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Como flamante ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal sabe que tiene dos posibilidades. La primera es el show de rutina. Es conocido. Un nuevo ministro asume en Seguridad, recorre todos los programas de televisión, pone gesto severo, habla rápido, dice compartir la preocupación de los vecinos por la inseguridad y desliza algunos anuncios: será ejecutivo, confiará en la policía porque la mayoría de la fuerza es honesta y trabajadora, buscará que el ciudadano confíe en ella, hará cumplir la ley y perseguirá a los delincuentes donde quiera que estén. Aplausos. Después de este show, sólo queda esperar el desgaste natural, que madura cuando el funcionario consumió su capital, salta como un fusible para proteger al gobernador y deja su lugar a un reemplazante que ensaya su mejor cara seria para estrenar el cargo.
Casal no es nuevo en el área de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ya era ministro de Justicia. Sabe, por supuesto, que el Código Procesal bonaerense remeda al norteamericano: el fiscal lleva adelante la investigación y el juez, llamado juez de garantías, observa la legalidad del proceso y después falla. No instruye. Sabe, por eso, que en la provincia hay fiscales activos frente al delito y fiscales pasivos. Lo sabe por rumores, lamentablemente, porque en Buenos Aires un jury por el comportamiento de un fiscal de distrito es tan raro como una montaña. Así es cómo la desidia y el corporativismo terminan ensuciando a los buenos fiscales. También conoce Casal el estado deplorable de las cárceles de la provincia, que dependían y seguirán dependiendo de su firma como ministro.
Pero los fiscales y las cárceles son, por ahora, otro tema. Si lo que quiere el doctor Casal es evitar el ciclo show-cara seria-desgaste- fracaso, aquí va la propuesta sobre un gran objetivo: reducir la violencia en robos. El robo afecta la propiedad. Es malo. La violencia es peor: mata. La mayoría de los casos de violencia en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires se produce por el robo de autos. Si baja el robo de autos, bajarán la violencia y las muertes, sobre todo porque los autos más nuevos, con encendido electrónico, sólo pueden ser arrebatados al dueño. Es imposible que un ratero los levante en la calle y los ponga en marcha con el viejo truco de hacer puente.
Casal debe saber, además, que los delincuentes rara vez roban autos por cuenta propia. Lo hacen por encargo. El 19 de abril de 2009 el periodista Raúl Kollmann publicó en este diario cuánto paga el dueño de un desarmadero o un vendedor de autos mellizos a quien roba un auto en la calle: 350 pesos. Por esa suma un chico mata o muere.
La herramienta clave es reducir de inmediato el robo de autos. Y la forma es transparentar institucionalmente esa meta. La cuestión es ir a fondo. Un ejemplo: si muy pronto aparece una campaña publicitaria centrada sólo en los consumidores de autopartes ilegales, llamándolos a que se abstengan de comprarlas, una lectura legítima será que Casal no quiso ir a fondo. La misma interpretación podrá hacerse si el Congreso provincial dedica horas a tratar un tema que no precisa de nueva legislación. Es que la única política sólida, en este aspecto, es liquidar la oferta y cortar una cadena integrada a otras ramas del crimen organizado. Hablar a los consumidores o discutir nuevas leyes tiene gusto a poco y también puede sonar a show.
Algunos dirán: “Los desarmaderos son de los intendentes”. Otros replicarán: “Van a la caja de los punteros”. Alguno traerá un ejemplo reciente: el 5 de junio pasado la Justicia allanó el desarmadero de Marcelo Pérez, dirigente de la Unión PRO de Francisco de Narváez, en el límite entre Florencio Varela y San Francisco Solano. Otro señalará a un fiscal siempre remiso a practicar allanamientos y requisar autopartes ilegales.
Todas esas generalizaciones son injustas. Y poco prácticas. Llevan a discutir mucho y a no hacer nada. ¿Se acuerdan de las viejas series de la tele sobre la mafia de Hong Kong? Bien. A principios de la década de 1970, todavía bajo el colonialismo británico, la corrupción policial a gran escala se desarrollaba tan rápido como la economía financiera y de servicios de Hong Kong. El desarrollo del crimen organizado era tan veloz y poderoso que puso a Hong Kong en una disyuntiva: o la permisividad, o el suicidio institucional y económico. La primera opción tenía una frase. Los hongkoneses comparaban la corrupción policial con un ómnibus y recomendaban correr al lado, correr detrás o subirse, pero nunca pararse frente a él.
El ómnibus de los desarmaderos ya es demasiado grande y terminará siendo un peligro para la política en sí misma. En procesos como éstos, que llevan años de práctica, siempre hay un momento de transición, donde se asocian las mafias y una parte del Estado, pero luego la lógica mafiosa termina mandando y es ella la que dicta la política. La provincia de Buenos Aires no parece haber llegado al segundo punto. Por eso es posible que, si hay una convocatoria amplia y real, funcionarios y dirigentes del oficialismo y la oposición tengan la lucidez de comprometerse con el cierre de los desarmaderos. Si no, los desarmaderos continuarán garantizando su cuota diaria de muertos y, como los sacrificios humanos nunca bastarán, dejarán inermes también a los funcionarios del Estado, en sus tres poderes, o a los candidatos a serlo.
El país cuenta con una experiencia concreta. En el último año el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación se concentró en la zona porteña de Warnes. En 50 allanamientos decomisó 15 mil capots, una cantidad para la que antes los delincuentes necesitaron robar 15 mil autos. Warnes ya perdió el poder que tenía como gran centro de venta de autopartes ilegales de la Argentina.
La experiencia demuestra dos cosas. Una, que se puede. La otra, que no es saludable alambrar la avenida General Paz porque crecerán infinitos Warnes que pondrán en peligro otras vidas en distintas ciudades de la Argentina.
En democracia, pocas veces la política se ve obligada a jugar a todo o nada. Esta es una de esas veces. ¿Se animará Casal?
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