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La llamada causa de “la mafia de medicamentos truchos” tuvo ayer una de sus jornadas más importantes, luego de que el juez a cargo, Norberto Oyarbide, ordenara 53 allanamientos simultáneos en cuatro provincias y detuviera a diez personas. Los operativos se realizaron en droguerías, farmacias, laboratorios, comercios, casas particulares y una obra social. Entre los detenidos hay un prestigioso oncólogo, su hijo comerciante y dos directores médicos de laboratorios. Uno de los denunciantes de esta causa, quien suele aportar información constantemente a la Justicia, confió a este diario que, más allá de las sospechas sobre la obra social de los bancarios (que motivó la investigación), hay “un sistema mafioso que sobrevivió a todas las crisis económicas y todos los gobiernos, pero al quedar expuesto podría desmoronarse”.
Según fuentes policiales, el saldo de los procedimientos fueron varias cajas con medicamentos vencidos, supuestamente adulterados y troqueles falsos. También se secuestraron documentación comercial y unas 40 computadoras con “abundantes” datos. Hubo treinta y tres allanamientos en la Capital Federal, 16 en el conurbano bonaerense y uno por cada una de estas ciudades: Salta, Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca.
La detención más notoria, según informó la fuente, fue la del médico oncólogo, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires. No menos importante fue el arresto del director médico de un laboratorio situado en Basualdo al 800, también de la Capital Federal. Estos y los demás detenidos quedaron incomunicados y algunas serían indagados hoy por el juez Oyarbide, aseguró un informante judicial, quien destacó que estos allanamientos son complementarios de otro realizado la semana pasada en una obra social de la provincia de Catamarca, donde se incautaron 250 medicamentos vencidos.
A primera vista, la cantidad de allanamientos parece enorme al lado de la cantidad de detenidos. Sin embargo, uno de los principales denunciantes de esta causa contó a Página/12 que en el caso de Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados y proveedor de la obra social bancaria, “manejaba varias droguerías al mismo tiempo, de hecho usaba algunas de ellas para simular su propia competencia y quedarse con licitaciones; en esta investigación hay un montón de personas jurídicas y muy pocas personas físicas”.
En un principio la causa se centró en el suministro de remedios falsificados a afiliados a La Bancaria, en su mayoría pacientes con cáncer, luego de que un médico denunciara el año pasado que los medicamentos oncológicos que recetaba no tenía las mismas características del original. En septiembre la investigación dio un salto cuando, a través de escuchas telefónicas, surgió el nombre de Lorenzo, quien pasó un día detenido.
En esas conversaciones también aparecieron Juan José Zanola, al frente de la Asociación Bancaria, quien tiene eximición de prisión bajo caución de tres millones de pesos, y el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli. La pareja de Zanola, Paula Aballay, quien manejaba el policlínico bancario, también está imputada pero en libertad por pagar una fianza de un millón de pesos. Ni Lorenzo Zanola ni Capaccioli ni Aballay prestaron declaración indagatoria aún.
Con el paso del tiempo y de los allanamientos, la investigación se amplió a otras 50 obras sociales sindicales que operaron con las droguerías de Lorenzo como San Javier y Multipharma y otras droguerías sospechadas de suministrar remedios robados o falsos. Entre otras: la Obra Social para la Actividad Docente y las del sindicato de mecánicos y de Lotería y Casinos.
“Cuando hablamos de corrupción estructural, hablamos de este tipo de sistemas que no deja de funcionar con los cambios de gobierno ni de funcionarios jerárquicos. Una de las primeras denuncias que recuerdo contra estas mafias era contra una persona que había logrado armar un sistema de facturación paralelo y logró hacer una estafa millonaria al PAMI (la obra social de los jubilados). Esto, como lo de los medicamentos truchos, impacta gravemente en el sistema de salud”, dijo uno de los denunciantes e impulsores de la investigación que lleva a cabo el juez Oyarbide.
Seis de los diez detenidos de ayer son empresarios y según esta fuente, que pidió anonimato y que recibió varias amenazas, cabe determinar “la buena fe” con la que compran o distribuyen medicamentos. “Hay tipos que le compraron a Lorenzo, por poner un ejemplo, sin saber que eran medicamentos truchos y fueron estafados. Claro que cualquiera debería sospechar de la procedencia del medicamento al realizar una compra a tan bajo precio. Otras veces la transferencia comercial era vil. Hay que revisar cada operación”, dijo.
Lorenzo, agregó este denunciante, no sólo vendía medicamentos. “Era un operador del sistema porque tenía muchos contactos, incluso un testigo declaró que Lorenzo le había ayudado a pedir el quiebre de una droguería. También conseguía financiamiento y cheques. Hay que aclarar que Lorenzo es una parte del sistema y que esto no empezó ahora”, aseguró la fuente consultada por Página/12”. A su parecer, el solo exponer a estas mafias permite limitarla, aunque establecer y mejorar el marco legal sería indispensable. Entre otras medidas, la fuente mencionó el proyecto de ley de trazabilidad, que permite mediante un chip rastrear la ruta de un medicamento. “Los estafadores siempre van a encontrar alguna forma de hacer lo suyo, lo importante es hacer todo lo posible para evitar que lo hagan”.
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