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Una “mesa de trabajo” que sesionó en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, integrada por legisladores, jefes policiales, magistrados y dirigentes de organizaciones sociales, analizó la creación de la Dirección General de Derechos Humanos. La tarea del organismo, en lo inmediato, será la de seguir de cerca todas las investigaciones relacionadas con la trata de personas y las investigaciones judiciales que se motorizaron a partir de la denuncia realizada, la semana pasada, por la Fundación La Alameda, sobre la existencia de al menos 94 prostíbulos que funcionan en esa ciudad y que esclavizan a mujeres, en su mayoría procedentes de países vecinos. La iniciativa es la primera respuesta formal, desde el poder político local, frente a la avalancha de denuncias contra los prostíbulos. Hasta ahora, tanto el municipio como el Concejo Deliberante habían permanecido ajenos al tema, aunque ya son 45 las causas acumuladas en la Justicia marplatense, antes de la denuncia presentada hace diez días por La Alameda. Mientras, a nivel judicial, sigue avanzando la investigación sobre lo denunciado por la organización social y se reiteran los pedidos de clausura de sitios que ya tienen procesados a sus dueños, como es el caso de un privado que sigue funcionando en la calle Falucho 4071.
La historia de este prostíbulo comenzó a develarse el 11 de febrero de 2009, a partir de un megaoperativo ordenado por el juez Pedro Hooft que incluyó a otros diez domicilios de Mar del Plata en los que funcionaban “privados” o whiskerías donde había mujeres ejerciendo la prostitución. En diversos operativos fueron detenidas cuarenta y ocho personas, entre mujeres que eran obligadas a prostituirse –la mayoría de ellas extranjeras–, proxenetas y clientes que recuperaron su libertad luego de ser identificados.
Entre las mujeres que eran explotadas había tres dominicanas y un grupo de nacionalidad paraguaya. En la causa hay varios procesados y por esa razón, el fiscal Gustavo Marcelo Rodríguez se presentó ante el juez Fernando Pradas “para insistir en que se decrete la inmediata clausura del ‘privado’ que funciona en la calle Falucho 4071”.
El fiscal Rodríguez hace mención a la presentación realizada el 26 de enero pasado, ante la Fiscalía General, por Gustavo Vera en representación de La Alameda. Se cita, además, que de la consulta realizada en la sección clasificados del diario La Capital, entre uno de los “números de contacto” para potenciales clientes, se menciona el 475-9976 que sería el instalado en el privado de la calle Falucho. En la causa iniciada hace un año por Hooft y seguida ahora por la Justicia Federal, se comprobó la presencia de al menos dos mujeres explotadas. En los avisos, tal como pudo constatar Página/12 se ofrecen chicas, con nombres tales como “Mily”, “Evelyn, diosa travesti”, “Chiara” o “Tamara”, entre otras.
El fiscal recordó que la actividad es ilícita porque La Ley de Profilaxis prohíbe casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. También se mencionó que “cualquier autoridad nacional, provincial o municipal, que tenga conocimiento de la existencia de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarla para su inmediata clausura”.
Rodríguez puntualizó que teniendo en cuenta los convenios internacionales que “prohíben y repudian la trata de personas”, el hecho de disponer la clausura resultaría “una eficaz medida de prevención de la comisión de los delitos de trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, al tiempo de ser un instrumento idóneo para hacer cesar la comisión del delito de trata o sus efectos”, tal como lo expresa el artículo 23 del Código Penal.
La falta de acción del poder político marplatense fue el tema central de la “mesa de trabajo” que se formó en el Concejo Deliberante y que volverá a reunirse el próximo jueves 11. La reunión se hizo por iniciativa de las concejalas Verónica Berasiarte (Frente para la Victoria) y Leticia González (Unión Cívica Radical). Participaron Guillermo Schütrumpf, del GEN (Generación para un Encuentro Nacional), Vilma Baragiola (UCR), Leandro Laserna y Marcela Amenábar (Acción Marplatense), los ex ediles Juan Carlos Cordeau, Cristina Coria y Viviana Roca,la titular de la Oficina Municipal contra la Discriminación y la Xenofobia (Omudi), Agustina Palacios, y también el presidente del Colegio de Magistrados, Manuel Fernández Daguerre, y el jefe de la policía distrital, Gustavo Salvá.
“El tema de la trata es muy grave en Mar del Plata. Todos sabemos de esos lugares, algunos los sospechamos cuando abrimos el diario y leemos que ‘tres paraguayitas se ofrecen para...’ La sociedad civil tiene que estar para controlarnos a todos y debemos hacer algo para que esto no siga sucediendo”, aseguró la concejal Berasiarte al justificar su planteo para la creación de una Dirección General de DD. HH., que podría quedar conformada el próximo jueves, para que se haga responsable del seguimiento del tema de la trata, con participación de los organismos de derechos humanos y ong marplatenses.
El ex juez correccional Fernández Daguerre volvió a defender la gestión de Salvá y aclaró algunas recientes declaraciones periodísticas, a la vez que cuestionó informaciones publicadas recientemente en Página/12. “Después de ver el programa Vidas Robadas comprendí que no era el uno por ciento o el uno por mil el porcentaje de mujeres que ejercían la prostitución como víctimas de la trata de personas”, admitió Fernández Daguerre, que antes había manifestado lo contrario.
Lo grave es que Daguerre reconoció que él pensaba que la mayoría de las mujeres ejercían la prostitución por propia voluntad en momentos en que se desempeñaba como juez en lo correccional y tenía intervención en un importante número de causas contra prostíbulos.
También Salvá cuestionó a los medios que se hicieron eco de la denuncia de La Alameda, presentación a la que calificó de “imprudente” y “desvergonzada” porque al ser difundida por la prensa “se enteró todo el mundo”, lo que supuestamente sería negativo para la efectividad de la investigación. Salvá, para defender su gestión, aseguró que encabezó más de 140 allanamientos, que nunca persiguió “a las mujeres” que ejercen la prostitución y que metió “presos a policías”.
La concejal Leticia González, en respuesta a Salvá, reivindicó “el derecho de una ONG (en alusión a La Alameda) de hacer una investigación sobre un problema que no se frena sino que crece” y el de los medios “a publicar la información”. La representante del Omudi, Agustina Palacios, dijo, en relación con la intervención de Daguerre, que “todas las mujeres ejercen la prostitución en contra de su voluntad”.
Dirigentes de los organismos de derechos humanos locales, presentes en la reunión, cuestionaron las posiciones que asumieron Salvá y Fernández Daguerre. “Es importante poder sacar a la luz el tema de la trata. Salvá y Daguerre pueden defenderse, pero hay muchas mujeres que no pueden defender sus derechos”, planteó Susana Méndez, del Seminario Permanente por Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Méndez instó a que se tomen medidas públicas urgentes en la materia y que “se termine con la publicidad en los diarios de los ‘privados’”, porque eso serviría para no darles información a los ‘prostituyentes’, como llamó a los clientes de los prostíbulos.
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