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El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que hoy concurre a la Legislatura para defender su proyecto de presupuesto para 2011, no sólo deberá afrontar las preguntas de los diputados sino, además, atender los cuestionamientos y propuestas de grupos de padres de niños y adolescentes que estudian en la escuela pública. Los colectivos, organizados a partir del conflicto docente de 2009 y de las recientes tomas de escuelas medias, presentaron un petitorio en la Comisión de Educación de la Legislatura en el que reclaman “el aumento del presupuesto destinado a la escuela pública”, la “restitución de los subsidios a las cooperadoras escolares para mantenimiento edilicio”, sanciones para los funcionarios que subejecuten el presupuesto educativo y “mecanismos de transparencia” para que la comunidad educativa pueda hacer un seguimiento de los avances de las obras previstas.
“La mayor virtud del gobierno de Macri en materia educativa es que logró unirnos a los padres con los docentes y los estudiantes en defensa de la escuela pública”, dice Verónica Filippo, madre de una estudiante del colegio Julio Cortázar, y define de esa manera el espíritu de Familias por la Escuela Pública, un colectivo de padres que se organizó en forma paralela al reclamo estudiantil de agosto y septiembre últimos.
Ese grupo, junto a Madres y Padres por la Escuela Pública, formularon una serie de objeciones y cuestionamientos al plan de obras que el ministerio anunció en respuesta al reclamo estudiantil. “La inversión requerida por este plan para 2010 y 2011 es de 760 millones de pesos. Pero el presupuesto para obras del año que viene es de 455 millones y sólo se llegaría a cumplir si este año se ejecutan los 341 millones asignados a obras, lo que parece improbable ya que al tercer trimestre se había ejecutado sólo el 10 por ciento (tal como informó este diario hace una semana)”, sostiene Ernesto Golomb, cooperador escolar e integrante de Familias por la Escuela Pública.
El petitorio que presentaron las organizaciones a los legisladores incluye un pedido de restitución de los subsidios para mantenimiento edilicio a las cooperadoras a los valores de 2006 y 2007. “Esos subsidios se recortaron en un 40 por ciento y por lo general se depositan con demora de cuatro o cinco meses, por lo cual no se pueden hacer los trabajos de mantenimiento edilicio”, explica Golomb.
Si bien el presupuesto educativo para 2011 crece en forma nominal de 5375 millones a 6746, un 25 por ciento, “los subsidios para las cooperadoras (para mantenimiento edilicio, equipamiento y material didáctico) se mantienen igual que el año pasado, en 23,7 millones de pesos”, cuestiona Golomb.
El petitorio cuenta con la adhesión de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que acaba de presentar un informe en el que advierte sobre la falta de transparencia en la distribución de subsidios a las escuelas privadas por parte del Estado porteño. “En los últimos cuatro años aumentó en más del 60 por ciento el dinero destinado a escuelas de gestión privada”, dice el informe en sus conclusiones y agrega que en ese lapso también se incrementó “la participación del presupuesto de educación de gestión privada sobre el total del Ministerio de Educación, lo que implica una correlativa reducción de la participación del presupuesto destinado a escuelas de gestión estatal”.
Para Guillermo Fenoglio, padre de alumnos del Normal 4, de Caballito, y de la escuela de música Juan Pedro Esnaola, la subejecución del presupuesto y el crecimiento de los subsidios al sector privado “son expresiones de una política que apunta a vaciar al sector público”. Fenoglio integra el colectivo Madres y Padres por la Escuela Pública, que se conformó en marzo de 2009 en coincidencia con las huelgas de los docentes porteños.
En base a estas conclusiones, las organizaciones reclaman a los legisladores “un programa trianual de reducción del financiamiento a la educación privada” y un “aumento del presupuesto destinado a la escuela pública que alcance como mínimo el 38 por ciento del presupuesto total de la ciudad”. En el proyecto para 2011 presentado por el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, se destina a Educación el 26 por ciento del total.
El petitorio también incluye un pedido para que se prohíba la reasignación de recursos de educación a otras áreas de gobierno y sanciones para los funcionarios que ejecuten menos del presupuesto destinado al área.
Del análisis de los números del plan de obras de infraestructura, los padres hicieron algunas observaciones de las cuales se desprende que podría haber datos “dibujados”:
Hay decenas de intervenciones por montos de 60.000 pesos en el rubro ascensores, incluso en escuelas que no tienen plantas superiores.
En una escuela de Salguero al 900 se propone construir un gimnasio con 350 pesos y en otra de Caracas al 1200, una instalación eléctrica completa con 200 pesos.
Una escuela del Distrito Escolar 14 tiene previsto un trabajo de impermeabilización de la terraza que en realidad ya fue hecho por la cooperadora el año pasado.
Las organizaciones también quieren saber por qué no se ejecutaron los 2 millones de pesos destinados a implementar la Ley de Educación Sexual Integral.
“Queremos que se haga todo lo necesario para que en 2011 la escuela pública recupere lo que perdió y ocupe el lugar que le corresponde”, concluye Golomb. Es una forma, dice, de evitar que las eventuales soluciones lleguen después de días de paro o de tomas de escuelas.
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