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Sociedad|Jueves, 15 de julio de 2010
LA TITULAR DE AMMAR DIFERENCIA A LAS VICTIMAS DE TRATA DE LAS QUE “EJERCEMOS EL TRABAJO SEXUAL”

“Si es mi cuerpo, ¿cuál es el problema?”

Elena Reynaga, del Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales, recibirá un premio de la ONU por su trabajo en prevención del sida. Exige ser escuchada en los debates sobre prostitución y advierte sobre los “allanamientos mediáticos”.

Por Pedro Lipcovich
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“Si es mi manera de ganarme la vida y si, a veces, la paso bien, ¿cuál es el problema?”, preguntó Elena Reynaga.

“Si es mi cuerpo y mi decisión, si es mi manera de ganarme la vida y si, a veces, la paso bien, ¿cuál es el problema?”, preguntó la titular del Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales de la Argentina (Ammar), a punto de viajar a Viena para recibir el premio que la ONU otorgó a la entidad por sus logros en la prevención del VIH/sida. Ammar exige ser escuchada en los debates sobre la prostitución: “Académicos y académicas disertan sobre nosotras sin conocernos ni darnos la palabra: eso también es violencia”. Pide proteger a las víctimas de trata, a las que “tras rescatarlas las reenvían a sus lugares de origen, donde vuelven a caer en las mismas redes”, distinguiéndolas de “las mujeres que ejercemos el trabajo sexual sin que nadie nos obligue”. Y advierte sobre “los allanamientos puramente mediáticos, donde las compañeras son victimizadas y los dueños del prostíbulo nunca van presos”. Ammar persiste en exigir la derogación de los edictos que, en todas las provincias menos tres, permiten a la policía mantener presas a las personas sin orden judicial.

“Las mujeres que integramos Ammar elegimos reconocernos como trabajadoras sexuales y, como tales, parte de la clase trabajadora: no somos tratadas, ni obligadas, ni secuestradas, y no nos sentimos más ni menos víctimas que cualquier otro trabajador a quien no se le respetan sus derechos laborales”, sostiene un documento del sindicato –adherido a la CTA–, con relación a un debate sobre si la prostitución puede ser considerada un trabajo, que tuvo lugar en el reciente Encuentro Internacional sobre Violencia de Género (ver Página/12 del 4 de julio).

El documento denuncia “la violencia de los discursos de académicos y académicas que, muy lejos de conocer nuestras realidades, disertan desconociendo toda voz construida desde las trabajadoras sexuales”. “Se arman congresos donde debaten acerca de nosotras, pero sin nosotras –deploró Reynaga, quien también es secretaria de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe–. Algunas feministas abolicionistas buscan erradicar la prostitución, se apuran a penalizar, y a nosotras nadie nos pregunta. Deberían reconocer que existe un movimiento nacional, regional y mundial de trabajadoras sexuales, que luchamos por el reconocimiento. Somos muchísimas. ¿Por qué no nos invitan a debatir? No hacerlo también es violencia hacia nosotras.”

Reynaga –delegada latinoamericana ante el Consejo sobre Políticas y Trabajo Sexual de la ONU en Ginebra– pidió diferenciar entre los procedimientos contra la trata de mujeres a partir de investigaciones confiables y “los allanamientos puramente mediáticos, donde la policía pone a las compañeras contra la pared, les hacen revisaciones ginecológicas de mala manera, las victimizan totalmente, mientras el dueño del prostíbulo nunca es detenido, porque alguien le avisó”. Advirtió que “como desde los países centrales está llegando mucho dinero con relación a este tema, aparece alguna ‘cooperativa’ dedicada a denuncias mediáticas que no resuelven el problema de fondo, sustentado en la corrupción, no sólo de policías sino de jueces y fiscales”. Además, “a las compañeras que realmente son víctimas de trata se las manda a sus provincias o países de origen, donde vuelven a caer en las mismas redes, en lugar de contenerlas, ofrecerles alternativas laborales y darles atención psicológica”.

Ammar exige la derogación de los códigos contravencionales que otorgan a la policía la facultad de “detener a las personas por 30 días sin dar cuenta a nadie. Rigen en todas las provincias argentinas menos la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y, desde hace poco, Santa Fe. ¿Quién atiende a los hijos de estas compañeras, cuando pasan 30 días detenidas por hacer algo que ninguna ley prohíbe?”, pregunta Reynaga, y denuncia que “si tres o cuatro chicas alquilan por su cuenta un departamento para trabajar, enseguida va a caer la policía para decirles que, si no pagan, tendrán problemas”.

Según el documento emitido por Ammar, “la resistencia de muchos a considerarnos y respetarnos es que usamos como herramienta de trabajo nuestros genitales y eso, para quien considera la sexualidad como algo sagrado, es un pecado o una inmoralidad”. “¿Cuál es el problema de que usemos esa parte del cuerpo para trabajar? –pregunta Reynaga– ¿Por qué otras partes sí pero ésa no? Cuando se pide la despenalización del aborto, con la que estamos totalmente de acuerdo, se argumenta que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cuál es el problema si es mi cuerpo, mi decisión y mi manera de ganarme la vida y si, de vez en cuando, la paso bien?”

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