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Cuando en diciembre de 2007 asumieron como ministros de Seguridad y de Justicia bonaerenses, Carlos Stornelli y Ricardo Casal, tenían en su horizonte apuntar a lo que su gobernador, Daniel Scioli, había manifestado públicamente en esos días: la percepción de la población bonaerense de que “la seguridad es su problema más grave” y la convicción de que “restablecer la seguridad es posible”. La primera medida del hoy renunciado Stornelli fue devolver a la Bonaerense el poder de decisión por encima del poder civil. La del hoy ministro de Seguridad y Justicia, Casal, fue dificultar las excarcelaciones y, entre ambos, lanzar una campaña mediática contra la minoridad. Con esas medidas, y las políticas que las sustentaron, tanto Stornelli como Casal lograron mantener la seguridad como el problema más grave para los bonaerenses y patearon para adelante aquella convicción de restablecer la seguridad. Un amplísimo arco político y sectorial recogió el guante y presentará hoy, en La Plata, un documento, el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD) bonaerense, con el antecedente del que en diciembre de 2009 se presentó en el Congreso a escala nacional.
Los firmantes, legisladores, referentes sociales, expertos y representantes del oficialismo y la oposición señalaron “con gran preocupación los retrocesos en materia de seguridad pública que representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales”.
La fuerza del ASD reside no sólo en sus conceptos y propuestas sobre seguridad democrática, sino también en el amplísimo arco de firmantes que indica a las claras la necesidad de modificar políticas, dejar de lado la demagogia de la mano dura, y profesionalizar la policía avanzando con el control civil sobre esa institución.
Para alcanzar el ASD se realizó un pormenorizado análisis de las regresiones en seguridad de los últimos años. Como ejemplo, apenas asumió, Stornelli devolvió la jefatura a los uniformados, el poder de decisión, estratégico y de gestión, sobre un ejército de 55 mil hombres y 900 millones de dólares de presupuesto. Vació de civiles la Auditoría de Asuntos Internos, órgano de control sobre la policía, designando uniformados para controlar a sus colegas y devolvió al jefe policial la última potestad para sancionar.
Durante casi dos años, desde octubre de 2008, el Ministerio de Seguridad provincial se embarcó en una rueda de apelaciones en defensa del poder policial para detener menores en comisarías con el argumento de averiguar sus antecedentes o para devolverlos a sus padres. Recién a principios de este mes un fallo que llegó desde la Suprema Corte cerró la puerta a esa regresión.
El proyecto de Código Contravencional que pergeñó Stornelli y que provocó una reacción masiva a fines de 2009 proponía castigar a piqueteros, prostitutas, travestis, mendigos, cuidacoches, limpiavidrios, la retrógrada figura de la vagancia y la ebriedad, y lógicamente, los escraches a funcionarios. Durante el mismo período, el entonces ministro de Justicia y actual de Seguridad y Justicia Ricardo Casal promovió y obtuvo la modificación del Código Procesal Penal bonaerense, cuestionado por organismos de derechos humanos y tribunales internacionales.
“La seguridad no puede plantearse en términos amigo-enemigo –sostuvo Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria–, incluyendo entre éstos a los pobres y marginados. Este sistema garantiza impunidad al más poderoso y a las redes delictivas estructurales. El Acuerdo de Seguridad Democrática debe garantizar menor convivencia con inclusión social, prevención, y con certera eficacia legal hacia el delito que la quebranta.”
Hoy, el ASD se presentará en el pasaje Dardo Rocha, en La Plata, durante una jornada de debates que se desarrollarán en tres mesas simultáneas a partir de las 14, en las que participarán Gastón Chillier, Marcelo Saín, Alberto Binder, Hugo Cañón, Carlos Arslanian, Alejandro Mosquera, Martín Sabbatella, Martha Arriola, Diana Conti, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Margarita Stolbizer, Felipe Solá, y asociaciones como la APDH, la CTA, el Serpaj, la Miguel Bru, y otros. A las 16.30 se realizará una conferencia de prensa en la que Horacio Verbitsky, titular del CELS, Hugo Cañón, Laura Conte y Carlos Arslanian presentarán el documento y harán un análisis crítico sobre lo actuado en el área de seguridad en los últimos años.
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