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El 12 de octubre, día en que se recuerda el “hecho colonial” de consecuencias más dramáticas en la historia de la humanidad –surgimiento del concepto de “raza”, genocidios en su nombre y saqueos de territorios–, Tucumán decidió recordarlo con el asesinato de un comunero indígena: Javier Chocobar. Un diaguita de Los Chuschagasta en el norte tucumano fue asesinado mientras otras cuatro personas de la comunidad fueron heridas, incluyendo un niño. Los comuneros defendían sus territorios amenazados –como en muchas otras provincias– por terratenientes, nuevos inversores sojeros o por la especulación inmobiliaria. Un terrateniente y sus “guardias blancas” armados –novedoso fenómeno del neoliberalismo en el país– abrieron fuego contra poblaciones cuyas únicas armas son legislaciones nacionales e internacionales que avalan la propiedad comunal.
El martes 13, el principal diario de Tucumán, en la sección Policiales, menciona el hecho de esta forma: “Un hombre murió y al menos otros cuatro resultaron heridos anoche tras una violenta disputa suscitada en Chuscha, al norte de la provincia”. En tanto, los sitios de Internet definían el hecho como “una batahola entre bandas” o “peleas territoriales”.
Es muy importante estar informados de que en la Argentina todos los días los pobladores corren serios riesgos por defender los bienes naturales comunes de la devastación infligida por el neoliberalismo disfrazado de “desarrollismo productivo”. Actividades extractivas como el agronegocio y la minería o especulativas como el negocio inmobiliario amenazan bosques, montes, aguas, glaciares y derechos de poblaciones que aprendieron a defenderse con las legislaciones.
En noviembre de 2006 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria (26.160), en la que se da un marco de protección a las comunidades frente a los desalojos de sus tierras e incluso suspende procesos judiciales en marcha. No obstante, esta comunidad de Los Chuschagasta es blanco de acosos y amenazas para expulsar a los comuneros de sus tierras ancestrales. Es decir, se violan tratados internacionales y leyes nacionales con el beneplácito de los gobiernos provinciales. Por estas razones fue asesinado un comunero.
Se oyeron las voces de alerta de Anmistía Internacional y de nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero debemos lograr oír muchas más voces, debemos escuchar gritos de todo un país que alguna vez prometió a las nuevas generaciones un “Nunca más”. La muerte de Javier Chocobar no puede pasar inadvertida en la gran ciudad, donde está el corazón del poder político. No pasaron inadvertidas las muertes del maestro Carlos Fuentealba, de aquellos jóvenes luchadores del Puente Pueyrredón o de aquellos cuyos gritos de dolor venían del Norte rebelde en los tiempos de los cortes de ruta en Mosconi y Tartagal. ¿Acaso la muerte de un diaguita en manos de “guardias blancas” que rememoran a las peores épocas de América latina puede pasar inadvertida o reducirse a las secciones policiales de los medios? ¿El asesinato de un comunero indígena perpetuado por hombres del poder económico no nos llena de horror? ¿A qué “mordaza” se referían los periodistas de televisión durante las últimas semanas? ¿Quién los amordaza para no tratar este asesinato, para que no quede oculto en los bosques tucumanos?
Si quedara oculto, como un hecho policial, ya estaríamos transitando ese peligroso sendero que comienza con la “naturalización” de las muertes y los asesinatos de los que resisten y todos sabemos hacia dónde nos puede conducir. Por eso es necesario que todos expresemos el más enérgico repudio a este asesinato y exijamos justicia, el respeto a los tratados internacionales, la puesta en real vigencia de la Ley de Emergencia de Propiedad Comunal y toda la legislación que protege los territorios y sus poblaciones así como el desarme de grupos policíacos privados en todo el país.
* Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (Instituto Gino Germani-UBA).
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