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El CELS estudia presentar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires un pedido de informes sobre la situación de los dos trabajadores del hospital Borda que fueron echados tras publicar, en Pá-gi-naI12, una nota que denunciaba graves violaciones a los derechos humanos de los pacientes: “Si efectivamente fueron despedidos por hacer la denuncia, esto implicaría una violación a su derecho a la libertad de expresión; al mismo tiempo, por haber actuado en defensa de los derechos humanos, merecen protección especial por el Estado”. Para el CELS, “las situaciones denunciadas en el Borda ponen de manifiesto cómo, en forma sistemática, se niega la condición de sujetos de derecho a las personas detenidas en instituciones psiquiátricas”.
La preocupación del CELS se refiere a la psicóloga Verónica Hollmann y al estudiante de psicología Juan Pedro Iribarne, a quienes –según reveló ayer Página/12– se les dio por “finalizada su actividad” –ella como concurrente y él como visitante en el hospital Borda– a consecuencia de haber escrito un artículo sobre malos tratos a pacientes en esa institución. Su testimonio, entre otras cuestiones, incluía referencias a que el servicio de admisión es utilizado como lugar de castigo, señalaba la inmovilización física de pacientes por lapsos prolongados y denunciaba malos tratos por el personal de enfermería.
Según Roxana Amendolaro, representante del Equipo de Salud Mental del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), “lo que escribieron Hollmann e Iribarne viene a confirmar, para la ciudad de Buenos Aires, la ausencia de un plan de salud mental que procure ubicar a las personas usuarias de salud mental como sujetos de derecho”.
En cuanto al despido de los denunciantes, “si se comprueba que fueron alejados de sus puestos por las denuncias que habían realizado, ello constituiría una violación a su derecho a expresarse libremente; pero, además, por el hecho mismo de efectuar esas denuncias sobre personas detenidas, deben ser considerados defensores de los derechos humanos y, por lo tanto, merecen protección especial por parte del Estado”, explicó la representante del CELS.
A fin de enfrentar orgánicamente la violación a los derechos de personas detenidas en instituciones psiquiátricas, el CELS se propone “fortalecer la perspectiva de que los usuarios de servicios de salud mental conozcan y defiendan sus derechos, como lo plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina. Para esto desarrollamos talleres coordinados, en conjunto, por usuarios y profesionales en salud mental”, contó Amendolaro.
En el caso del Borda, “podríamos desarrollar los talleres en alguno de los espacios del Frente de Artistas del Borda o en los servicios que nos abran las puertas. Nos proponemos ir a instituciones de salud mental públicas y privadas. El principio básico es que la coordinación sea efectuada ante todo por personas usuarias y, en segundo plano, por profesionales. Claro que lograr esto no es fácil –advirtió Amendolaro–: los usuarios suelen tener años de internación, con poca experiencia en tareas de autoorganización, con graves dificultades para insertarse laboralmente, con serios problemas de vivienda; es muy difícil esta militancia para actores tan vulnerabilizados”.
–Todos los obstáculos que reconoce son de índole social, no psicopatológica –observó Página/12.
–Todos tienen que ver con la exclusión social de este grupo –contestó Amendolaro–; si volvemos al artículo de Hollmann e Iribarne (publicado en este diario el 29 de octubre), puede verse cómo los diagnósticos y las intervenciones tienen poco que ver con el orden de la psicopatología.
Los talleres, en cuya organización ya participan usuarios de servicios de salud mental, se proponen “avanzar en proyectos de vida independiente”. Esto incluye “lo que se denomina decisión anticipada: anticipar mi voluntad en cuanto a qué prácticas o medicamentos admito para aquellos momentos en los que, por atravesar una crisis, quizá no pueda decidir por mí mismo”, precisó la psicóloga del CELS.
Además, el CELS procura “implementar un sistema que garantice la defensa de los usuarios, en procesos por insania o inhabilitación o en internaciones involuntarias. Hasta ahora sólo existen los curadores o defensores de incapaces: se parte de una presunción de incapacidad, al revés del sistema penal, que parte de la presunción de inocencia. La Convención Internacional apunta a que exista un defensor técnico que, en vez de sustituir la voluntad del usuario, la traduzca en pedidos concretos, pruebas, pericias de parte. Claro que lograr esto implica, no sólo modificar la legislación, sino cambiar una tradición de prácticas que, en vez de acompañar y fortalecer a la persona, la sustituyen en sus decisiones”.
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