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La topadora del gobierno porteño no se anda con sutilezas. Si los palos de la UCEP y los desalojos compulsivos se discontinuaron, ahora su política consiste en denunciar a los pobres más pobres. Padres de ocho familias en situación de calle fueron acusados ante la Justicia de exponer a sus hijos menores al frío polar y negarse a que los socorrieran. Se les imputó el abandono de persona. Por esta conducta, Mauricio Macri, su ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y algunos funcionarios de menor rango también terminaron denunciados. Los diputados nacionales Liliana Parada y Claudio Lozano, de Proyecto Sur, los responsabilizan de dos delitos de acción pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Es difícil encontrar casos en los cuales de manera tan manifiesta se haya recurrido a la criminalización de personas en un alto nivel de vulnerabilidad violando la normativa y procedimientos vigentes para ocultar el incumplimiento de sus funciones”, dice el escrito que fue presentado el viernes ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 2 a cargo de Diana Ester Delest.
Todo se inició cuando el 19 de julio pasado, de madrugada, el abogado Daniel Enrique Magán, en representación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, denunció en una comisaría a los padres de dos menores que viven con ambos en la calle, debajo de la Autopista 25 de Mayo. Media hora después, lo imitaba el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo. Acusaba a la misma pareja integrada por un cartonero y una mujer indocumentada, de 51 y 40 años, respectivamente, instando a la acción penal contra ellos. Sus hijos tienen 10 años y 10 meses. La fiscal que intervino, Claudia Barcia, no dio curso a la denuncia porque el hecho no constituía delito ya que, “las personas sindicadas como autoras se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad”.
Parada y Lozano, basándose en un informe del asesor tutelar de menores Gustavo Moreno, sostienen en su denuncia que “surge asimismo que el día 13 de julio el subsecretario Acevedo y el director general de Asistencia Inmediata, Pablo Gabriel Díaz, denunciaron a otros padres con sus hijos menores de edad en situación de calle, quienes rechazaron recursos habitacionales”. Moreno también afirma que esas presentaciones se transformaron en “una conducta sistemática del Poder Ejecutivo local”. Según él, los funcionarios porteños pretenden “dejar a salvo sus responsabilidades personales, a la luz de la ineficiencia de los órganos del Poder Ejecutivo que representan, luego del fallecimiento de un bebé de 25 días en situación de calle a principios de julio”.
Moreno alude al caso de Luis, una criatura que murió de una neumopatía debajo de la Autopista 25 de Mayo, sobre la calle Pichincha, en la madrugada del 4 de julio. Su mamá, Paola Fernández, le contó a Página/12 lo que había sucedido en la edición del 7 de julio: “Enseguida lo llevé al Hospital Garrahan, porque era el lugar más cercano que tenía. Los médicos lo tuvieron 20 minutos para reanimarlo, pero ya había fallecido”. La familia, encabezada por Marcos Navarro Almeida, el padre del bebé, tiene otros cinco chicos y vive por ahora en un hotel de Constitución. Padres como Marcos y Paola son los que denuncia el gobierno macrista por abandono de persona.
“Habilitar este canal de persecución por parte de un funcionario que debe velar por el fortalecimiento familiar y por el Consejo de Derechos, cuando el resultado de su denuncia puede implicar que los padres resulten condenados y privados de su libertad, implica el mayor de los absurdos”, afirman los diputados en su denuncia.
Parada y Lozano le atribuyen responsabilidad penal a Macri porque dicen que “todo esto no puede ser decisión de funcionarios de segundo rango de dos diferentes áreas sin haber una clara decisión del jefe de Gobierno y de la ministra (por Vidal), por más que frente a los trascendidos y/o negativa del fiscal, asesor tutelar, etc., decidieran desistir, el delito que denunciamos ya fue consumado con la radicación de sus denuncias”.
Para los legisladores nacionales, la medida del jefe de Gobierno se enmarca en “la política de persecución de los más vulnerables que comenzó por la represión mediante la UCEP y ahora termina con la criminalización mediante estas denuncias penales...”. Además de llevar ante la Justicia a Macri, Vidal y Acevedo, también lo hicieron con los integrantes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuestionan que el denominado operativo frío –con el propósito de sacar a los sin techo de la calle– y, por el cual se ofrecen comidas, frazadas y paradores “es un paliativo coyuntural y analgésico que desembarca en circunstancias de abandono demasiado profundas y arraigadas”.
Los paradores, argumentan, “son espacios en los que es difícil obtener una cama, donde muchas veces se hacen largas colas para entrar y donde es común en invierno que no haya plazas disponibles y que, salvo uno de ellos donde no es fácil el ingreso, las familias son separadas porque no son mixtos. Además, para ingresar deben abandonar el lugar que obtuvieron en la calle y las pertenencias, con el riesgo de perderlo todo”.
La denuncia también menciona cómo el gobierno porteño “ayudó considerablemente a aumentar la situación de calle mediante una enorme cantidad de desalojos administrativos” en los que “cientos de niños fueron arrojados con sus padres a la calle de un día para el otro, pese a estar escolarizados, sin protección alguna del Estado”. Organizaciones que marcharon el 13 de julio para protestar contra esta política social con un frazadazo, estiman que la población en situación de calle asciende a unas 15 mil personas. Para el ejecutivo de la ciudad, apenas llega a un 10 por ciento de esa cantidad. Al poco tiempo de que Macri asumiera la jefatura de Gobierno, se estimaba que había 800 niños viviendo en plazas y parques. Dos de ellos, Ludmila y Luis, murieron por causas evitables. Sus padres y otros padres con hijos en situación de calle son denunciados penalmente. El darwinismo social del gobierno porteño les permite a sus funcionarios organizar la ciudad con prescindencia de los más débiles.
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