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Viana y la papelera, que considera “una de las cinco más contaminantes”. En coincidencia con una nueva marcha que realizará hoy en Gualeguachú la Asamblea Ciudadana Ambiental de esa ciudad entrerriana, se conoció el texto de la presentación que hizo ante la Justicia uruguaya el fiscal civil No3 de Montevideo, Enrique Viana. Inesperadamente, el fiscal uruguayo solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes por las cuales se autorizó la habilitación para que iniciara su producción la pastera Botnia. El fiscal consideró que la planta en funcionamiento es “una de las cinco más contaminantes del planeta”.
El planteo judicial se presentó poco antes de la nueva marcha que se hará hoy a la ruta internacional 136, bajo la denominación de “caravana por la vida y la dignidad”. El fiscal Viana sostuvo en su escrito que “la Administración Pública (uruguaya) defraudó el deber de protección ambiental” con la habilitación de la pastera y elevó a la Corte de su país sus cuestionamientos a las normas que lo permitieron.
La caravana de los asambleístas –que se abstuvieron de informar si habrá o no corte de ruta– comenzará hoy a las 15.30. Los antecedentes más cercanos señalan que en los tres domingos anteriores hicieron un bloqueo por espacio de dos horas. La Asamblea ya resolvió que el miércoles 6 de octubre realizará una reunión ampliada para anunciar los pasos a seguir en el futuro inmediato y que no descartarían nuevos cortes a la ruta que une –y ahora con Botnia separa– a los dos países.
Desde hace unos días, los asambleístas vienen criticando al gobierno de Cristina Kirchner, debido a la llegada de nuevas citaciones del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Las citaciones están dirigidas a personas que participaron en los cortes de ruta. La Justicia Federal mantiene tres causas por el largo corte en Arroyo Verde, por los nuevos bloqueos y por una caravana vehicular realizada en mayo pasado.
En este marco, el fiscal uruguayo Viana cuestionó como “antijurídica la conducta de la Administración Pública demandada (de su país), en relación con la multinacional Botnia-UPM, por cuanto ha obrado promoviendo la instalación y el funcionamiento de su emprendimiento celulósico, asumiendo una postura de socio, y defraudando así su deber fundamental en la protección ambiental”.
El fiscal señaló al Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente de Uruguay como posible “responsable por la omisión en el cumplimiento de su deber fundamental de protección del medio ambiente”. Lo que pide Viana es que se dejen sin efecto las normas que se aplicaron en este caso y que se prohíban “la instalación y la operativa de la fábrica de celulosa de Botnia, actualmente conocida también bajo la denominación UPM”.
La empresa fue considerada por el fiscal como “una de las cinco más contaminantes del planeta” y por esas razones interpretó que el Estado uruguayo ha “confundido sus roles” en la vinculación que tiene con la empresa, lo que lo llevó a “co-gestionarla, a facilitar y a promocionar su instalación”, cuando su deber consiste en “evaluar y controlar ambientalmente a una industria”.
Viana aseguró que las leyes que se aplicaron en el caso “implican otorgarle a un poder privado extranjero la facultad de elegir el juez y el derecho para resolver un conflicto verificado en el territorio nacional”, dado que pueden acudir a un tribunal externo. Explicó que cualquier decisión estatal o judicial que “a juicio de Botnia-UPM implique una medida directa o indirecta de expropiación o nacionalización” de la planta, habilita a los empresarios extranjeros recurrir a mecanismos privados de arbitraje, evadiendo la jurisdicción y el derecho uruguayos.
En ese sentido, el fiscal recordó que la Constitución uruguaya “no permite aceptar otros tribunales que no sean los nacionales para juzgar la juricidad de los actos del Estado en el orden interno, ni aceptar otras leyes que no sean las del país para regular las relaciones o situaciones jurídicas que se operen o concreten en su territorio”.
Hacia el final del escrito cita una frase textual del héroe nacional José Artigas: “Ciudadanos: hacernos respetables es la garantía indestructible de vuestros afanes para conservar la libertad. Sean los pueblos libres, decidan de su suerte y cualquiera que sea su resolución, nadie se atreverá de nuevo a violar”.
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