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El juez de instrucción de Bariloche, Martín Lozada, ordenó el secuestro de los libros internos de ocho dependencias policiales rionegrinas, para determinar los nombres de un centenar de uniformados, incluidos sus jefes. Lozada, que fue apartado del caso Bonnefoi, investiga la participación policial en las muertes de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, durante la represión del 17 de junio pasado. También secuestró proyectiles de postas de plomo y comenzó a analizar fotografías y videos sobre la represión. El miércoles se realizará una inspección ocular en los lugares donde cayeron los cuerpos de Carrasco y Cárdenas, de acuerdo con testimonios de vecinos que dicen haber visto el momento en el que las víctimas recibían los disparos. Entre miércoles y jueves, las familias de las dos víctimas fueron recibidas como querellantes por Lozada, junto a la de Bonnefoi, y según aseguraron, serán recibidas por la Cámara de Diputados de la Nación y por la presidenta Cristina Fernández.
Dos semanas después de que Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueran alcanzados por perdigones de plomo durante la represión en los barrios del Alto y fallecieran tras ser internados en el hospital local, Lozada hizo lugar a una acción penal solicitada por el fiscal Marcos Burgos –encargado de la causa hasta la semana pasada– que permitirá investigar si el personal de la Policía de Río Negro tiene vinculación con las dos muertes y de ser así analizar las responsabilidades en la cadena de mando, o sea, si se ordenó o no disparar con posta de plomo.
Con la medida ordenada por Lozada se secuestraron los libros de parte diario y de provisión de armamentos de la comisaría 28, del grupo Bora y de otras seis dependencias policiales. En esos libros debería poder constatarse quiénes de los uniformados fueron asignados al operativo del 17 de junio, su jerarquía y las armas que portaban. Esa información permitirá avanzar en la investigación sobre si las perdigonadas que impactaron en los jóvenes fueron disparadas por armas de la policía, a qué grupo en particular y a las órdenes de quién estaba.
También se comenzaron a analizar las fotografías aportadas por los reporteros que estuvieron presentes en la represión y los videos de los medios audiovisuales. Esa información será complementada con los testimonios recogidos por el fiscal Burgos de las personas que declararon ver el momento en que Cárdenas y Carrasco fueron derivados por las balas. El miércoles habrá una inspección ocular en los lugares donde cayeron los jóvenes, de la que participarán algunos testigos y los abogados querellantes.
“Queremos participar de todas las medidas que se realicen en la causa, para poder alcanzar a responsabilizar no sólo a quien accionó el gatillo sino también a quien se lo ordenó”, aseguró Rubén Marigo, abogado de la mujer de Cárdenas e integrante de la APDH de Bariloche. La familia Carrasco, que el viernes último denunció la profanación de la tumba del adolescente asesinado, también fue notificada hoy de que será parte de la querella. En los próximos días, los querellantes sumarán nuevas pruebas y pedirán que se cite a declarar a más testigos directos.
Informe: Nahuel Lag.
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