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“Creo representar al 90 por ciento de nuestro pueblo cuando digo esto. Humildemente”, arriesgó el conductor Rolando Hanglin en una sala del Senado al promediar la mañana. Confesamente entusiasmada por la presencia, la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso agradeció el momento a quien definió como un participante en “un movimiento histórico” y pidió, con timidez, que el público contuviera los aplausos. Algunos, de todos modos, se escucharon mientras se retiraba el hombre cuyos “oyentes rechazan con furia” la ampliación del matrimonio civil y que, por eso mismo, proponía realizar “un plebiscito”. Nadie levantó luego el guante, pero en poco menos de tres horas que alcanzaron para siete de las ocho personas invitadas (hubo una ausencia imprevista), se sustentaron apoyos políticos y jurídicos y se mentaron nuevos argumentos “naturales” en contra. Mientras los minutos pasaban, el público, mayoritariamente asociado al establishment confesional arraigado en universidades católicas, vio llegar al flamante sexto matrimonio celebrado en Buenos Aires entre personas del mismo sexo (ver aparte). La reunión del martes próximo en el Senado, convocada para la mañana, precederá el inicio de los encuentros en las provincias.
La segunda fecha de exposiciones había comenzado con puntualidad en una sala Arturo Illia algo más despejada que el martes pasado, pero poblada, de manera notable, por un público poco heterogéneo. A diferencia de la pluralidad que supo caracterizar la concurrencia de las reuniones públicas que el proyecto convocó en Diputados, más de la mitad del público admitido en el Senado demostró cercanía con los argumentos religiosos, de “instituciones naturales” y “complementariedad hombre mujer” que se oponen al proyecto en debate. Señoras munidas con lapiceras eternizaban sobre anotadores las palabras de los decanos de la UCA, la Ucalp (ambos presentes con adláteres no anunciados previamente, que brindaron algunas precisiones técnicas) y la Universidad Austral, entre grititos de aprobación e intentos de aplausos prontamente frustrados. Así como brotó la admiración durante los minutos a cargo de Juan Cianciardo (UA), Gabriel Limodio (UCA) y Hernán Mathieu (Ucalp), tampoco reinó el silencio ante las palabras de Rolando Hanglin (ver aparte), la decana de la Facultad de Derecho de la UBA Mónica Pinto, el ex decano y actual docente de la Universidad de San Andrés Martín Bohmer. Distinto fue el caso de la primera presentación, a cargo del integrante de la agrupación Putos Peronistas de La Matanza Martín Rapetti, quizá porque era aún demasiado temprano.
El principio del encuentro de ayer retomó, casi, donde había terminado el del martes: en la mención de Eva Perón, o, mejor dicho, en la indicación de la importancia que su figura tiene para ciertos sectores de la militancia LGBT argentina. Recordando a “las compañeras trans y travestis”, cuyo promedio de vida no suele superar los 35 años, Rapetti recordó la máxima de que las necesidades indican derechos, y que “desde el inicio del peronismo hasta el día de hoy es posible reconocer entre los cambios sociales la emergencia de nuevas formas familiares”. Rapetti reclamó la protección del Estado para “familias diversas”, y se sirvió para ello de una cita de Juan Domingo Perón, a quien volvió a recurrir para diferenciar a las jerarquías eclesiásticas de “la religión de los pueblos”. El lugar de las minorías, argumentó, merece no ser necesariamente un entorno de sufrimiento. Por eso “pedimos que reflexionen qué posición tomaría hoy la compañera Evita en este debate”. Es, concluyó, “como dijera Paco Jamandreu (a Eva Perón): ‘sabe, señora, compartimos la misma suerte, ser puto, ser pobre y ser Eva Perón en este país despiadado es la misma cosa’”.
Entre el público, algunos de los expositores agendados en el orden del día se codeaban con nombres conocidos durante las reuniones transcurridas en Diputados: la titular de Derecho de Familia de la UCA Ursula Basset se pasaba papelitos con el laico consagrado (y presentado ayer como responsable de investigaciones jurídicas) al servicio de la Conferencia Episcopal Nicolás Laferriere. Desde el escritorio que hacía las veces de estrado, Negre daba paso al decano de la Facultad de Derecho de la UA Juan Cianciardo, durante cuya exposición tomaría notas con frecuencia. Participar de la reunión, arrancó Cianciardo, constituía un “desafío retórico importante”, como parte de un debate que sólo podría darse en el ámbito parlamentario “y no entre las cuatro paredes del despacho de un juez”. Tras disquisiciones sobre la discriminación en tanto distinción y no en sentido negativo, Cianciardo sostuvo que el matrimonio exige “complementariedad hombre mujer”, “apertura a la procreación” y el brindar “afectividad a los hijos”. “El desafío” en el debate actual (que “no es jurídico sino moral”) es “aprender a amar”, porque “lo único que puede devolvernos el paraíso perdido es el sacrificio”. (A pocos metros de Página/12, el coro de señoras con lapiceras y anotadores, que puntuaba los puntos álgidos de las intervenciones con exclamaciones, cayó rendido: “Es un romántico”.) Similares, aunque con más énfasis en detalles técnicos, la “confusión de laicismo con laicidad” y la necesidad de preservar el orden público, fueron las intervenciones del decano de Derecho de la UCA Gabriel Limodio (quien contó con el auxilio de Laferriere) y el decano de Derecho de la Ucalp, Hernán Mathieu (con quien colaboró Jorge Perrino).
Mientras que Martín Bohmer reivindicó la necesidad de que el derecho recupere su dimensión política y escuche los debates originados por la sociedad civil, la decana de Derecho de la UBA Mónica Pinto precisó que “las preferencias sexuales no pueden ser obstáculos” para la “igualdad a tener derechos”, y que en ese mismo sentido obligan al Estado argentino los tratados y pactos internacionales con rango constitucional. Sumó, en su auxilio, informes sobre la realidad de discriminaciones por género en Argentina. Negar la existencia y los derechos de parejas no heterosexuales obedece a “códigos binarios basados supuestamente en la inapelabilidad biológica”, lo que lleva a instituir “desigualdades” que tienen por objetivo “controlar las vidas” ajenas.
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