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La vieja consigna de la casa al trabajo y del trabajo a casa podría reformularse en la causa por las escuchas ilegales de la siguiente manera: del ministerio a la SIDE y de la SIDE al ministerio. Es que en el marco del análisis de pruebas que realiza el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por espionaje ilegal, y que podrían extender las imputaciones al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y hasta al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, un análisis de los movimientos del espía Ciro James –en función de la ubicación de su teléfono celular– permitió establecer que habría una relación entre sus visitas a la SIDE, donde retiraba escuchas telefónicas, y al edificio del Ministerio de Seguridad. Iba de un lugar al otro, ya desde 2008, cuando la policía porteña todavía era sólo un proyecto.
El mes pasado, el propio Oyarbide dijo públicamente que no descartaba “la posibilidad de una convocatoria” como sospechosos de Macri y de Montenegro. Esto tendría su lógica por el devenir mismo de la investigación y porque el juez tuvo que seguir los lineamientos que le marcó la Cámara Federal, que en fallo firmado por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero señaló que había pistas como para suponer que operó “un aparato paraestatal” de espionaje “que se sirvió del sistema nacional de inteligencia y sus recursos para funcionar”. El tribunal de alzada le indicó a Oyarbide que dejara de analizar en forma aislada las diez escuchas ilegítimas detectadas ya que son “sólo una arista de la maniobra”. El mensaje subyacente apuntaba a rastrear responsabilidades por encima del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y su ladero Ciro James, que siguen detenidos, procesados por asociación ilícita.
En enero, un grupo de colaboradores del juez se quedó analizando documentación y llamados telefónicos. Así fue como advirtieron que a menudo, los mismos días que pasaba a retirar cintas o CD con escuchas por la SIDE, James también iba a la cartera de Seguridad porteña. A veces, incluso iba de un lugar a al otro sin escalas. Así se supo por las antenas de Nextel y los registros de su ingreso a cada lugar. Por ejemplo:
- El 27 de abril de 2008 sale de la SIDE a las 13.17, donde retira conversaciones grabadas del empresario Carlos Avila y del teléfono que usaba el abogado Francisco Castex, del poderoso estudio de Alfredo Iribarren. A las 13.51 el espía está en el ministerio. Todo hace pensar, por el tiempo transcurrido, que fue directo de las oficinas de las Dirección de Observaciones Judiciales de la central de inteligencia, en Avenida de los Incas, a la cartera de Seguridad, en Barracas.
- El 7 de mayo de 2008 hasta las 13.40 está en el ministerio. A las 17 pasa por la SIDE a buscar escuchas de Iribarren y Avila.
- El 23 de julio de 2009 se va del ministerio a las 18.59 y a las 19.51 pasa por la SIDE, y retira grabaciones de Avila, del gerente de Coto Rodrigo Blas Velazco, y de una mujer vinculada con el empresario Samuel Liberman.
- El 4 de agosto del año pasado sale a las 16.35 de la SIDE, con escuchas de Velazco y Avila, y 18.54 está en el Ministerio de Seguridad.
- Seis días después pasa a las 16.12 por la central de espías del Estado, y 18.51 aparece en el ministerio, pero a las 19.30 vuelve a ingresar a la SIDE y se lleva escuchas de Avila.
- El 19 de agosto a las 18.15 se va del ministerio y a las 19.10 está en la SIDE.
- El 14 de septiembre último 14.34 retira escuchas de Avila y a las 16.47 llega al ministerio.
Las visitas en circunstancias dudosas de James al Ministerio de Seguridad, como una constante, pintan un horizonte difícil para Montenegro, quien paradójicamente fue titular del juzgado que ahora, subrogado por Oyarbide, lo investiga.
Las primeras secuencias sospechosas datan de hace dos años, cuando la Policía Metropolitana no existía, aunque era un proyecto en el que ya se trabajaba, con participación de Palacios, que entonces era jefe de Seguridad de Boca y hombre de confianza del jefe de Gobierno. Para Oyarbide está más que probado que entre James y Palacios existía una relación de confianza y no el típico vínculo entre jefe y subordinado. El año pasado, por caso, intercambiaron 290 llamadas en sólo dos meses y lo hicieron muchas veces avanzada la noche.
El 2008 tuvo otra peculiaridad en esta historia: en mayo de ese año James fue contratado en la cartera educativa como supuesto asesor legal, aunque de ese trabajo no hay dictámenes suyos, ni rastros. Los investigadores creen que ese nombramiento fue la pantalla para que realizara sus tareas de espionaje. Como posible responsable, ya fue indagado el ex titular de Educación Mariano Narodowski, aunque todavía no se definió su situación procesal. La llegada de James al Ministerio de Educación, además, coincidió con la época de una pinchadura telefónica que resultó clave en la causa: la que tuvo como blanco a Daniel Leonardo, cuñado de Mauricio Macri.
Los movimientos de James en 2009, en especial su última visita a la cartera de Seguridad y Justicia, podrían complicar y llevar al banquillo también al ex subjefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, que ya había asumido en reemplazo de Palacios tras su renuncia. Hasta ahora, se había establecido que Chamorro realizó pedidos de informes financieros sobre legisladores de la oposición, sindicalistas y hasta el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde la computadora de una oficina que compartía con Palacios, mientras ambos manejaban la policía de Macri.
Cuando declaró por primera vez como testigo-víctima ante el juez, Leonardo, un parapsicólogo casado con Sandra Macri, atribuyó la escucha a su suegro, Franco Macri. “Habrá hablado con Mauricio –declaró– a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de una pinchadura de teléfono.” Dijo que Franco, de quien había recibido otras amenazas, siempre buscó separarlo de su hija por razones ligadas a la fortuna familiar. Después de ese testimonio judicial, Mauricio Macri intentó que su cuñado lo desvinculara del escándalo: le redactó un comunicado de prensa que su secretaria confesó haberle mandado por mail y que Leonardo denunció.
En tribunales se habla de que las próximas citaciones a indagatoria así como la definición de la suerte de Narodowski llegarían a fines de este mes o en marzo. La lista de nombres bajo la lupa del juez incluye, en suma, a Franco y Mauricio Macri, a Montenegro, y a Chamorro. Para resolver a quiénes y por qué los cita, el magistrado estaría esperando una nueva señal de respaldo de la Cámara, que aún debe fallar sobre una cuestión central: si confirma o cuestiona la teoría de que hubo una asociación ilícita.
También están revisando el contenido de las escuchas, ya que en ciertos casos podrían dar la pauta de quién pudo haber mandado a espiar a tal o cual persona. Oyarbide dijo que en algunos casos hay conversaciones “extremadamente delicadas”.
El espionaje ilegal está más que probado a partir del descubrimiento del mecanismo que se usó: se armaron causas truchas en Misiones por homicidio y robo, dos jueces de allí ordenaban la intervención de los teléfonos y Ciro James retiraba las cintas de la SIDE. Entre las víctimas de la maniobra estuvieron Sergio Burstein, un dirigente de los familiares de las víctimas de la AMIA; el empresario Carlos Avila, que por entonces había elaborado un plan para transmitir los partidos de fútbol del campeonato local y lo estaba negociando; gerentes de Supermercados Coto, a los que tal vez espiaban por una cuestión de competencia en precios o proveedores; abogados del estudio Iribarren, que intervenían en una disputa interna de Torneos y Competencias; dos mujeres relacionadas con empresarios y que estaban envueltas en litigios matrimoniales y, tal vez lo más delicado, Daniel Leonardo, casado con Sandra Macri y peleado con parte de la familia Macri. Está absolutamente claro para Oyarbide que Ciro James actuaba bajo las órdenes de Palacios, pero –como sugiere la Cámara– debe investigarse si las instrucciones llegaban de más arriba. La secuencia del ministerio a la SIDE y de la SIDE al ministerio pesará a la hora de las nuevas citaciones a prestar declaración indagatoria.
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