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Mientras se multiplicaban las declaraciones cruzadas del desplazado titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación informó que comenzó a auditar las obras sociales sospechadas de haber comprado medicamentos adulterados a las droguerías San Javier y Multifarma. “Serían siete, que tenían como proveedor a estas droguerías”, declaró el superintendente, Ricardo Bellagio, en una entrevista radial a lo largo de la cual, sin embargo, evitó dar precisiones.
Fuentes vinculadas con las propias entidades bajo sospecha confirmaron a Página/12 una nómina casi completa de las oficinas bajo investigación: además de estudiar a La Bancaria, las auditorías estarían haciendo foco sobre la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (Ospat), la de Agentes de la Loterías y Afines (Osalara), la del Personal Gráfico (OSPG), la del Personal Municipal de Avellaneda (Ospma) y la de Aeronavegantes (Osaaa).
Desde la Superintendencia no dieron por cerrado el grupo sospechado: no es imposible, señalaron a este diario, que en lo inmediato se soliciten auditorías sobre otras entidades. “Puede saltar por cualquier lado”, indicó una fuente del sector que pidió reserva de su identidad.
En la investigación por el circuito de comercialización de medicamentos adulterados para pacientes seropositivos, oncológicos y hemofílicos, señaló Bellagio, el Estado obligará a todas las obras sociales del país a brindar información sobre los tratamientos que han dado desde el 1º de enero de 2006. “La idea es analizar los casos y, una vez evaluados, se enviarán síndicos para hacer análisis en terreno, a fin de ver si se siguieron los protocolos” indicados, explicó. El universo a analizar, según estimó, se constituye de, al menos, 20 mil casos, sobre un total de 14 millones de personas contempladas en todo el sistema. “La gente está angustiada y eso nos lleva a tomar esta decisión”, agregó, al tiempo que subrayó que las obras sociales tienen tiempo hasta fin de este mes para entregar la información, a partir de la cual se profundizará en “aquellos (casos) que tengan deficiencias”.
Entre tanto, continuarán las auditorías comenzadas ayer en las sedes de las siete obras sociales bajo sospecha, a lo largo de las cuales –explicaron fuentes de la superintendencia– se procurará determinar “qué medicamentos compraron, a quién, cómo fue el circuito de compra, si los medicamentos eran buenos o estaban vencidos, cuál era la fecha de vencimiento, dónde están los troqueles”. No se sabe cuándo terminarán las investigaciones, aunque “el pedido fue tramitado en forma urgente”.
A estas afirmaciones salió al cruce la ex ministra Ocaña, quien eligió la ironía al considerar “importante” que Bellagio “se haya dado cuenta” de que las droguerías investigadas vendían remedios también a otras obras sociales. Sería “muy interesante”, agregó, que el empresario Néstor Lorenzo dijera a la Justicia “quién estaba garantizando los negocios en la obra social” de Zanola. Lorenzo, continuó, es uno de esos “empresarios que desde el anonimato, a través de los contactos políticos y sindicales con los sobornos, ha hecho enormes fortunas a partir de la defraudación del Estado”.
El mismo día en que la intervención a la Asociación Bancaria fue oficializada con su publicación en el Boletín Oficial, el flamante ex titular de la entidad Juan José Zanola se prestó a una ronda de desmentidas y confirmaciones públicas, no sin antes tildar de “positiva” la decisión de la presidenta, Cristina Fernández, de intervenir la obra social a su cargo, recusar al juez federal Norberto Oyarbide por actuar “en forma muy mediática” y declararse “inocente”: “No temo ir preso”, dijo. Zanola negó que el Ministerio de Salud le hubiera entregado 17 millones de pesos del Programa de Prestaciones Especiales (PPE); “fueron dos o tres millones”, afirmó, aunque no pudo precisar la cifra. Antes de que se desatara el escándalo, dijo a la prensa, él mismo había dispuesto la intervención al sector “liquidaciones” de La Bancaria por no rendir en tiempo y forma ese dinero.
En la hipótesis de Zanola, quien aseguró tener la solidaridad del titular de la CGT Hugo Moyano (“está preocupado”, dijo), la magnitud que el caso cobró es producto de “una operación” relacionada con las elecciones internas del gremio bancario, que se realizarán el 23 de septiembre. De allí que, además, Zanola haya iniciado una querella por presuntas calumnias e injurias al dirigente Hugo Desall, opositor en la interna bancaria.
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