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Un nuevo pedido de captura, que se suma al presentado el jueves por los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez –sobre el que Página/12 informó ayer en exclusiva–, fue recibido por los miembros del Tribunal Oral 1 de Morón, para que sus integrantes dispongan “la inmediata detención de Julio César Grassi”. La nueva presentación fue hecha ayer por Sergio Daniel Piris, el abogado que representa al chico conocido como “Gabriel”. Por la denuncia realizada por el joven, Grassi fue condenado a quince años de prisión por los delitos de “abuso sexual agravado, en concurso real con corrupción de menores”, sanción que fue dictada, en primera instancia, por el Tribunal Oral 1, en junio de 2009, y que fue ratificada esta semana por la Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense.
En ninguno de los casos, ni el tribunal ni la Cámara dispusieron la inmediata detención del sacerdote condenado por abuso sexual de un chico que estaba bajo su guarda, a pesar de los reclamos formulados, desde junio de 2009, tanto por la fiscalía como por los querellantes.
Piris, en nombre de “Gabriel”, expresa en su escrito que el motivo del pedido es que tanto el Tribunal 1 como Casación han considerado “inatendible” el pedido de detención inmediata. Ahora, tras la ratificación de la pena en segunda instancia, “entendemos que es este Tribunal Criminal Nº 1 el que debe decidir acerca de la detención del imputado”. Piris consideró que la resolución de los jueces de Casación “modifica radicalmente las circunstancias de la medida alternativa de la prisión preventiva, en el sentido de que aumentan los riesgos del peligro de fuga en virtud de la magnitud de la condena, que ha sido confirmada”.
El abogado insistió en que “si bien la sentencia condenatoria de Grassi no se encuentra firme” está sí “confirmada por Casación”. En esta circunstancia “la magnitud de la pena en expectativa –15 años de prisión– evidencia la existencia de peligro de fuga”, de acuerdo con lo que marca el artículo 148, inciso uno, del Código de Procedimiento en lo Penal de la provincia de Buenos Aires. Este artículo señala como posibles motivos de intentos de fuga el monto de la pena, la actitud que ha tenido el imputado respecto de sus víctimas y “su voluntad o no de someterse a la persecución penal”. Grassi, aún hoy, sigue afirmando que es víctima de una persecución por parte de un sector de la prensa y de la Justicia.
Siempre transitando sobre la posibilidad de un intento de fuga, Piris resaltó que en el caso de Grassi “hay que sumarle el poder económico del imputado y además sus antecedentes, ya que como ha quedado acreditado durante el debate (...) eludió a la Justicia huyendo de la fundación y también del Canal 9, cuando iba a ser detenido” en octubre de 2002. “No cabe la menor duda de que Julio César Grassi no se va a presentar por propia voluntad a cumplir una condena.”
Según el representante de “Gabriel”, esta posibilidad “se desprende fácilmente de verlo en cuanto programa de televisión le facilite una cámara para poner en duda la solvencia técnica y moral de los jueces que lo condenaron”. Piris subrayó que Grassi “ha manifestado públicamente que no cabe en su cabeza la posibilidad de ir detenido”.
Piris destacó que, en este caso, además de las garantías que les dan al procesado el artículo 18 de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica, “también deben tenerse en cuenta los intereses de la comunidad, ya que tanto el imputado como la sociedad quedan alcanzados por la protección de la citada norma suprema”.
Por último, consignó que “la situación de libertad de que viene gozando Grassi, a partir de la confirmación de la sala II del Tribunal de Casación Penal, provoca una sensación de inseguridad jurídica en el seno de la sociedad, sensibilizada por hechos delictivos cometidos por personajes que al momento de cometerlos debieron estar detenidos y viola además el principio de igualdad ante la ley, de raigambre constitucional contemplado en el artículo 16, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley”.
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