilidad mundial y las víctimas de la represión sintieron que no estaban solas en su lucha. Esta semana se conmemoran 30 años de esa histórica visita, un hito en la lucha por la recuperación del estado de derecho. A pesar del temor reinante, y en el marco de una campaña de desprestigio y hostigamiento hacia la CIDH y las organizaciones de derechos humanos, la presencia del organismo internacional permitió que un sinnúmero de personas se acercara a las oficinas que se instalaron en la sede de la OEA, en Avenida de Mayo, para dar su testimonio y formular denuncias acerca de la desaparición de familiares y amigos. El trabajo minucioso e independiente de la comisión dio legitimidad a las valientes declaraciones de estos argentinos que arriesgaron su vida para dar a conocer la verdad.
El entusiasmo de los familiares tuvo su eco en la oscuridad de las cárceles, donde los presos políticos, entre los que me encontraba, recibimos con prudente alegría el apoyo de la comunidad internacional a nuestros parientes y amigos. Pese a la precariedad de nuestra situación, confiamos en que la visita de la comisión limitaría los secuestros y debilitaría a la dictadura genocida; que a partir de entonces sería menos probable que sacaran a los presos de sus calabozos para fusilarlos, como había ocurrido en la Unidad N 9 de La Plata, donde fui testigo de varios de esos crímenes.
Durante su obstinada búsqueda en el país, la delegación de la CIDH se reunió con el dictador Jorge Rafael Videla; con los titulares de las fuerzas de seguridad a cargo de centros de detención y otras autoridades públicas; estableció contactos con la prensa, con organismos de derechos humanos, con representantes de la Iglesia y de organizaciones gremiales; visitó la Escuela de Mecánica de la Armada, la Superintendencia de Seguridad Federal, la Comisaría 9ª, las cárceles de Villa Devoto y Caseros en Buenos Aires; la Unidad N° 9 de La Plata y las N° 1 y N° 8 de Olmos; las de Córdoba, Rawson y Resistencia; y los centros militares de detención en Magdalena y La Ribera (en Córdoba), entre otras valiosas actividades.
El 18 de abril de 1980, la comisión dio a conocer la situación de los derechos humanos en el “Informe sobre Argentina”. Este documento, por su reconocida objetividad y completo registro, desnudó los crímenes de la dictadura ante el mundo entero. Allí se describió un cuadro de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, entre las cuales se destacaba la desaparición de personas. El informe centró su eje en la suspensión de la vigencia de los derechos civiles y en las transgresiones en perjuicio de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, víctimas del incumplimiento de las garantías judiciales y de la defensa en juicio. Como era previsible, la dictadura censuró el documento, negó las conclusiones e intentó sustituirlas con una versión apócrifa de los hechos que se intentó transmitir, tristemente, a través de la enseñanza escolar y los medios de comunicación. Pero, gracias a la valentía de las organizaciones de derechos humanos, el informe de la CIDH ingresó clandestinamente en el país y fue difundido pese al férreo control oficial.
Luego, con los años llegué a desempeñarme como secretario ejecutivo de la CIDH y contribuir a su importante tarea de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. Hoy, como canciller argentino, me toca compartir los esfuerzos que se llevan a cabo en los países de la región para fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al que tanto le deben las sociedades latinoamericanas que padecieron la crueldad de las dictaduras militares. Cabe resaltar que ha sido desde el seno del sistema interamericano donde primero se denunciaron en el mundo las atrocidades acontecidas en Argentina y que, también en este ámbito, se adoptó la primera Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.
Al cumplir 50 años de existencia y a 30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresamos nuestro reconocimiento a la invalorable labor política y humanitaria de sus integrantes a través de un firme compromiso en pos de la consolidación de la democracia y de la plena vigencia de los derechos humanos. Así, el homenaje que rendiremos esta semana en la Cancillería, en el marco de una Sesión Extraordinaria de la CIDH, demuestra el deseo del gobierno argentino de destacar la solidaridad internacional que recibió en momentos importantes y que hoy representa uno de los ejes de nuestra política exterior.
* Canciller de la República Argentina.
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