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Casi dos años después de cometido el triple crimen de los policías Pedro Díaz, Ricardo Barbosa y Alejandro Vatalaro, en la planta transmisora del Ministerio de Seguridad bonaerense, en La Plata, el fiscal Marcelo Romero dio por terminada la investigación y sólo aguarda las probables apelaciones de las defensas de los ocho detenidos para solicitar el envío de la causa a juicio oral. Claro que decirlo de este modo podría llevar a medio año de confusión, ya que Romero recién recibió la causa seis meses después de iniciada la investigación. En abril de 2008 fue apartada del caso la fiscal Leyla Aguilar. Romero apartó a la Bonaerense y colocó a la Gendarmería. Cinco meses después, detuvo a un uniformado, compañero de los tres asesinados, implicado en el triple crimen. La decisión del fiscal deja de hecho confirmada la hipótesis del asesinato para robar una caja con drogas y equipos de comunicación.
El 19 de octubre de 2007, entre la 1 y media y las 2 menos diez de la madrugada, un grupo de al menos 9 personas entró a la planta transmisora ubicada en 7 y 630. Según Romero, entraron con “la finalidad de robar estupefacientes y otros elementos de su interés”. El ingreso fue facilitado –según sostuvo en su escrito Romero– por el policía Marcos Casetti, por entonces compañero de la guardia de la planta. Vatalaro, Barbosa y Díaz fueron asesinados a tiros y cuchilladas.
Casetti denunció el robo de su arma al día siguiente del triple crimen. Fue puesto en disponibilidad a la semana siguiente, pero automáticamente, como ocurre cada vez que un policía denuncia el robo de su arma. En abril de 2008, una semana después de que la fiscal Leyla fuera apartada del caso y colocado Romero en la investigación, Casetti fue pasado a disponibilidad preventiva, es decir ya no analizado por el robo sino porque se daba pábulo a las sospechas del fiscal de que Casetti había aportado datos y abierto la puerta de la casa.
Por el triple crimen están imputados y detenidos, además de Casetti, Fabián “Kunta” Rivero, Gustavo Sebastián Pereyra, Miguel Tobar, Humberto Zuccaro, Juan Pablo “Papupa” Córdoba y Pablo Cepeda. Y Gustavo Córdoba está acusado pero permanece prófugo.
Los “al menos nueve” están acusados de diferentes grados de participación en el “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas; para preparar facilitar, consumar u ocultar otro delito; y por el abuso de su condición de policía; y encubrimiento agravado”.
Dicho robo “no pudo ser llevado a cabo sin ocasionar la muerte de los tres policías que estaban de guardia, empleando para ello armas de fuego y armas blancas con las que les produjeron las lesiones mortales”.
“Una vez cumplido dicho cometido se alzaron con dos ametralladoras UZI, dos cargadores 9 milímetros, una escopeta Ithaca, tres chalecos antibalas, dos handies –agregó Romero–, y un celular que era de una de las víctimas, empleando para la huida una camioneta Chevrolet LUV, que era del predio policial, luego hallada en las inmediaciones”, detalló el fiscal.
Las hipótesis iniciales, aportadas por la Bonaerense a la fiscal Aguilar, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas. Consideraron que “nos están vendiendo un culebrón”.
Las primeras consideraban que el triple crimen había sido cometido por un ex preso con problemas psiquiátricos que se vengaba porque supuestamente uno de los asesinados se había relacionado con su ex novia. También se habló de un grupo de rateros e incluso fue detenido un barrabrava de Estudiantes que fue acusado por supuestas manchas de sangre halladas en su auto y que lo involucraban.
Claro que la información que abría el camino ensuciándolo era de la misma Bonaerense, uno de cuyos hombres, al menos, terminó siendo uno de los principales acusados. Una semana después del cambio de fiscales, la Bonaerense fue apartada y Casetti separado del servicio y luego detenido. Hasta ese momento, el ex gobernador Felipe Solá anunciaba que se trataba de una amenaza mafiosa contra la institución.
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